Las reformas uribistas y las entregas de la dirección sindical

Por Oswaldo Meneses

La política en materia pensional viene cambiándose sistemáticamente en detrimento de los trabajadores, haciendo cada vez menos probable la consecución de este derecho, toda vez que de reforma en reforma se aumentan la edad, las semanas de cotización y los aportes, mientras se disminuye el ingreso base de liquidación, haciendo más exigua la mesada para quienes al final de su etapa productiva, deberían obtener la compensación por el esfuerzo entregado al desarrollo de la Nación.
Desde la creación del Instituto de los Seguros Sociales hasta hoy, la ampliación de la cobertura, el control a la evasión, y el déficit fiscal se han agitado como argumentos de las distintas administraciones para recortar esta justa aspiración. Sin embargo, los compromisos económicos del gobierno se relacionan con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acuerdos éstos asociados a garantizar el pago de la deuda externa a través del manejo fiscal, modificando las reglas sobre pensiones con el aumento de la edad para las mujeres y hombres a partir del 2014 a 57 y 62 años respectivamente; elevando los aportes del 13.5% actual, al 16.5%; incrementando a 1.300 las semanas, y recortando la cuantía de las mesadas del 85% al 55%.
Hoy, Alvaro Uribe Vélez, al frente del poder ejecutivo y aprovechándose de haber ganado la presidencia gracias a los desmanes del terrorismo, no desperdicia la oportunidad brindada para continuar agenciando las políticas extorsionistas del Banco Mundial y el FMI por encima de los intereses patrios.
En diciembre 26 de 1946, con la promulgación de la ley 90, se creó el Instituto de los Seguros Sociales cuya financiación y administración la asumieron los patronos, el Estado y los trabajadores. Ya para 1971, el gobierno se convirtió en deudor moroso del Instituto, y en 1973, expide el decreto 1935 donde establece los aportes bipartitos únicamente entre empleadores y empleados, desmontándose del compromiso adquirido en su fundación y ocasionando que la suma adeudada llegue hoy al desorbitante monto de 56 billones de pesos. Sin embargo, en el consejo directivo, en asocio con los patronos y los representantes de los trabajadores ha coadyuvado a los malos negocios e inversiones desastrosas, como la más reciente con el endoso del Banco Central Hipotecario.
Gracias a la constitución del 91, se convierten los inmensos recursos de los aportes pensionales en presa de caza apetecida por parte del capital financiero. César Gaviria, por medio de la ley 100 del 93, le entregó el ahorro al sector privado en detrimento del ISS, Cajanal, Caprecom y demás entidades oficiales. Como ejemplo de ese favorecimiento, la misma superintendencia de salud le prohibió al ISS por más de dos años, recibir nuevos socios, inclinando la balanza a favor de los particulares en franco deterioro del sector público.
Por otra parte, con el fin de abaratar la mano de obra al máximo, como consecuencia de la implementación de la apertura, y con el embeleco de hacer más competitivo al país ante los inversionistas, el que ayer fuera el ponente de las regresivas leyes 50 del 90 y 100 del 93 hoy, como presidente de la república y bajo su mandato, se promulgan las nuevas reglas laborales del trabajo asalariado que consisten en: ampliación de la jornada diurna, rebaja en la remuneración de los aprendices del Sena, disminución de las tablas de indemnización y restricción de la cobertura del subsidio familiar. Demagógicamente fija como falso subsidio al desempleo la ridícula suma de $498.000 pagaderos en seis cuotas mensuales de $83.000 para el estudio, la salud y el mercado, a quienes logren superar las barreras de requisitos y condiciones creados para tal fin.

Cúmulo de frustraciones
El actual régimen continúa en el empeño de golpear a las organizaciones sindicales especialmente a las que en el pasado ofrecieron resistencia y desafiaron las pretensiones gubernamentales, como sucediera con la última huelga combativa del 92. Al efecto, liquida la Empresa Estatal de Telecomunicaciones, Telecom, lanzando a la calle a sus 4.500 operarios. Sin embargo, al despropósito se respondió bajando la cabeza y aceptando el argumento de que son los trabajadores los responsables de la crisis y por tanto los llamados a conjurarlas. Bajo esa misma premisa los dirigentes de Sintraiss aceptaron el desmonte de los beneficios convencionales para 17.494 empleados. Igual ocurrió con Acerías Paz de Río, donde los orientadores del sindicato feriaron el mismo patrimonio laboral y pensional de los obreros adquiriendo las devaluadas acciones de una empresa quebrada, inviable por causas de la apertura que permitió el ingreso al mercado Nacional del acero procedente de otras latitudes a muy bajos costos. Y qué decir de los asalariados de las Empresas Municipales de Cali, que terminaron en la trampa tendida por el gobierno, al revisar su convenio colectivo con la dudosa garantía de que la misma pueda salir adelante. Suerte miserable de la que fuera "la niña de los ojos" como se refería Mosquera a la USO. La renuncia del presidente del sindicato no logra ocultar la oprobiosa entrega por las diferentes fuerzas políticas que tienen asiento en la dirección.
Son muchas y graves las traiciones cometidas por los dirigentes de las centrales a través de la historia y que se agudizaron cuando asumieron como suyas las contradicciones surgidas entre los amos del norte y el gobierno de Ernesto Samper.
Cuatro ministerios han sido ocupados por dirigentes salidos de las entrañas del sindicalismo, quienes con sus buenos oficios, desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo hasta el de Andres Pastrana, han neutralizado la protesta en beneficio de la política del imperialismo y prolongado el mandato de la oligarquía liberal conservadora como directos ejecutores de las mismas. Pero los trabajadores más temprano que tarde contarán con la línea correcta que les permita expulsar de sus filas tantos oportunistas en procura de establecer un nuevo orden social.

Bogotá, octubre 12 de 2003