La apertura arrasa con la salud y la seguridad social

Por Adolfo Ramos

La población colombiana se encuentra abocada a una catastrófica situación en materia de salud y seguridad social. Las entidades de dirección, las que prestan los servicios, las que ejercen la vigilancia epidemiológica, las encargadas de la investigación y del control, las que promocionan la salud y previenen la enfermedad, están sumidas en un completo desorden y debilitamiento, sin recursos para atender las necesidades del país. El gobierno señala como causa de la crisis a la mala gerencia, al no cobro por la venta de servicios, a la corrupción, a las altas cargas prestacionales y a la abundante burocracia. Lo más preocupante es que estas tesis encuentran eco en las filas de los trabajadores, quienes creen que eliminando intermediarios y “la competencia desleal”, o participando en las juntas directivas de las empresas, o cargando con la responsabilidad administrativa, se pueda atajar el turbión que ha desatado la apertura impuesta al país por los Estados Unidos. Esta política antinacional se aplica mediante la ley 10 de 1990, y las leyes 100 y 60 de 1993, con la anuencia de toda la escala de autoridades nacionales, regionales y municipales.

Profundización de la crisis
En la salud y la seguridad social se plasma también lo que padece la economía del país. Sucede lo de la ley de la selva, materializada en la premisa que para poder engullirse la presa, los animales grandes la debilitan y despedazan. Se empieza por echarle la culpa del déficit a los trabajadores, a sus menguados salarios y prestaciones así como a una supuesta ineficiencia. Luego se dice que hay que reestructurar, modernizar -y descentralizar para terminar privatizando. Mientras tanto, al Ministerio de Salud se le desprestigia, convirtiéndolo en un ente descoordinado y débil, para que sólo cumpla con los mandatos del capital foráneo, a la Superintendencia Nacional de Salud se le pone a jugar el papel de entrabar con sanciones, como ocurre con la medida tomada contra el Instituto del Seguro Social, la Caja Nacional de Previsión y Caprecom, al impedirles que afilien nuevos usuarios, beneficiando de paso a las empresas de medicina prepagada.
En el Instituto Nacional de la Salud, INS, se muestra claramente cómo funciona la política de acabar con el desarrollo tecnológico del país, mediante su división. De un lado se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, entidad que obligan a depender de la venta de servicios, le reducen su capacidad de vigilancia y control circunscribiendo su labor a Bogotá, mientras descargan esta responsabilidad en las secretarías departa-mentales y municipales de salud. De esta manera dejan la puerta abierta para que los monopolios extranjeros arrasen la producción nacional e invadan el mercado con artículos de baja calidad. Por otra parte, se cierran los laboratorios para la elaboración de vacunas y de sueros antiofídicos que tantas vidas salvaron, con el fementido propósito de cumplir con prácticas de manufactura que exigen los manuales extranjeros.
La arremetida contra el INS ha sido bárbara. Hoy, después de casi tres años de traer las vacunas del exterior, no hay indicio que exista interés alguno en volver a poner a funcionar los laboratorios, por el contrario, se afianza el criterio que es mejor comprar afuera pues resulta más “barato” que producir en el país, lo cual es una quimera si se tiene en cuenta que los monopolios, al controlar el mercado cobran onerosas patentes e imponen los precios. El propósito de hacer del INS una empresa de economía mixta reempacadora de vacunas, es un hecho.
La ministra Sara Ordoñez en entrevista al periódico de la Universidad Nacional, justifica el cierre de los laboratorios, al calificarlos como cocinas, lo que constituye una afrenta a la investigación y a tantas mentes forjadas en éstos. Contrasta con la valerosa defensa que de ellos hiciera el anterior director del Instituto, doctor Moisés Waserman.
Todo está consumado, no hay ninguna función o dependencia de salud que no haya sido tocada por la apertura. Los laboratorios departamentales cuya función era vigilar y garantizar la salud pública, languidecen al recortarles el presupuesto y obligarlos a depender de la venta de servicios. Varios han sido cerrados, entre ellos uno de los más importantes, el de Antioquia.
Los hospitales son sometidos a una política de liquidación por el abandono estatal, con la advertencia de que aquel que no sea renta-ble se cierra, obligándolos a despedir trabajadores, a desconocer las convenciones colectivas, a vincular personal fuera de nómina. Su existencia como empresas sociales del Estado, los lleva a depender de la venta de servicios. El gobierno se quitó la responsabilidad de su funcionamiento creando las Empresas Promotoras de Salud, EPS, las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, maraña que sólo sirve para que se enriquezca una serie de intermediarios financieros. Todo ello los ha conducido a una completa postración como la que vive la Hortúa o a cerrarlos como ocurrió con el Lorencita Villegas de Santos.
En cuanto a las entidades de la Seguridad Social (ISS, Cajanal, Caprecom, etc.) convertidas en EPS públicas gracias a la concertación entre el gobierno, los gremios empresariales y las organizaciones sindicales, también son obligadas por la ley 100 a convertirse en negociantes. Estas entidades fueron golpeadas de antemano por el incumplimiento del Estado con sus obligaciones, tal como ocurrió con el Seguro Social. La crítica situación de éste, que pretenden solucionar a costa de los sueldos y prestaciones de los empleados así como pasándole la administración a las organizaciones de los trabajadores, debería empezar a resolverse obligando al Estado a cumplir con la deuda exorbitante de 42 billones de pesos.
Si bien es cierto que estas entidades han sido fortines clientelistas, y han dado pábulo a la corruptela, lo que debe tenerse en cuenta a la hora del análisis, es necesario señalar que la causa principal de sus aprietos radica en la aplicación de la ley 100 y sus decretos reglamentarios, los cuales imponen la división de las entidades, la venta de sus activos, las reestructuraciones y el despido de trabajadores. Esta política no se derrota con la concertación o creyendo en los cantos de sirena del ministro de trabajo.

La ganancia de los pulpos se sustenta en el infierno que vive la población
Convirtiendo en negocio lo que nunca podrá serlo, la salud, los linces del capital han impuesto sus reales. La población se ve asolada con toda clase de enfermedades, además de ser engañada con el cuento de la ampliación de la cobertura. Sin temor a equívocos, hoy no existe vigilancia epidemiológica que contribuya a trazar una política seria de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se abandona a la niñez, a los discapacitados, a los ancianos, y a los enfermos mentales; la situación es agobiante por la fiebre amarilla, la leishmaniasis, la malaria, el dengue de todos los matices, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades orales, el sida y la zoonosis; las aguas no se tratan, las basuras ahogan y enferman, en fin ¡todo! La muerte ronda por todas partes sin remedio alguno.
Ante esta abrumadora situación, a los colombianos nos corresponde desplegar las velas de la resistencia civil para que enfrentemos con decisión la defensa de la salud y la seguridad social, funciones indelegables del Estado, uniendo al conjunto de la población contra la proimperialista apertura.