Vigencia y necesidad del marxismo y del pensamiento Francisco Mosquera
-Primera parte-

Han pasado catorce meses desde la posesión de Juan Manuel Santos como presidente de la República, y aunque fue ungido como el sucesor de Álvaro Uribe y representa por ello la continuidad de su política ultraderechista, no ha podido ocultar la corrupción, los yerros y los delitos que caracterizaron dicho régimen.
Tras nueve años de aplicación de la “seguridad democrática”, pareciera como si los caminos para liberar al pueblo colombiano del yugo imperialista y de la oligarquía estuviesen cerrados; que los esfuerzos de los obreros, de los campesinos y de las masas desposeídas por lograr una vida mejor fueran completamente estériles; que socialismo y comunismo, además de caducos y extravagantes, debieran ser considerados como doctrinas propias de “traidores de la patria”, llegando hasta decirse públicamente y en tono amenazante, por parte de miembros del anterior gobierno, que “no se aceptarán más comunistas en Colombia”. Imperialismo, soberanía y defensa de la producción nacional, se convierten en conceptos nebulosos en el mundo de la “globalización”, y lo que es peor, se extiende la convicción de que para combatir el terrorismo, todo es lícito, incluso el terrorismo mismo.
Hoy tenemos una nación postrada en la más miserable de las condiciones por el saqueo de los recursos del Estado; por la explotación de nuestras riquezas por parte del capital monopolista extranjero; por las masacres y el desplazamiento forzado, y por las recurrentes tragedias naturales, agravadas estas últimas por la desidia oficial, la corrupción generalizada en la contratación de las obras públicas y hasta el robo de la donaciones recogidas para paliar las desgracias de las víctimas. A los sindicalistas, a los políticos de la oposición, a los campesinos que reclaman sus tierras y sus derechos los desaparecen sumariamente. Se persigue y se busca por todos los medios legales e ilegales desacreditar a los administradores de la justicia, a la vez que se determina quiénes son criminales, terroristas y “apátridas”, y por lo tanto, quiénes deben “ser eliminados del contorno”, cualquier cosa que eso signifique. Por su parte, la guerrilla y los paramilitares arrecian las actividades criminales, unos para demostrar su permanencia en la contienda y los otros con miras a consolidar el inmenso poder económico y político que acumularon durante tres decenios. A esto, los partidos que se autodenominan de izquierda se pierden en medio del oportunismo, la inconsistencia y la corrupción abandonando por completo el único camino que garantiza el triunfo del proletariado: el marxismo-leninismo.
Esta compleja y agobiante situación que padecen los colombianos nos impulsa necesariamente a volver nuestras miradas al ideario que forjara Francisco Mosquera durante tantos años de lucha revolucionaria. Como marxista, supo aplicar el pensamiento de Marx, Lenin y Mao, a los problemas concretos de Colombia y de su pueblo. Su vida la dedicó a construir el partido del proletariado que debe dirigir el proceso revolucionario; elaboró su programa estrictamente ceñido a la situación real del desarrollo de las fuerzas productivas del país y de la caracterización de sus clases sociales, y, en el terreno de la táctica, logró compendiar cuatro temas claves que constituyen el programa mínimo que permitirá aglutinar los distintos contingentes y personas que se preocupan por el porvenir del país. Temas que pueden resumirse en: la defensa de la actividad productiva; el apuntalamiento de la autodeterminación nacional; la atención a los requerimientos y necesidades de las masas trabajadoras y del pueblo, y el acatamiento a las reglas de juego establecidas, rechazando el terrorismo y la utilización de los métodos criminales en las lides políticas y sociales. Llamamiento que hoy, más que nunca, adquiere una incuestionable actualidad y corresponde a los anhelos de los colombianos.

“La norma es la falta de normas”

La actual campaña para elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales confirma sin lugar a dudas que la maquinaria para-político-militar no está dispuesta a renunciar a sus conquistas logradas a sangre y fuego. Las “picardías”, la “propaganda negra” y cuanta maniobra fraudulenta existe, vuelven a ponerse al orden del día para alcanzar el triunfo; al presente, treinta y ocho candidatos han sido asesinados, y parapolíticos salen de las cárceles para participar abiertamente en las faenas electorales sin que exista gobierno o autoridad alguna que lo impida.
En noviembre de 1993, con motivo del lanzamiento de la candidatura al senado de Jorge Santos por el MOIR, Francisco Mosquera, en su discurso titulado “Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas”, decía sobre los ardides y arterías utilizadas por el gobierno de César Gaviria en todos los campos: “la norma es la falta de normas”; y al tratar sobre la campaña electoral: “de tales trapisondas depende, de un momento a otro, la suerte en las urnas de los movimientos, en especial de las vertientes opositoras.” Más adelante al referirse a la forma como se tramó la Constituyente de 1991 afirmaba: "En los albores de la reforma constitucional aparecieron las prácticas amañadas que vendrían después, ese nebuloso reino de los ‘mecanismos’, la interinidad de las regulaciones, el reemplazo de las reglas por los acuerdos pasajeros.” Y terminaba su discurso con este llamamiento: "Todavía nos resta trecho para seguir explicando por plazas y recintos tamañas irregularidades. Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas en la comprensión de los menesteres de la lucha de clases”.
Algo semejante ocurrió en 2006 para reformar la Constitución con el fin de permitir la reelección de Álvaro Uribe, adobada con la tragicomedia de la “Yidispolítica”, con sus Teodolindos, ministros involucrados en cohecho, repartición de notarías a los congresistas, incluyendo la acusación sobre la participación de los hijos del presidente en esta trama.
Pero nada comparado con lo que el país presenciaría con motivo de las últimas elecciones presidenciales. Para perpetuarse en el poder se soborna, se “persuade” y se pasa por encima de las normas, de las leyes y de lo estatuido en la Carta del 91. Ante la inminencia del hundimiento del referendo reeleccionista, viciado por ilegal e inconstitucional y plagado de irregularidades y delitos, y tal como lo consigna el cable que al respecto envió la embajada de Estados Unidos a su gobierno los primeros días de febrero de 2010, el jefe de Estado colombiano creó un plan B para garantizar su continuidad. Según dicho mensaje:
“Uribe se reunió por separado con los precandidatos del Partido Conservador, Andrés Felipe Arias, y del Partido de la U, Juan Manuel Santos, en las cuales les hizo saber que uno de ellos era el plan B”(…) “El 8 de febrero la jefe de campaña de Arias, Beatriz Uribe (hoy ministra de Ambiente y Vivienda), estuvo en la Embajada y reconoció que Uribe le pidió a Santos que hiciera lo posible para que Andrés Felipe Arias ganara la consulta interna del Partido Conservador, porque las encuestas las estaba liderando la exministra Noemí Sanín, tras el escándalo de Agro Ingreso Seguro. La interlocutora dejó claro que si Arias ganaba, unido a Santos serían imbatibles. Pero si Sanín ganaba, la oposición podría unirse y derrotar a Santos.” (El Espectador, Colombia WikiLeaks).
Esta evidente intervención de Uribe en la campaña a favor de Santos continuó cuando Andrés Felipe Arias, alias “Uribito”, perdió la consulta conservadora, pese a las numerosas artimañas utilizadas por el candidato y la señora Beatriz Uribe, entre ellas la violación a las regulaciones sobre financiación de la campaña y a los cuantiosos aportes provenientes de beneficiarios de Agro Ingreso Seguro (AIS), el programa del ministerio de Agricultura que utilizó para sus fines electorales.
Los dirigentes del Partido Conservador, tras ocho años de participar en el festín burocrático, rodeados de ríos de leche y miel, se convirtieron en sumisos sirvientes del uribismo. Ante el temor de perder gran parte de ello, y siguiendo las directrices de Arias “Uribito”, desconocieron las normas internas que regulan las precandidaturas y que los obligaban a votar por Nohemí, para plegarse a Juan Manuel Santos. Por los lados del otro gran partido tradicional, el Liberal, sólo se puede decir que después de vivir la desgracia de ocho años de oposición, sin cargos y sumidos en la indigencia, también corrieron a engrosar las filas del designado por Uribe ante un inminente descalabro electoral de Rafael Pardo el candidato de los expresidentes Gaviria y Samper, dejándolo apenas con escasos 600 mil votos. Se aseguró así la participación de Santos en la segunda vuelta, para competir con Antanas Mockus.
Durante los treinta días previos al de la definición en las urnas, el país pudo percibir la desazón que se apoderaba del jefe de la Casa de Nariño ante el ascenso inesperado de Mockus en las preferencias de los ciudadanos. El primer mandatario, haciendo caso omiso de las tímidas e inútiles amonestaciones del procurador general y violando todo precepto ético, se lanzó a la arena de la campaña a favor de Juan Manuel Santos. Pecaron de ilusos quienes creyeron que la actividad del presidente se limitaría a lanzar dardos y a desacreditar al rival de su hombre y despreciaron la capacidad de “persuasión” palaciega: tres billones y medio de pesos de Familias en Acción manejados directamente desde la presidencia, más otros cientos de miles de millones de institutos como el Sena y Bienestar Familiar, aunados a los millonarios aportes de los contratistas del Estado y de la gratitud de los beneficiarios del programa AIS y de las prebendas otorgadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). A todo lo anterior se deben agregar los numerosos votos del para-político-militarismo. Inclusive se recurrió a la intimidación, creando el pánico entre parte de la población, al propagar la especie de que el triunfo de un contrario le abriría las puertas al “temible” vecino, Hugo Chávez, y que el país terminaría en las garras del comunismo. El presidente, por otra parte, se dedicó a visitar cuanta emisora de pueblo hay para echar su discurso sobre la necesidad de conservar “sus tres huevitos”. Asimismo se contrató a un experto en “propaganda negra”, quien terminó convirtiendo a Santos en un pícaro confeso. El mismo que hoy maneja las tácticas electorales de los candidatos del partido de la U, que le crea problemas a la extraña alianza Uribe-Peñalosa en pos de la alcaldía de Bogotá y que escandaliza a la directora del periódico ultrauribista, El Colombiano, al afirmar que "Eso de la ética es para los filósofos”. El triunfo de Santos en las urnas fue contundente.
Desde el arribo de Uribe al solio de Bolívar, un grupo de aprendices de Goebbels urdió una impresionante tramoya de sofismas, falsedades y mentiras, sobre la que se sustentó el inmenso respaldo al mandatario, entre otras, que gracias a la seguridad democrática se incrementó la inversión extranjera y con ella el empleo, que se redujo el número de pobres y miserables, que se acabó el para-político-militarismo y que la guerrilla quedó reducida a unas pocas bandas criminales. Pero también se recurrió a muchas otras maquinaciones, volviéndolas algo cotidiano, que van desde los supuestos atentados contra el presidente que se inventaban miembros del DAS, hasta las abultadas cifras de subversivos dados de baja, pasando por la espectacularidad de engañosas desmovilizaciones de paramilitares y guerrilleros; los amañados datos del DANE para disminuir el desempleo y los índices de pobreza y de inflación; la propagación de la idea de que realizar un delito de frente y a la luz del día lo exime de culpabilidad; las ardides de los parapolíticos para salir en poco tiempo de las cárceles falsificando en componenda con sus carceleros miles de horas de “trabajo” y “estudio”, o las “rigurosas celdas” del llamado “Tolemaida Resort” donde militares condenados por asesinato y otros crímenes se supone pagan “condenas ejemplares” en medio de fiestas y bacanales.
Digna de mención es también la capacidad histriónica de Uribe, como cuando se declara ofendido ante un hecho de corrupción y le grita a uno de sus subalternos: “si lo encuentro en la calle le rompo la cara, marica”, y para no quedar por fuera de las interceptaciones ilegales del DAS, ruega para que esa conversación telefónica se la “estén grabando”. Tampoco pasan de ser bufonadas las repetidas poses como víctima de “una conspiración criminal en contra de su gobierno", y burdo es el intento de absolver a su alto comisionado para la paz de las falsas desmovilizaciones con una frase místico-retórica que invoca la buena fe. No se quedan atrás los afanes mostrados por él, y ahora por su sucesor, quienes en compañía de cientos de personajes, durante ocho años, mendigaron en Estados Unidos la aprobación del Tratado de Libre Comercio, o las maromas ejecutadas tanto a nivel nacional como internacional para explicar la entrega de nuestras bases militares a los ejércitos gringos.
Pero los desaciertos de Uribe no terminan ahí. Sólo como muestra mencionemos algunos. En acto televisado, en compañía del trásfuga senador de la república Roy Barreras, hace entrega de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, reconociendo con sus propias palabras la injerencia directa de miembros del congreso en la repartición delictuosa de las propiedades decomisadas a narcotraficantes. Y qué pensarán los gobiernos de aquellos países que recibieron como embajadores, cónsules o agregados diplomáticos a un buen número de subalternos del régimen, vinculados a serios líos judiciales incluidos el cohecho y el asesinato. Asimismo, debe agregarse las gestiones para que la exdirectora del Das consiguiera el asilo en Panamá, hecho que amerita preguntarse si con ello no estaba coartando la marcha de la justicia. Y para terminar este cúmulo de adefesios, debe recordarse el lamentable desfile a la embajada norteamericana de ministros, congresistas, directores de institutos, generales de las fuerzas armadas y de la policía, secretarios y asesores presidenciales, todos en función de lacayos del gran determinador del Norte, para dar razones y explicaciones de la Casa de Nariño, pedir consentimientos o, simplemente, para llevar chismes, poner quejas y denunciar a sus colegas.
Lo cierto es que en Colombia la criminalidad rebasó cualquier capacidad de los entes de la justicia. La Fiscal General heredó más de 1.800 casos, número físicamente imposible de atender; los jueces encargados de las ejecuciones extrajudiciales tienen que enfrentar, además de las dilaciones de un ejército de abogados, el estigma de que con sus sentencias le sirven a la subversión y “desmoralizan a las Fuerzas Armadas de la patria”; en los juzgados reposan expedientes de miles y miles de crímenes cometidos por los grupos armados al margen de la ley, y, para acabar, ahora esos despachos reciben toneladas de folios correspondientes a las acusaciones por corrupción en el DAS, ICBF, DNE, AIS, DIAN, EPS, INPEC, INCO, Invías, Incoder, Fosyga, ministerios, casos de “Yidispolítica”, referendo reeleccionista, pirámides, Grupos Nule, DMG, y un interminable etc., etc., etc.
Si no estuvieran de por medio los miles de asesinatos de inocentes sacrificados en aras de mostrar “resultados”; si al DAS no lo hubieran dedicado a perseguir a los contradictores del régimen y a elaborar las listas de quienes debían desaparecer los paramilitares; si no existieran los millones de desplazados hacinados en tugurios, viviendo en condiciones infrahumanas, sin acceso a la salud y a la educación; si centenares de miles de campesinos no padecieran el despojo de sus parcelas, las cuales terminaron en manos de paramilitares y parapolíticos, de fondos ganaderos y grandes empresas extranjeras y colombianas; si por las calles de ciudades y pueblos no deambularan millones de desempleados que se ven forzados a subsistir del rebusque, inclusive acudiendo a actividades ilícitas, el gobierno de Uribe bien podría pasar a la historia como el doble mandato de los farsantes.

La corrupción, otra gran tragedia para el pueblo

La situación actual del país no augura un mejor futuro. El resultado de las elecciones presidenciales de 2010 mostró la realidad política que prevalece en nuestra patria. Durante el mandato anterior se consolidó la extrema derecha y, con ello, el imperio de la impunidad. Los para-político-militares se tomaron el Congreso y un número bastante alto de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos; los corruptos engrosaron sus arcas como nunca antes; al capital monopolista, especialmente al extranjero, se le otorgó toda clase de tratamientos favorables, mientras que el desempleo, la miseria, la desatención en la salud y la falta de techo se agravaron para la inmensa mayoría de la población. Se argumenta que la corrupción se da en todos los gobiernos, y que igual, ocurrió en regímenes pasados. En realidad, la corrupción es inherente a un Estado capitalista. En Colombia los ejemplos abundan: López Pumarejo y la Handel, Lleras Restrepo y la Lockheed, López Michelsen y la hacienda La Libertad de sus hijos, Gaviria y Colfuturo, Samper y el 8.000, para citar sólo los más escandalosos. Porque si el motor que mueve las actividades de la sociedad debe ser el lucro, si todas las funciones del Estado se privatizan, vías públicas, medios de comunicación, educación, salud, recreación y hasta la seguridad, y los empresarios deben producir buenas utilidades no sólo para sí mismos sino también para pagar a los funcionarios oficiales que les colaboran precisamente en la obtención de esas prebendas, las ganancias habrá que lograrlas no importa qué métodos se utilicen, ya el soborno, la sobrevaloración de los productos, la reducción de la calidad de los servicios dados, la sobrefacturación, la falsedad en documentos públicos, el acceso ilegal a los subsidios que el gobierno ofrece a las actividades productivas, etc. La reciente olla podrida destapada en el sistema de la salud (EPS, IPS, Fosyga) es un claro ejemplo de todo esto y consecuencia directa de la famosa ley 100 que privatizó la salud y creó esa maraña de instituciones. Pero en Colombia, además entró en juego el poder corrosivo de los dineros del narcotráfico, permeando todas las estructuras estatales, proceso que cobra fuerza a partir de los gobiernos de Gaviria y Samper. La guerra entre los carteles de Medellín y Cali terminó también alineando a muchos políticos en uno u otro bando, inclusive a nivel presidencial, e influyendo en muchas de las determinaciones judiciales, legislativas y del mismo poder ejecutivo.
Una vez posesionado, Santos monta un gobierno que llama de unidad nacional repartiendo el botín burocrático no sólo entre los uribistas puros, sino también entre aquellos conservadores y liberales que traicionando sus partidos votaron por él. Premia a Arias “Uribito” dándole un ministerio a Beatriz Uribe quien le dirigiera su campaña como precandidato, y se cuida muy bien de reemplazar al director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dependencia directa de la presidencia de la República y envuelta en una criminal persecución política de tal magnitud que el mismo gobierno norteamericano, cuyas ayudas técnicas y económicas se utilizaron para ejecutar las interceptaciones de periodistas, rivales políticos e integrantes de las altas cortes, tuvo que exigirle al gobierno que tomara medidas correctivas.
Aunque elegido gracias a la poderosa maquinaria electoral del Palacio de Nariño, al nuevo gobernante se le hizo imposible ocultar los múltiples robos que desde años atrás venían denunciando la prensa y voceros de los partidos de la oposición sin que las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto. Lo cierto es que, embozados tras la inmensa popularidad de su jefe, desde los ministerios e institutos gubernamentales, la mayoría en manos de los conservadores, cientos de funcionarios, amangualados con políticos, congresistas y paramilitares, se dedicaron a apoderarse de más de seis millones de hectáreas del territorio colombiano y a saquear el tesoro público en un monto que supera varias decenas de billones de pesos. Era tal la magnitud de la rapacería, que el presidente Santos la describió gráficamente con la frase: “allí donde se pone el dedo salta la pus”. Uribe y los conservadores reaccionaron inmediatamente, calificando el inevitable destape como un mero montaje para desprestigiar al mandato uribista, como una “conspiración de las fuerzas de la subversión contra la seguridad democrática”, como una “venganza criminal” contra el exmandatario. El Presidente y el Procurador General ante la imposibilidad de tapar tamaño escándalo, sólo atinaron a asegurar que “había que ‘desuribizar’ la corrupción”. Mientras tanto, el pueblo sufre las consecuencias del asalto al erario: carreteras, puentes y caminos más aptos para producir lamentables tragedias que para transitar por ellos; centenares de familias afectadas por el invierno sobreviviendo en improvisados tabucos de lata y cartón; instalaciones escolares deterioradas; campesinos sin tierra; servicios públicos deficientes, y Empresas Promotoras de Salud que esquilman los recursos del Estado a la vez que se las ingenian para negar la atención debida a sus afiliados.
Empero, sería injusto atribuirle sólo a miembros del conservatismo y del uribismo la exclusividad de los latrocinios. El Polo Democrático, organización amorfa que nunca pudo encontrar una identidad y una unidad políticas y que sirviera de refugio a todos los grupos y partidos seudorrevolucionarios, al lograr la alcaldía de Bogotá, la más importante del país, también cayó en la trampa de las coimas y en alianza con el partido de la U, saquearon por medio del llamado “carrusel de las contrataciones” y del Grupo Nule, no sólo a la Capital sino también las arcas del Estado. Su pecado se reflejará inevitablemente en los comicios de finales de este mes, tal como lo indican las encuestas, donde su candidato escasamente atrae el uno por ciento de los electores, después de haber sido durante dos períodos su inexpugnable fortín electoral.

“No hay causa noble o vil que justifique el secuestro”

Con este título Francisco Mosquera le envía en septiembre de 1990 una carta a Hernando Santos Castillo, director de El Tiempo, con motivo del secuestro de Francisco Santos Calderón. En ella, una vez más ratifica su firme posición de condenar éste o cualquier otro instrumento propio de la delincuencia común, y que fueron adoptados por las guerrillas colombianas en su lucha seudorrevolucionaria.
La situación que vive el país se debe a múltiples circunstancias que tienen un origen y un desarrollo propios. La violencia en Colombia puede calificarse de mal endémico y se convirtió en pieza fundamental para que Álvaro Uribe llegara al poder. La conformación de una poderosa empresa armada, donde se confabularon congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, terratenientes y ganaderos, monopolios extranjeros, empresarios, oficiales del ejército y de la policía, miembros del DAS y narcotraficantes, se dio como respuesta a la complacencia de los gobiernos con los grupos guerrilleros, especialmente desde Belisario Betancur hasta el de Pastrana Borrero, y a la incapacidad de contener su vertiginoso ascenso durante los dos últimos decenios del siglo pasado. Al terrorismo utilizado por ellos se contestó con actos similares: masacres, secuestros, extorsión, asesinatos, atentados contra la población y los bienes productivos, desplazamiento de campesinos y despojo de sus tierras. Después de la amarga experiencia del proceso pacifista de El Caguán, y gracias al rechazo generalizado a las fuerzas subversivas, en un principio muchos colombianos confiaron en que se lograría la paz con quien en sus discursos prometió no tener contemplación alguna con los alzados en armas.
Así como el imperialismo, la oligarquía y los grandes terratenientes entorpecen el desarrollo del país, el Partido Comunista Colombiano con su fatídica “combinación de todas las formas de lucha”, y las guerrillas (sean de las FARC, ELN, EPL, M19 u otra cualquiera) se convirtieron en la mayor traba del proceso revolucionario en Colombia.
Francisco Mosquera tuvo que dedicar gran parte de su vida a combatir estos errores como premisa sin la cual sería imposible avanzar en el proceso liberador de nuestra patria. Hoy estamos convencidos de que si no recuperamos este valioso ideario y no lo ponemos en práctica, nuestra nación terminará sumida aún mucho más en el atraso, la miseria y la explotación. Máxime cuando las mayorías colombianas, como reacción ante las brutalidades de las guerrillas, terminó entronizando en el poder fuerzas que cada vez muestran más su inequívoca vocación fascista.
A principios de los años sesentas Mosquera, siendo estudiante en la Universidad Nacional, entra a militar en el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), organización que como otras muchas aparecen bajo la influencia del triunfo de Fidel Castro contra el régimen de Batista, copiando mecánicamente la estrategia del foquismo. Viaja a Cuba para recibir el consabido curso revolucionario, sin embargo regresa decepcionado pues allá sólo le dieron instrucción militar y muy poca enseñanza política, deficiencia que él soluciona dedicándose con empeño a estudiar las obras de Marx, Lenin y Mao. Comprende que si no existe un partido no se podrá realizar el proceso de liberación del país del yugo del imperialismo, de la oligarquía y de los grandes terratenientes. Inicia la lucha interna dentro del MOEC para convertirlo en el partido del proletariado colombiano, teniendo como guía el marxismo leninismo pensamiento Mao Tsetung. Obtiene la mayoría dentro de ese movimiento y comienza su transformación: lo saca del monte y lo vincula a las organizaciones sindicales y de masas; lo aleja de la utilización de cualquier método criminal; informa a los partidos y organizaciones del exterior que desde ese momento sólo dependerán de los propios esfuerzos y, por lo tanto, que deben suspender el envío de cualquier ayuda. Una vez consolidada su posición en el MOEC, da comienzo a la más formidable batalla contra las concepciones imperantes en toda la izquierda revolucionaria de esa época que, imitando el modelo cubano, se expandieron por todo el continente implantando el foquismo, negando la dirección de la clase obrera, la necesidad de un partido y despreciando la participación en las elecciones. Mosquera, además, con un grupo de compañeros emprende la tarea de estudiar la realidad económica de nuestro país y de la caracterización de sus clases sociales como premisa para elaborar el programa, fundamento estratégico del nuevo partido. Poco después da el otro gran golpe político a la extrema izquierda al crear, con Alberto Zalamea, el Frente Popular-MOIR para participar en las elecciones de 1972.

Hoy en Colombia se acepta el desmantelamiento total de los bienes y riquezas de la nación. Con el advenimiento de la “apertura”, los recursos naturales, los puertos, las carreteras, los aeropuertos, las electrificadoras, la educación, las comunicaciones, la salud y otros servicios estatales, son privatizados y entregados al capital monopolista, especialmente al extranjero. El gobierno insiste con una terquedad y una sumisión aberrantes en que el imperio norteamericano lo arrope con el Tratado de Libre Comercio y se vanagloria de que el país se haya convertido en un paraíso para los inversionistas foráneos gracias a las incontables y extremadas concesiones otorgadas. Pero no sólo eso. También insiste en entregarle la seguridad interna y externa a las fuerzas armadas del imperio, cediéndoles sus bases y hasta los aeropuertos, así éste no se encuentre muy interesado en cargar, por ahora, con tan comprometedor fardo.
Contra estas y otras más aberraciones se pronunció y luchó Mosquera temas que trataremos en la segunda parte al referirnos a la defensa de la actividad productiva, el apuntalamiento de la autodeterminación nacional, el imperialismo, la “apertura”, la tenencia de la tierra, así como la forma como el proletariado y las masas populares se han de organizar para obtener el triunfo final.
Por ahora sólo nos queda decir que si el proletariado no vuelve a las fuentes del marxismo-leninismo-maoísmo de la mano del pensamiento de Francisco Mosquera, no habrá forma de construir una nación independiente, próspera y en marcha al socialismo. Y si bien la lucha para lograr esto será larga y ardua, también es cierto que las condiciones internas y externas han cambiado favorablemente. La injerencia abusiva en la mayoría de los gobiernos del mundo, el trato despectivo a sus aliados, el uso de la tortura, del asesinato y otros crímenes ejecutados a nivel internacional por parte del imperialismo norteamericano, hoy más evidentes gracias a la publicación de los materiales secretos por parte de WikiLeaks, aunado al desplome progresivo de su economía, lograron minar su ascendencia y credibilidad universales. Aparecen también nuevas potencias económicas que comienzan a jugar un papel preponderante en el mundo, encabezadas por China la república que construyera Mao Tsetung. Conjunto de circunstancias estas que hacen prever el inicio del desplome definitivo del coloso del Norte. Internamente, las masas populares están a la espera de la aparición de un auténtico partido del proletariado que las conduzca a la victoria final. Después del largo reflujo que han tenido que padecer, necesariamente volverán las mareas altas. No las desaprovechemos.

(Continuará)