Colombia atraviesa por uno de los períodos más caóticos de su historia como resultado de la quiebra económica, a la cual se le ha unido, en su momento, el escándalo originado por las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. La confusión ha producido a su vez un gran remezón en todo el ámbito social y político. Y a esta crisis no escapa el Moir. Sin embargo, vale la pena, antes que todo, reafirmar que los males que sufre nuestra patria, la ruina de las actividades agropecuarias e industriales, el agravamiento de la miseria del pueblo, tienen una causa común, la expoliación del imperialismo norteamericano. Ese despojo se efectúa por medio de la apertura, el instrumento que viene utilizando Estados Unidos para recolonizar económicamente al Tercer Mundo, así como para convertir todo el continente, desde Anchorage hasta la Tierra del Fuego, en un solo mercado para sus monopolios. Por eso, para el proletariado, que tiene que salir a las calles a defender no sólo sus derechos sino también el patrimonio nacional; para el campesinado que lucha por subsistir; para los empresarios nacionales de la ciudad y del campo que realizan ingentes esfuerzos para no liquidar sus negocios y, en fin, para la inmensa mayoría de los colombianos agobiados por los impuestos, el alto costo de la vida y las escandalosas alzas de las tarifas de los servicios públicos, el avasallamiento gringo no ofrece duda alguna.
El panorama social y económico nos
muestra un país al borde del abismo. Los efectos de cinco años
de apertura se hacen sentir con toda su devastadora fuerza. El programa gubernamental
de Samper se impone bajo el demagógico plan del Salto Social, que no
es otra cosa que la patraña inventada por el Fondo Monetario Internacional
para postrar a la clase obrera a favor de los conglomerados extranjeros. Mientras
el desempleo alcanza niveles dramáticos, a los trabajadores se les
aplican las regresivas normas laborales contempladas en la ley 50 de 1990
y en el Código Disciplinario Unico o ley 200 de 1995. Las privatizaciones
de la salud y de la seguridad social se aceleran bajo la ley 100 de 1993,
y el gobierno desatiende sus obligaciones en ese campo haciendo recaer su
pago sobre los hombros de los asalariados. El crecimiento industrial se volvió
negativo. Las importaciones y el contrabando siguen creciendo de manera incontenible,
y el número de empresas liquidadas o en concordato, en los últimos
tres años, supera ampliamente las cifras dadas durante la crisis de
principios de los ochentas. En el sector agropecuario los resultados no son
mejores. En la actualidad se importan alrededor de cuatro millones de toneladas
anuales de alimentos contra menos de un millón que llegaban antes de
1991; el área sembrada se redujo en más de 600.000 hectáreas;
salieron del mercado 700.000 productores y 350.000 familias caficultoras se
encuentran abocadas a la miseria; se acabaron los créditos de fomento,
y se desmantelan las instituciones de apoyo como el ICA, el Idema y la Caja
Agraria. Y si alguien del sector agropecuario aún esperaba algo de
la embustería de la apertura gradual, oigamos a la ministra
de Agricultura, cuando en agosto, con motivo de la aprobación para
importar carne de Argentina, decía: “es hora de que los gremios,
los productores y los analistas entiendan que la apertura en el campo es un
hecho, es irreversible, y antes que limitarla la vamos a profundizar”.
(El Tiempo, agosto 4 de 1996). Por eso, si bien mucho industriales y agricultores
creyeron inicialmente en los ofrecimientos de crédito abundante para
llevar a cabo la reconversión de sus fábricas, en la modernización
del Estado y en las promesas de que mejorarían las vías de comunicación
para facilitar las exportaciones, con el paso del tiempo empezaron a comprender
que la apertura consistía en la entrega de nuestro mercado
a la voracidad de los consorcios foráneos. Y para ahondar aún
más estas calamidades, entra en juego el desbarajuste monetario y fiscal,
producto del cuantioso endeudamiento externo que propicia Samper, préstamos
que son utilizados en parte para atender las erogaciones presupuestales que
requiere para conseguir la solidaridad de algunos parlamentarios, gobernadores,
alcaldes y gamonales políticos. Así, pues, al incierto futuro
que se le pronostica a las actividades económicas, se suma la inestabilidad
de un gobierno que, embrollado en sus trapacerías, trata por todos
los medios de mantenerse en el poder. Pero aún aquí no terminan
las angustias de la nación colombiana. Las atroces y repudiables prácticas
del secuestro, la extorsión, las masacres, los atentados, el terrorismo,
inclusive los de carácter oficial, se han enseñoreado por todo
el territorio, perturbando tanto los quehaceres políticos como las
labores productivas.
La absolución dada por la Cámara a Samper, en el mes de junio,
dejó el natural convencimiento de que se consiguió gracias al
uso de los recursos del presupuesto y a la repartición a manos llenas
de cargos públicos, no a su inocencia. En aras de obtener el respaldo
necesario, entró a saco en las arcas estatales y utilizó la
Red de Solidaridad Social para repartir favores, desvió más
de 160.000 millones de pesos del erario por medio de los fondos de cofinanciación
y, como si fuera poco, ahora la Presidencia cuenta con su propia institución
para girar partidas del Tesoro Público. Entre tanto, desde la Casa
de Nariño y con el apoyo de un grupo minoritario de la CUT, respaldado
por ciertas fuerzas que se dicen de izquierda, hábilmente se busca
enfrentar a los sectores populares, dividiendo a los colombianos en dos bandos,
de un lado "los pobres", los defensores de la "apertura con
corazón", y del otro, los "enemigos del Salto Social",
los partidarios del "neoliberalismo" y del "capitalismo salvaje".
Pero estas pretensiones se esfuman día a día ante la categórica
respuesta dada por el pueblo que, con sus pronunciamientos, nos indican a
cada instante otros rumbos. En este sentido se enmarcan las batallas en Facatativá
y otros muchos municipios para oponerse a los confiscatorios cobros de las
empresas de servicios públicos; los llamamientos de la Asociación
Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB, contra el Pacto Social y las privatizaciones;
la huelga de Sintacreditario para impedir que se liquide la Caja Agraria;
las marchas de los campesinos en Caquetá, Meta, Putumayo, en el eje
cafetero, en Huila, Tolima y, en realidad, en casi todo el territorio nacional,
para rechazar la política agrícola que niega cualquier oportunidad
para cultivar; o las continuas protestas de los educadores, de los trabajadores
de la salud, de las telecomunicaciones y demás empresas estatales,
quienes, independientemente de las tendencias prosamperistas de una parte
de los dirigentes sindicales, se ven en la necesidad de adelantar combativas
protestas contra la enajenación de los bienes de la nación y
en defensa de sus conquistas laborales puestas en peligro por las imposiciones
del FMI. Todas las demagógicas consejas originadas en el Palacio de
Nariño sufren, pues, el más rotundo rechazo. Y no puede ser
de otra manera. El desempleo, las asfixiantes tasas impositivas, los servicios
caros y malos cuando se logra tenerlos, no son las mejores razones para que
los 17 millones de personas que viven en la pobreza y los otros 17 millones
que son empujados hacia esa deplorable condición salgan a defender,
precisamente, al agente indiscutido en Colombia de la coyunda oligarquía
e imperio, causa suprema de nuestros males. Esas son las enseñanzas
que nos dejó la celebración del pasado Primero de Mayo. Al1í
vimos que la unidad es uno de los más sentidos deseos de los trabajadores
y que éstos pueden superar las tácticas patronales y gobiernistas
que pretenden ponerlos al servicio de sus enemigos. Asimismo, fieles a su
posición de clase, nos mostraron que no se confunden ante los cantos
de sirena de “nacionalistas” de última hora y que no se
dejarán utilizar para librar batallas ajenas a sus intereses; que cada
día son más conscientes de que su tarea principal consiste en
liderar el Frente que, conformado sobre la base de la alianza obrero campesina,
aglutine a la pequeña burguesía, a la burguesía nacional
e inclusive a los integrantes del clero y de las fuerzas armadas que deslinden
campos con los agentes del neocolonialismo, Frente que ha de librar las batallas
por la soberanía económica y por expulsar al imperialismo y
a la oligarquía liberal conservadora que detenta el poder, única
forma de construir una patria, esa sí soberana, próspera y en
marcha al socialismo.
Ante la bancarrota que se veía venir,
los gremios económicos y múltiples fuerzas sociales arreciaron
sus ataques contra el jefe del Estado. Los partidos tradicionales, por su
parte, se dividieron entre quienes le apostaban a la caída de Samper,
sumándose al bando de la oposición y exigiendo su renuncia,
y entre quienes prefirieron acatar el consejo de que “más vale
pájaro en mano...” y terminaron postrados frente al gobierno
e inclusive sacrificaron sus programas a cambio de ministerios, gerencias
de institutos, embajadas y aún mínimas prebendas burocráticas.
En este enrarecido caldo se afianzaron las oposiciones oportunistas de la
nueva dirección del Moir, que busca ponerse a la cola de la “vieja
clase política”, y que mira con cierta esperanza obtener, en
un futuro no muy lejano, ciertos logros electorales al lado de las huestes
del ministro Serpa.
Además de la acusación de haber recibido miles de millones de
pesos procedentes de las actividades del narcotráfico, lo cierto es
que a la campaña presidencial de Samper ingresaron más de 4.000
millones de pesos de los grupos financieros de Santodomingo, Sarmiento Angulo,
Sanford, Ardila Lulle y Sindicato Antioqueño, consorcios que amasan,
en conjunto, más de las dos terceras partes de los activos empresariales
del país, si se excluye la inversión extranjera. Pero no sólo
contribuyeron a elegirlo, sino que al ofrecerle su apoyo incondicional, ya
con declaraciones públicas o visitas a Palacio, le permitieron capotear
la tormenta en las horas más difíciles de su gobierno. La trayectoria
de Samper, primero en ANIF, y luego durante su carrera política, incluidas
las actividades proselitistas al lado de López Michelsen en la década
del ochenta, sus pronunciamientos en la campaña presidencial de 1990
y la que lo llevó al Palacio de Nariño; su completa y efectiva
labor como ministro del régimen de César Gaviria para sacar
adelante la apertura recetada por la metrópoli, no dejan lugar a dudas
de cuáles intereses representa. Como presidente de la República
comencemos, por ahora, por señalar la presteza para satisfacer las
exigencias del FMI. En el memorando entregado a fines de noviembre de 1995,
el organismo internacional pedía, entre otras cosas, aumentar las tarifas
de energía y teléfonos, reajustar el precio de la gasolina,
reducir los salarios, hacer un drástico ajuste monetario, elevar las
tasas de interés, avanzar en el proceso de privatización y reducir
la burocracia. “Recomendaciones” que oportuna y eficazmente Samper
ha venido ejecutando, especialmente las que se refieren a enajenar la nación,
aumentar las cargas tarifarias e impositivas al pueblo, disminuir los salarios
y acabar con los puestos de trabajo.
Aunque la fidelidad de Samper a Estados Unidos no es de ahora, ésta
se recrudece después del debate en la Cámara. Bastó que
Washington pidiera mayores garantías a la inversión extranjera
para que Samper cediera lo poco que no había entregado Gaviria con
la resolución 51 de 1991 del Conpes. Ahora, no sólo existe libertad
completa para los capitales foráneos sino que aquellos vinculados a
los sectores considerados estratégicos, como los servicios públicos,
la finca raíz y los medios masivos de comunicación, ni siquiera
requieren del permiso previo del Departamento Nacional de Planeación.
De la misma manera el gobierno entra a revisar los contratos petroleros con
el fin de incrementar las ganancias de los pulpos foráneos en detrimento
de los ingresos de Ecopetrol. Inicia la más completa campaña
en el exterior para entregarle a los monopolios las empresas de energía
eléctrica y acelera la venta de los bancos, de las telecomunicaciones,
de las carreteras y de los aeropuertos. Y como la inversión extranjera
se ha más que duplicado en los dos últimos años, no es
de extrañar, entonces, el respaldo que le brindara a fines de agosto,
en carta al mismo Departamento de Estado, un grupo de importantes monopolios
norteamericanos, encabezados por BP American Inc., Chevron Corp., Bethel Group
lnc. y Triton Energy. Mientras el embajador gringo agravia sin cesar a la
nación, se pasea por el territorio patrio inaugurando bases y radares,
otorga préstamos y ayuda militar de toda clase, despotrica a diestra
y siniestra contra los organismos legislativos y judiciales del país,
el presidente y su ministro de Justicia manifiestan que Colombia y Estados
Unidos conforman un matrimonio “enamorado e indisoluble” y que
el país es un “marido fiel de la inversión foránea”.
¿Cuáles podrían ser, pues, las diferencias de Samper
con Washington?
No existiendo contradicciones en el manejo político y económico
ni en la forma de ejecutar los deseos de la metrópoli, sólo
nos queda por mirar las relaciones que se originan en el narcotráfico.
En diciembre de 1993, cuando Samper viajó a Washington, el gobierno
norteamericano le hizo saber que conocía la presencia de dineros de
la mafia en su campaña. En junio de 1994, al visitar nuevamente la
capital del imperio, en la ya tradicional presentación del presidente
electo ante sus patrones, dos altos funcionarios de la Casa Blanca, Chris
Arcos y Michael Skoll, le reiteraron la acusación y, “él
negó que había recibido esos dineros y nosotros le dijimos que
lo había hecho (...) El acuerdo básico fue que si se comportaba
como si no los hubiera recibido (...) podríamos trabajar juntos”.
(El Tiempo, febrero 5 de 1996). Asimismo, según un despacho
de la UPI de junio de 1994, el Secretario de Estado, Warren Christopher; aseveró:
"No podemos evitar que (Samper) se convierta en presidente. Así
que trabajaremos con él y lo observaremos muy de cerca. El sabe que
lo que se haga será determinante en las relaciones”. En
octubre de 1995, en su discurso ante la ONU, el presidente Clinton, al mismo
tiempo que le ofrecía su respaldo al mandatario colombiano, le entregaba
sus peticiones: más años de cárcel para los narcotraficantes
y la confiscación de numerosas empresas de los carteles. Después
de perorar sobre “soberanía” porque del Norte sólo
llegaban “unas moneditas”, el gobierno termina respondiendo favorablemente
a los reclamos de la Casa Blanca: aumenta las penas para los delitos del narcotráfico,
permite la confiscación de bienes, abre las puertas a la extradición
de nacionales y autoriza a la marina norteamericana el abordaje de barcos
colombianos, cuando estos se encuentren en alta mar.
Todo esto, sin embargo, no ha sido óbice,
para que el Comité Ejecutivo del Moir insista en que se fragua una
“conspiración” para tumbar a Samper. En declaraciones al
periódico Voz, a finales de enero, uno de los miembros del
Ejecutivo afirma ligeramente: “(...) y todos coinciden además
en que la salida es que asuma el vicepresidente Humberto de la Calle Lombana.
Lo cual hace evidente que esto es el producto de una operación sumamente
planeada. Quien quiera examinar el conjunto de la situación y atar
cabos es importante subrayar que aquí estuvo muy pocos días
antes de este suceso el jefe de la CIA, John Deutch y que esto tuvo que hacerse
bajo su orientación”. Claro que se cuida muy bien de no
mencionar que durante la visita que realizó el director general de
la CIA se reunió con los ministros colombianos de Defensa y Justicia,
con los directores del DAS y de la Policía y que terminó sentado
a manteles con Samper en Palacio. En el último discurso del secretario
del Moir, pronunciado el primero de agosto pasado, ya se redondea la posición:
“Ponerle un cerco al gobierno en busca del eventual derrocamiento
de Samper; desestabilizar las instituciones estatales; alentar las actividades
reaccionarias y antinacionales de fiscales, policías y políticos
que tienen adicción a su intervencionismo; estigmatizar el país
ante la comunidad internacional, y someter a su chantaje a la nación
entera, es la forma que adopta el actual proceso de recolonización
de Colombia emprendido por el gobierno de los Estados Unidos. Tal aseveración
(...) fundamenta nuestra táctica de supeditar todas las contradicciones
a la existente entre la nación y el imperialismo, la contradicción
mayor”. Tratar a Samper de “sumiso” y a veces “torpe
y mediocre” pero objetivo del “más temible mandoble”;
que el “virrey” Frechette y el personal de la DEA, la CIA, “los
siniestros organismos cuya misión confesa es hoy más que nunca
reprimir, espiar y conspirar”; que “tanta complacencia
(del gobierno samperista) de nada le ha servido, pues el imperialismo, inflexible
ante sus gestos de apaciguamiento, estrecha el cerco a la nación y
sigue en pos de su cabeza”, es transformar, por arte de birlibirloque,
al lacayo de Samper en la “víctima”, es pretender que la
defensa del vendepatria se convierta en la tarea principal del pueblo colombiano
y ¡ay de aquellos que "por pendejos" o "por unos dólares
mas" no lo hicieran!
Desde la salida del primer comunicado público del nuevo secretario
del Moir, en donde se hace un llamamiento para apoyar un frente gaseoso, “sagrado”
y con “la gente de bien”, echando por la borda la orientación
dada por Mosquera en 1993 de impulsar el frente revolucionario con las fuerzas
de izquierda y antiimperialistas, uno de los puntos de discusión con
el Comité Ejecutivo giró alrededor del tratamiento de las alianzas.
Con el cuento de una “conspiración”, cuando no del peligro
de una inminente “invasión” para derrocar al “torpe”
mandatario, la dirección del Moir levantó la bandera de la defensa
de la “soberanía”. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál
soberanía? Con la aparición del imperialismo, a fines del siglo
pasado, Colombia, país atrasado y que no logró realizar su revolución
burguesa, cayó fácilmente bajo la férula de Estados Unidos.
Desde ese entonces, cuanto mandatario se ha sentado en el solio de Bolívar,
unos en forma abierta y descarada, otros con un poco de recato y aun aquellos
que se han atrevido a susurrar en algunas oportunidades contra la injerencia
gringa, todos, sin excepción, han acatado obsecuentemente las determinaciones
emanadas desde la Casa Blanca. Francisco Mosquera, desarrollando la concepción
leninista sobre el imperialismo nos enseñó que el desvalijamiento
moderno que se efectúa por medio del neocolonialismo no requiere de
virreinatos o protectorados para realizar la labor depredadora. Que aunque
eche mano de cuartelazos, invasiones y tomas de territorio, dentro de su inclinación
natural a esgrimir la represión cuando lo considera indispensable,
las inmensas ganancias las obtiene gracias a la exportación de capitales.
En la era actual cuando se presenta la más encarnizada lucha entre
los monopolios, los bloques imperialistas, además de saquear las riquezas
de las regiones atrasadas del planeta y tratar de asegurar los mercados para
sus mercancías, buscan afanosamente alrededor del mundo los países
con salarios más deprimidos para instalar sus maquilas. De esa manera
se hicieron presentes en el oriente asiático donde una alta población
con mesadas de miseria les reportaban jugosas ganancias. Pero aun a su pesar,
el imperialismo trae un cierto desarrollo que, en este caso, se traduce en
un inevitable incremento de sus costos. Ahí radica el afán por
buscar nuevos territorios y, como lo expresa Mosquera, obliga a los países
del Tercer Mundo a entrar al mercado mundial con la única mercancía
con la cual pueden competir por el momento: fuerza de trabajo barata. De ahí
que, en vez de crearle ilusiones al pueblo sobre una hipotética reacción
de Samper contra sus amos, era necesario determinar claramente la esencia
del régimen y, después de realizar un análisis histórico
y concreto sobre los hechos, determinar qué le sirve y qué no
a los intereses de la democracia y del proletariado. Cuando se trata precisamente
de quien tiene en sus manos las riendas del Estado, y mucho más cuando
no existe ni el más leve gesto en favor del pueblo o de la democracia
ni la más leve manifestación contra la agresión imperialista,
el sólo atribuirle un pequeño asomo de auténtico nacionalismo
al primer mandatario, significa traicionar el programa que nos ha orientado,
significa sujetar la acción a las conveniencias electoreras de la hora.
En febrero de 1979, en el editorial de Tribuna Roja No. 33, Mosquera
nos decía: “Por eso los comunistas no nos agregamos a cualquier
tipo de reivindicación nacional; no coreamos las rogativas reaccionarias
para que las masas se contenten con soberanías simuladas, autodeterminaciones
restringidas y no intervenciones de mentiras. Bajo el neocolonialismo la más
vulgar y prostituida expoliación se pavonea de dama recatada y pudorosa.
La dependencia económica sustenta indirecta paro eficazmente la intromisión
política de los magnates de las casas matrices, y sin arrancar de cuajo
aquélla no se suprime ésta”.
Con la desaparición de la URSS, el máximo contrincante de los
Estados Unidos en la arena internacional, queda limpio el camino para la prepotencia
yanqui. Con los más disímiles pretextos interviene en cualquier
lugar del planeta: para “repartir alimentos” o “defender
los derechos humanos” desembarca sus fuerzas armadas en los países
africanos; lleva la guerra al Golfo Pérsico; fomenta la desintegración
de Yugoslavia y contribuye a masacrar al pueblo serbio; respalda a Yeltsin
para que invada a Chechenia; entra a Panamá para apresar a su antiguo
agente a sueldo; para “reinstaurar la democracia” va a Haití;
escudado en la lucha contra el narcotráfico instala bases por todo
el territorio latinoamericano; certifica y descertifica a los demás
gobiernos; construye “escuelas” en apartadas regiones de Colombia
y, en fin, entrena y financia al ejército, la policía, los cuerpos
secretos de seguridad, fiscalías y demás instituciones de investigación
y represión de casi la totalidad de las naciones latinoamericanas.
Esa es su característica intervencionista y antidemocrática.
Las actuaciones de hecho del imperio no son nuevas, se han agudizado recientemente,
como potencia mundial sin contendiente a la vista. No olvidemos, tampoco,
que la corrupción es una herramienta más de los monopolios.
Los sobornos, el chantaje, la intimidación, cuando no la más
feroz violencia, han sido sus armas para extenderse por el mundo, manipular
o derrocar gobiernos y someter pueblos enteros. Asimismo, saben sacar provecho
de la descomposición de las castas oligárquicas. La actual coyuntura
no ha sido la excepción y Washington se mueve para presionar al régimen
títere a fin de obtener el máximo de prebendas. Pero esa hegemonía,
necesariamente será derribada por la acción revolucionaria de
los pueblos que más temprano que tarde se levantarán contra
sus opresores internos y externos.
Luego de la muerte de Mosquera, como la nueva dirección se empeñara
en conducir al Partido a cerrar filas con los samperistas, y en la práctica
llegaron a respaldar al gobierno al supeditar todas las contradicciones a
un ataque confuso y de corte burgués al imperialismo, traicionando
el rumbo trazado por quien fuera el fundador y máximo guía del
MOIR, un grupo cada vez más numeroso de militantes, en los diferentes
organismos intensificó la lucha contra aquella tendencia oportunista.
La respuesta desesperada y arbitraria del Comité Ejecutivo no se hizo
esperar: la expulsión de los siete camaradas miembros de la Junta Directiva
de ACEB y de todos aquellos otros que comparten sus posiciones revolucionarias.
Parafraseando a Mosquera podríamos afirmar que combatir revolucioanariamente
tres largos decenios para terminar remozando la república oligárquica,
es como derribar un árbol para cazar un mirlo.
De ahí que reiteremos nuestra firme decisión de continuar la
tarea revolucionaria que nos enseñara nuestro recordado líder
y maestro Francisco Mosquera, construyendo el partido del proletariado, conservando
el programa y los estatutos que le diera al MOIR, impulsando el frente que
aglutine a más del 90% de la población y combatiendo a los enemigos
principales del pueblo colombiano, el imperialismo y su sostén, la
oligarquía liberal-conservadora, hoy encabezada por Ernesto Samper.
¡POR LA SOBERANIA ECONOMICA: RESISTENCIA CIVIL!
¡ABAJO EL GOBIERNO PROIMPERIALISTA DE SAMPER!
Comité Ejecutivo MOIR - Línea Francisco Mosquera.
Noviembre 10 de 1996.