Por Espartaco Rodríguez

Hace treinta años se desarrolló el movimiento estudiantil más extenso, consciente y vigoroso en la historia del país, rubricado por el valor de miles de jóvenes que se volcaron a las calles durante un año para enfrentar la política educativa antinacional del gobierno de Misael Pastrana.
Quienes adelantaron esta gran lucha fueron influenciados, de una u otra manera, por la revolución cubana, la confrontación entre el imperialismo norteamericano, y el socialimperialismo soviético por el dominio del planeta, el levantamiento de la Primavera de Praga, la revolución cultural impulsada por Mao Tsetung en China, y las jornadas de mayo de 1968 en Francia.
En los albores del año de 1971 la educación pública cargaba a cuestas un enorme déficit que mantenía al borde de la parálisis a las universidades del Estado. La escasa investigación dependía de los intereses y de la financiación de entidades extranjeras, en su mayoría estadounidenses.
El día 7 de febrero se inició la huelga en la Universidad del Valle originada por el nombramiento del decano de la Facultad de Ciencias, un agente de la política universitaria financiada por las fundaciones Rockefeller y Ford. Ese mismo día se extiende el paro a la Universidad Tecnológica de Pereira y, el 19 de febrero, a la de Cúcuta. El 26 del mismo mes el ejército reprimió a bala la multitudinaria manifestación de los jóvenes caleños en el parque Belmonte de la ciudad de Cali, dando como resultado más de veinte personas asesinadas. Entre los caídos se encontraba el estudiante Edgar Mejía Vargas. Con su muerte se desencadena el movimiento estudiantil que tras de sí arrastraría a estudiantes, profesores de universidades y colegios tanto públicos como privados y, en su desarrollo, se extiende a lo largo y ancho del país, envolviendo a obreros, campesinos, intelectuales y artistas. El régimen pastranista responde decretando el estado de sitio.
El mayor acierto de este movimiento, y que consolidó el apoyo de las masas, fue el señalar al imperialismo norteamericano y a sus testaferros, la oligarquía liberal-conservadora, como los directos enemigos de la nación y los causantes de conculcar, expoliar y sumergir en el atraso a Colombia.
El Segundo Encuentro Estudiantil, realizado en Bogotá los días 13 y 14 de marzo, señala las reivindicaciones fundamentales para garantizar una educación pública al servicio del país: una estructura de poder con mayor participación de estudiantes y profesores, la financiación estatal de la educación superior, la libertad de cátedra e investigación, la orientación científica de los programas académicos, el congelamiento de matrículas, la nulidad de los empréstitos lesivos y la revisión de los contratos y documentos celebrados con entidades extranjeras y la publicación de los mismos. Acabar con aquel secular propósito de mantener en el oscurantismo a la sociedad colombiana, le costaría a aquellos rebeldes armarse de paciencia y persistir en las batallas que les depararía la larga jornada.
La respuesta de la administración de turno consistió en combinar la represión castrense con la demagogia. En su pretensión de sofocar el amotinamiento, ocuparon cuantas veces quisieron las universidades, fustigaron a punta de fusil las manifestaciones y, en octubre, en Barranquilla, a golpe de bolillo le destrozaron el cráneo al estudiante de secundaria Julián Restrepo. Por el otro lado, el ministro de Educación de entonces, Luis Carlos Galán, anunciaba una ley de reforma universitaria, presentada al congreso en julio de 1971, que aunque en apariencia recoge parte de las exigencias de los estudiantes, en la letra plasmó la política oficial.
A los ataques del gobierno, se le sumaron las pretensiones divisionistas del revisionismo y del oportunismo de izquierda representados por la juventud del partido comunista, Juco, y del trotskismo, quienes adujeron la falta de condiciones para la protesta e invitaron a “combinar las tareas académicas con las acciones estudiantiles”, manteniendo la tesis de que no se debe luchar por la reforma de la universidad mientras no se transforme el sistema. Sólo la Juventud Patriótica orientada por el MOIR, supo detectar las posiciones equivocadas, interpretar el estado de ánimo de las mayorías y guiarlas por la vereda del triunfo.
Marcelo Torres, cabeza del levantamiento estudiantil, en reportaje aparecido en 1981 en la revista Teorema, afirma: “Fue Francisco Mosquera, el máximo dirigente del MOIR, sobre la base de la rica experiencia que se desarrollaba ante nuestros ojos, quien señaló el enfoque correcto del programa. A través de una serie de fructíferas discusiones abrió paso a la tesis marxista-leninista consistente en que a toda gran revolución social la antecede una profunda revolución en la cultura”. (1)
Como el gobierno no pudo implantar su anhelada “normalidad académica”, promulga el decreto 2070 de octubre de 1971 que establecía en la Universidad Nacional un consejo directivo compuesto por dos estudiantes, dos profesores, cuatro decanos, el rector o el ministro de educación y un exalumno escogido por lo anteriores. Los candidatos de la Juventud Patriótica obtuvieron la victoria por abrumadora mayoría. Posteriormente se implanta el mismo sistema en la Universidad de Antioquia. La duración del cogobierno, aunque corta, fue fructífera.

La educación en la época de la apertura
Nos ha correspondido actuar en el momento histórico más oscuro de la república en la que la apertura se ha impuesto contra la nación. Hoy, a diferencia de las décadas de los sesentas y setentas, los cambios que nos anteceden son de mayor envergadura: la retirada de todos los rincones del mundo y posterior caída del socialimperialismo soviético; China, la que fuera faro orientador para las naciones oprimidas, con la desapariión de su timonel Mao Tsetung, perdió su rumbo, y la consolidación de Norteamérica como potencia hegemónica y su rapaz saqueo de todos los mercados del mundo.
De la apertura no se salva institución alguna que tenga importancia en el desarrollo del país, entre ellas por lo tanto la educación. La esencia de la ley 30 de 1992 para la educación superior y de la ley 115 de 1994 para la educación básica es la total privatización de la enseñanza pública, en otras palabras, poner a las instituciones a buscar los recursos para su sostenimiento y eximir al Estado de la obligación que tiene con el pueblo. La diferencia radica en el puño que las redactó, la ley 30 por los designados de palacio, la ley 115 por la dirección de la Federación Nacional de Educadores, Fecode. Magna traición contra las masas de los que a sí mismos se dan el título de representantes de éstas, al afirmar: “a diferencia de la economía y la política, la educación tiene la característica de poder avanzar por encima de todo condicionamiento, de tener la capacidad de superarse aun en los momentos de mayor disolución social. Es posible una revolución educativa y cultural, sin una revolución política” (2), además, complementan esta falsificación argumentando que el régimen no ha sabido interpretar el “espíritu" de la ley. Tergiversan la tesis marxista leninista que Mosquera concretara en 1971, de que la revolución cultural antecede a la revolución política.
La revolución cultural se desenvuelve del mismo proceso revolucionario en el cual la población se hace partícipe como motor de ésta, ¿desde cuándo las reivindicaciones básicas de la población se han conseguido por el reformismo? Nunca. Se han conquistado por medio de la lucha de las masas, por su unidad y su audacia, guiadas por una correcta dirección proletaria.
Para salvar a Colombia no nos queda otra salida que convertir en práctica la consigna del gran maestro de la revolución colombiana Francisco Mosquera ¡Por la soberanía económica, resistencia civil! Los estudiantes recogeremos, como nuestro, tal como lo hacía el Programa Mínimo de 1971, la exigencia de la total financiación de la educación e investigación por parte del Estado, la orientación científica de los programas académicos y de la investigación en beneficio de la nación, la libertad de cátedra, las condiciones básicas para la estadía y desempeño de los estudiantes en la universidad con un bienestar universitario que incluya residencias, comedores, servicios de salud, recreación y deporte.

l. Reportaje con Marcelo Torres, “El movimiento estudiantil de 1971”, Teorema N° 19, octubre de 1981, pág. 20.
2. José Fernando Ocampo, “La educación pública colombiana: 1950-2000”, Educación y Cultura N° 50, agosto de 1999, pág. 44.