Ley general, engaño histórico

La apertura es la política del imperialismo para aplicar en nuestros países en estos tiempos, y para ello utiliza a sus tradicionales y emergentes intermediarios y lacayos. Los directos representantes de los amos del norte en Colombia, han sido desde principios del siglo XX los partidos tradicionales: El Liberal y el Conservador, exponentes y forjadores de la alianza burgués-terrateniente, responsables de todas las calamidades que sufren la nación y el pueblo.
El aperturismo impuesto por la panda Gavirista avanza impetuoso, dejando a su paso ruina en todos los sectores productivos y hambre en el pueblo. No queda hoy una sola institución del Estado que no haya sufrido el impacto destructor de la “modernización” o que esté amenazada de desaparecer por causa de ésta. Tal desastre nacional ha sido posible por la obediencia ciega de los gobiernos, especialmente por los de Gaviria, Samper y Pastrana a los dictámenes de Washington. Para ello han contado con la colaboración de otros sectores que manifiestan de palabra defender la soberanía nacional y los intereses de los trabajadores, pero que en sus acciones hacen todo lo contrario, pugnando por acomodarse y contemporizar con el régimen. Pregonan que a la apertura hay que ponerle “corazón para humanizarla” o que hay que cambiar de modelo y pasar del “capitalismo salvaje” al “capitalismo humanista y social”. Desde el gobierno de Gaviria, la salud y la educación, al igual que las distintas actividades productivas, vienen sufriendo las consecuencias nefastas de la aplicación de la apertura y las privatizaciones.
La Asamblea Constituyente de Gaviria, Gómez Hurtado, Serpa y Navarro Wolf, aprobó la Carta de 1991. De este organismo hicieron parte dos expresidentes de Fecode: Abel Rodríguez y Germán Toro. Gracias a su gestión y como encargados de proponer los artículos correspondientes al sector educativo, quedó consagrada la privatización de la educación en Colombia. Si bien el Ceid-Fecode señala: "Es indudable que la Constitución de 1991, le dio un duro golpe a la Educación Pública, no solamente por haber permitido el cobro de derechos académicos en las instituciones del Estado, sino por haber definido la Educación Pública y la Privada como servicio Público". (1) Lo que hizo falta decir es que a tal engendro contribuyeron los mencionados constituyentes. A los maestros, estudiantes y padres de familia no nos queda otro camino sino el señalado por Francisco Mosquera: “No transijamos con ninguna de las disposiciones lesivas al bienestar supremo de Colombia”. (2)
Con la Constitución de 1991, aclamada por el régimen Gavirista y sus amigos, se ponen en movimiento los constitucionalistas y no constitucionalistas desde diversas orillas: reformistas, liberales, conservadores, seudo izquierdistas, guerrilleros amnistiados, sindicalistas y otros autodenominados revolucionarios, para proponer con afán la necesidad e importancia de iniciar el proceso de su reglamentación. En el caso de la educación, los sectores políticos predominantes y mayoritarios en el Comité Ejecutivo de Fecode, encabezados por Jaime Dussán y José Fernando Ocampo, adujeron que antes que el propio Gobierno definiera la propuesta de la Ley de Educación al Congreso, lo debería hacer la organización de los maestros.
En febrero de 1993 Tribuna Magisterial, vocero del MOIR en el magisterio decía: “Llevamos año y medio luchando por una Ley General de Educación, que dentro de las limitaciones que impone la Constitución de 1991 recoja las aspiraciones de nuestro pueblo”. (3) No era posible en el 93, como no lo es hoy, conseguir, dentro del marco aperturista de la Constitución, una reforma democrática de la educación, porque el contenido de la carta política no lo permite. A diferencia de las afirmaciones de Dussán y Ocampo, de que “las decisiones sobre lo educativo no pueden seguir siendo el reflejo de intereses políticos o de planes coyunturales, trazados de acuerdo a la situación nacional e internacional, o a las motivaciones gubernamentales del momento”, (4) nosotros señalamos que el contenido y la financiación de la educación sí reflejan los intereses políticos, predominantes en el poder del Estado, cualquiera que sea la época y la situación nacional e internacional. Aún más, en el editorial del primer número de Tribuna Roja, Francisco Mosquera señaló: “El imperialismo y las clases pro imperialistas no entregarán por las buenas ni uno solo de sus privilegios. Esta es la más importante, la más decisiva, la más clave de las experiencias de los pueblos del mundo”. (5) En 1981, él mismo refiriéndose al movimiento estudiantil ocurrido diez años antes, afirmó: “Los estudiantes de aquella época se sumaron al combate por la revolución cultural de nueva democracia y probaron que en su curso se pueden alcanzar determinadas reivindicaciones. Ninguna de ellas, sin embargo, será suficiente para conseguir un cambio definitivo e irreversible del actual sistema de enseñanza, de la misma manera que ninguna reforma sustituye la revolución”. (6)
Pero ya en agosto de 1999, Ocampo, en su artículo titulado, La Educación Pública en Colombia: 1950-2000, escribe: “en la Ley General de Educación, haberle quitado al Estado el control de los contenidos por medio de la autonomía escolar, significó un hecho revolucionario en la historia educativa de Colombia”, (7) y presenta como un gran avance la suspensión del currículo único obligatorio y uniforme impuesto por el Estado. Para el defensor de esta tesis, la autonomía es el resultado de la iniciativa escolar y la eliminación del monopolio estatal sobre los contenidos de los programas de estudio.
Son elementos esenciales para los revolucionarios, la financiación estatal, la gratuidad y obligatoriedad y la libertad de cátedra en la educación. Propugnamos una educación de calidad, no confesional, de contenido científico, que auspicie la investigación, que sirva al desarrollo nacional y haga aportes a la cultura universal. Y para el desarrollo de estos propósitos es imprescindible el papel del Estado. Desde la época de la independencia, la Ley por la que se ordenaba el establecimiento de colegios y casas de educación en las provincias de Colombia, señalaba que el plan de estudios será “gratuito, común y uniforme” y que lo elaborará el Gobierno Supremo, a quien se encarga también la reforma de las constituciones particulares de los colegios ya existentes. Asimismo corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación. Se han olvidado las lecciones históricas de los prohombres del Siglo XIX, los primeros organizadores republicanos y fundadores de la educación pública en el país, que defendieron siempre el monopolio de la educación, la definición de los contenidos y de los planes de estudio por parte del Estado.
Quienes no compartimos ni hemos sido coautores de la Ley General por considerarla otro instrumento aperturista que contribuye al debilitamiento del Estado y le sirve a los que propugnan por las autonomías regionales, manifestamos, con toda claridad que no sólo nos oponemos a la privatización de las empresas, bienes y riquezas de la Nación, sino también, a que el poder central “ceda a cualquier título o en cualquier grado, parte del territorio o de sus funciones, ya correspondan esta últimas al manejo político, administrativo o presupuestal”. (8)
Los maestros contamos con un hecho ejemplarizante: La salud y la seguridad social están funcionando dentro del marco de la Constitución y la Ley 100 de 1993. Prácticamente el Estado ya no atiende este servicio esencial, y lo dejó en manos del sector privado. El gobierno continúa en la búsqueda para que la educación siga el mismo calvario. La Ley 115 se erige en un medio para llegar a la meta de acabar con la educación pública ¡No podemos caer en la trampa!. Defender este derecho primordial, implica corregir el rumbo de las políticas educativas desarrolladas por el gobierno, basadas en la Constitución y en las leyes 60 y 115 de 1994. La Nación debe ser responsable directa de la educación de los colombianos y el pueblo se debe levantar en pos de conquistar este objetivo.