CONTRA EL "MANDATO DE HAMBRE", ¡A LA CARGA!
Tribuna Roja No. 18. Febrero de 1976
Camaradas:
El 14 de septiembre de 1974, a los 38 días
de haber prestado juramento como presidente de Colombia ante un Congreso
abrumadoramente dócil a su voluntad, Alfonso López Michelsen
convocó la "comisión tripartita", cuya supuesta
función consistía en propiciar el entendimiento de tres demarcados
sectores económicos de la actual sociedad colombiana, a saber, el
Estado, las agremiaciones de las clases poseedoras y las directivas gremiales
de los trabajadores sindicalizados. El objetivo de la reunión fue
profusamente divulgado con anticipación por la propaganda oficial:
se trataba de alcanzar el “consenso nacional" en torno al enrutamiento
general de la política económica de la nueva administración.
En esa forma el vencedor del 21 de abril daba crédito a su muletilla
electoral de que el país sería conducido conforme a una política
de "ingresos y salarios”, o sea, mediante la "economía
concertada" de los tres sectores mencionados. En la reunión,
sin embargo, únicamente se escuchó una voz, la del presidente,
quien reiteró: "El cambio de la sociedad colombiana, que hemos
prometido, queremos adelantarlo en medio de la calma política y del
consenso”. Los gremios patronales en verdad no tenían necesidad
de hablar, ya que sus opiniones e intereses se hallaban en lo fundamental
interpretados en las propuestas de su principal personero político,
el señor López Michelsen. Además, su inclinación
natural ha sido por sobre todo la de darle a éste un voto de confianza
y esperar, medio incrédulos y medio maravillados, cómo se
logra aquello de continuar la obra del régimen bipartidista en santa
paz social y con el concurso de todas las clases y estamentos, tanto de
los favorecidos como de los estrujados. Para el otro sector, el de los voceros
de las centrales obreras, la situación era a otro precio.
Les resultaba incómodo quedar cual simples invitados de piedra, sin
musitar palabra y aprobando una estrategia que, aunque alentaba determinadas
ilusiones, sus consecuencias prácticas y sus perspectivas finales
no aparecían tan "claras" como reza la consigna del mandato
lopista. Si acaso a las camarillas amarillas de UTC y CTC les importó
menos el que se les escuchara o no en un evento de tal ocurrencia, pues
su razón de ser fue siempre la de respaldar abierta o solapadamente
las políticas de las clases dominantes, a los representantes del
Comité Ejecutivo de la CSTC, que dos semanas atrás habían
recibido de parte del nuevo gobierno la personería jurídica,
a la cual la Confederación tenía legítimo derecho desde
hacía diez años, y que venían enarbolando en el campo
sindical los lineamientos unitarios del movimiento obrero, sólo una
burla inaudita podría parecerles el hecho de haber sido convidados
a oír una larga perorata sobre las dificultades económicas
heredadas por el señor López, y de remate, debido a la imposibilidad
de fijar en iguales condiciones sus puntos de vista, quedaran ante vastas
porciones de la opinión pública, merced al juego publicitario
de la gran prensa, auspiciando las concepciones particulares del jefe del
Estado sobre los graves problemas de la nación. Los directivos de
la CSTC dejaron una constancia al respecto.
No obstante, el gobierno había alcanzado el objetivo apetecido, dar
el golpe propagandístico de congregar en una de las salas del Palacio
de San Carlos a lo más granado de los gremios del estamento patronal
y a los dirigentes de las tres centrales sindicales reconocidas entonces,
y ante este auditorio monologar acerca de porqué no sería
viable en los tramos iniciales de su gestión desarrollar la tan trillada
política de "ingresos y salarios", la misma política
con la cual el señor López movilizó al electorado liberal
y derrotó al candidato conservador, doblándolo en votos. En
el Comando Nacional de la UNO se discutió la inconveniencia de recomendar
la participación en la "comisión tripartita". El
MOIR advirtió tajantemente que las fuerzas sindicales que aceptaran
la invitación a dicha reunión caerían en una celada
no sólo por falta absoluta de garantías para debatir las apreciaciones
del movimiento obrero, sino que la filosofía misma de la "economía
concertada" o del "consenso nacional" reclamado por el gobierno
presuponía, como única opción, el apoyo incondicional
a las orientaciones antipatrióticas, antidemocráticas y antipopulares
del régimen liberal-conservador proimperialista que encontraba en
López al más fiel y desvelado continuador. El Partido Comunista
terció a favor de la asistencia y unilateralmente abogó porque
se aceptase la convocatoria presidencial. En su tiempo esta fue la primera
contradicción de fondo alrededor de la CSTC entre las dos líneas,
la del MOIR y la del Partido Comunista, después de que éstos
coincidieron en aunar esfuerzos por la unidad de sindicalismo independiente.
En parte, el enfrentamiento quedó zanjado con la constancia aludida
y con la posterior decisión del Ejecutivo de la CSTC de retirarse
incluso de las sesiones del Consejo Nacional de Salarios.
CAMBIO DE PLANES PERO CONTINUISMO EN EL FONDO
Hemos querido empezar este informe recordando
las interioridades de la llamada "comisión tripartita",
porque algunos se obstinan en sostener que el gobierno de López comenzó
con un rumbo y unas perspectivas, si no muy halagüeñas, por
lo menos que movían a la expectativa general. Pero frente a los aplastantes
y desastrosos resultados y para salvar las apariencias de las frustradas
ilusiones, aquellas mismas personas agregan que éste dio un brusco
viraje, hacia la derecha, un poco antes de cumplir su primer año
de ejercicio. Si hubo un timonazo de la política oficial, habría
que ubicarlo, precisamente, en esa reunión del 14 de septiembre de
1974, al mes largo de la toma de posesión. El señor López
Michelsen venía hablando de su estratagema de "ingresos y salarios",
la cual, según su saber y entender, se reducía a lograr un
equilibrio controlado entre las entradas de las clases poseedoras y de las
desposeídas. Esta política presuponía la entelequia
de un entendimiento entre explotadores y explotados, como el que había
bregado a poner en vigor el peronismo en Argentina, una especie de "contrato
social" por el que magnates y asalariados restringían en utópica
amistad sus aspiraciones y depositaban la aplicación de dicho acuerdo
en manos del Estado colombiano, apoyándose en la función reguladora
de éste sobre la hacienda y la vida de los ciudadanos, contemplada
en la Constitución. Desde luego, para la clase obrera y para el resto
de las masas populares semejante compromiso sería la firma de su
propia perdición, significaba colocar su suerte al arbitrio de sus
declarados enemigos, las clases detentadoras del Poder, intermediarias de
los pulpos imperialistas y por ende traidoras al interés de la nación.
Tal contrato jamás lo rubricaría el pueblo colombiano. Pero
de lo que se trata es de indicar que la nueva administración, el
día señalado para poner en práctica la manoseada estratagema
de "ingresos y salarios", resolvió anunciar que lo que
correspondía hacer, antes que cualquier cosa, era implantar rigurosamente
un plan de estabilización". La presidencia había cambiado
de película. Su actitud la justificaba López echándole
el agua sucia a su antecesor, hablando de las obligaciones del Estado y
del enorme déficit fiscal, con el estruendo de un Colón que
descubre nuevos continentes. Sin embargo, sus hallazgos se los sabían
de memoria 24 millones de colombianos. Eso lo tenía sin cuidado.
Únicamente le interesaba sustentar la orientación económica
oficial, así de ella se hubiese parlamentado poco o casi nada en
la campaña electoral. Pero como el "mandato claro" da para
todo, el continuador pudo recordar cómo durante el debate condicionó
la política de "ingresos y salarios" al grado de desarrollo
de la inflación, y en la "comisión tripartita" repitió,
en efecto, unas palabras suyas pronunciadas en calidad de candidato presidencial:
"Lo que hubiera sido viable hace tres años, como lo fue, durante
la Administración Lleras, una política de ingresos y salarios,
en procura de la estabilización sólo podrá cumplirse
cuando la inflación haya sido reducida a magnitudes manejables”.
El "plan de estabilización", confeccionado por López
Michelsen en el discurso del 14 de septiembre, estaba dirigido, por una
parte, a demostrar la inconveniencia de ejercer un control sobre los precios,
y por la otra, a cumplir una promesa hecha clandestinamente al Fondo Monetario
Internacional, la de instaurar una reforma tributaria por los trámites
excepcionales de la emergencia económica. El "plan de estabilización",
negando su mismo enunciado, arranca de una premisa insólita: que
el Estado se encuentra imposibilitado para mantener la estabilidad en los
precios. El presidente se detuvo a explicar que la economía no se
puede manejar con una vigilancia de precios, ya que ello implicaría
la paralización total de la producción. Argumentó que
las grandes empresas sabotearían las medidas que al respecto se adoptaran,
bien bajando la calidad de los artículos, acaparándolos, promoviendo
la exportación subrepticia, cambiando de actividad económica,
o simplemente dejando de producir, como en el caso del petróleo.
El jefe del Estado, con todo y sus tres millones de votos liberales, se
consideraba inhabilitado, ante un país atónito, para evitar
los desmanes del gran capital. Ni siquiera garantizó, como se supone
sea su deber, el respeto a la legislación que juró cumplir
y hacer cumplir. Su confesión de boca entrañaba además
una implícita autorización para que los monopolizadores externos
e internos de las actividades fundamentales de la economía colombiana
entraran a saco sobre la República inerme. Quedó entronizado
el reino de la anarquía organizada. Se promulgó la ley de
la selva por la cual el más fuerte se come al chico. En esto el "presidente
de la esperanza" no era tampoco del todo un innovador. Con su desparpajo
imitaba a un ministro conservador de ingrata memoria de la administración
Lleras Restrepo, partidaria también de la "estabilización".
Este ministro solía sostener con singular cinismo, junto al desconocimiento
de las justas peticiones de los trabajadores abrumados por el aumento vertiginoso
de los precios, que el Ejecutivo no podía colocar un policía
detrás de cada artículo. He ahí un retrato fidedigno
del comportamiento característico de los regímenes explotadores
que han oprimido a Colombia. Se declaran incapaces de supervisar y encinturar
a los grandes especuladores, mas movilizan batallones enteros a las puertas
de los sindicatos para ver de impedir las conquistas de los asalariados
por mejores condiciones de vida y de trabajo. La orientación económica
del "mandato claro" trazada por su máximo intérprete
se puede resumir en esta sentencia: control, férreo control, sobre
las clases populares y libertinaje, absoluto libertinaje, para las clases
dominantes.
La reforma tributaría también tiene su historia. En los años
anteriores las agencias prestamistas norteamericanas, a través del
Fondo Monetario Internacional, habían presionado la aprobación
de un sistema impositivo duro, que les permitiera salvaguardar y recoger
las millonarias ganancias de sus préstamos usurarios. Hay quienes
se preguntan qué relación existe entre los gravámenes
estatuidos en el país y las utilidades de los prestamistas extranjeros.
La razón es muy sencilla. El Estado ha sido por antonomasia el garante
de los créditos internacionales y el canal preferencial del pago
de los intereses y amortizaciones de la deuda contraída por la nación.
Si el Estado se mantiene en permanente déficit, lógico que
no cumpla puntualmente las obligaciones con sus acreedores, lo cual intranquiliza
a los imperialistas. Por eso éstos a menudo les tiran las orejas
a los gobiernos títeres y les inculcan la austeridad administrativa,
el hábito del ahorro, el espíritu de sacrificio y el pago,
sobre todo el pago insensible, sin remordimientos de conciencia, oportuno,
en dólares, de cuanto deben. Entre las recomendaciones no ha faltado
jamás la de la instauración de un sistema fiscalista más
enérgico. El presidente Lleras Restrepo nombró durante su
cuatrienio una comisión encargada de estudiar la revisión
de la tributación colombiana. Esta comisión fue integrada
por técnicos extranjeros y colaboradores colombianos, y estuvo presidida
por el profesor de la Universidad de Harvard, Richard A. Musgrave, quien
le dio su nombre. No obstante, ni la administración Lleras ni la
de Pastrana, que la sucedió, contaron con la fuerza política,
suficiente para convertirla en norma legal y la reforma Musgrave hubo de
esperar su turno en los archivos gubernamentales.
Con el tañir de cuatro millones y medio de votos liberales y conservadores
del 21 de abril, su hora había sonado. En consecuencia, nadie más
indicado que el "mandato claro" para instaurarla. Y en aquella
primera y única, reunión "tripartita", el señor
López Michelsen decidió sacar de los escritorios de sus antecesores
la reforma Musgrave y presentársela al país. El propósito
evidenciaba un giro intempestivo y notable al programa que aquel había
expuesto a sus electores. Muchas personas en Colombia no han olvidado todavía
cómo se expresaba el candidato liberal acerca del papel de una eventual
reforma tributaria en las circunstancias en que le correspondería
gobernar. Sobre el tema señaló textualmente lo siguiente:
"En realidad, la experiencia de los países desarrollados y subdesarrollados
es la de que, a menos que se pusiera en práctica una confiscación
total, que sería ya el sistema socialista o comunista, los impuestos,
lejos de remediar la desigualdad, tienden a ahondarla ( ... ). Con un alza
en el costo de la vida del 15% y una inflación como la que estamos
viviendo, la mayor incidencia de los tributos recae sobre los ingresos y
salarios que no se incrementan al mismo paso que las ganancias de otros
sectores. Pero, aun cuando no existiera inflación, sería igualmente
cierto que quienes iniciaron sus empresas y consiguieron amasar un capital
cuando los gravámenes eran menos onerosos, llevan una ventaja sobre
quienes tienen que arrancar en la escala empresarial pagando cargas tributarías
y cargas sociales más altas. Con el correr del tiempo, el efecto
de los impuestos, como herramientas de redistribución de la riqueza,
ha sido el inverso de lo que nos proponíamos. De ahí la necesidad
de una política de ingresos y salarios”.
El caballito de batalla lopista era "ingresos y salarios": una
especie de bálsamo curalotodo, que el aspirante liberal a la presidencia
de la República vendía para sanar las desigualdades ya creadas.
Según esta tesis, la modificación a los impuestos, con inflación
o sin ella, como acabamos de leerlo, acarrearía el ahondamiento de
esas desigualdades. La metamorfosis en este aspecto entre el candidato y
el presidente fue de blanco a negro. Desde aquel septiembre la reforma tributaria
no sólo no ampliaría los abismos sociales, sino que mejoraría
"la condición del 50% de la población menos favorecida
por la fortuna”. Así se transmuta, sin brújula y sin
norte, la teoría económica y política de la reacción
oligárquica proimperialista. Su único dios es la máxima
ganancia, por el cual trafica con todos los valores, disfrazando de verdad
a la mentira y viceversa, en cualquier tiempo y lugar, cuando y donde lo
demande el afán obsesivo de enriquecimiento. En las fuerzas revolucionarias
colombianas las inconsecuencias y exabruptos tan comunes y corrientes en
la palabrería de los más connotados exponentes de las clases
antinacionales dominantes, no promueven la elucubración en torno
de los saltos imaginativos hacia la derecha, o hacia la "izquierda",
del régimen imperante. Los embaucadores del pueblo siempre llevan
miel en los labios y ponzoña en el corazón.
Durante el debate electoral aclaramos insistentemente que el señor
López con sus "ingresos y salarios" y el señor Gómez
Hurtado con su "desarrollismo", encarnaban dos interpretaciones
diferentes de la política económica de la coalición
liberal-conservadora proimperialista. Ambas versiones partían del
prospecto que la fementida prosperidad del país bajo tal sistema
se hallaba supeditada íntegramente a los intereses y proyectos de
los monopolios extranjeros y por lo tanto, el uno como el otro, acaudillaban
con diferencias de matiz y acentuamiento la línea continuista del
Frente Nacional. Y el inspirador del "mandato claro" merece como
el que más en la historia reciente del país el mote de continuador.
Aunque suele renegar de sus predecesores porque le legaron un fracaso en
lo administrativo, en lo fiscal y en lo social, está predestinado
a proseguir su triste obra de entrega y sumisión. Los aventajaba
en una cosa: había ascendido a la casa de gobierno con más
ruido, prestigio y votos que quienes le antecedieron en el mando. Se encontraba
resuelto a jugarse lo que él y sus admiradores califican de "popularidad"
y se la jugó. "Derrotismo -decía- sería no afrontar
una impopularidad transitoria en aras de un porvenir meior”. Por eso
desenterró la reforma tributaria que ni Lleras Restrepo ni Pastrana
lograron realizar. Y desafiantemente, ante un pueblo que moría de
hambre, bendijo el carnaval de las alzas, embelleció el paraíso
de la usura, sancionó la ley del más fuerte. Y esa impopularidad
ha crecido y se incrementa sin parar, hasta aterrorizar a los más
confiados y sorprender a los más incrédulos.
La clase obrera colombiana rechazó indignada la política que
López Michelsen le esbozó al país en la sesión
de la "comisión tripartita". Tras las palabras azucaradas
de redimir a "la población menos favorecida por la fortuna",
el proletariado entrevió las reales intenciones de aumentar los privilegios
al capital imperialista y a sus intermediarios, la gran burguesía
y los grandes terratenientes colombianos, mientras al pueblo se le condena
aún más a la esclavitud, a la miseria y a la infelicidad.
Las masas trabajadoras se negaron rotundamente a rubricar la patraña
del "contrato social" o del "consenso nacional", que
les planteaban la oligarquía vendepatria y su régimen, así
como desenmascararon implacables el ofrecimiento presidencial de que "si
se van a imponer sacrificios, que ellos recaigan por igual sobre todas las
clases”. La experiencia le enseña a las grandes mayorías
cuántos sinsabores y sufrimientos traen consigo esos llamamientos
que de cuando en vez los mandatarios alternantes formulan para que "ricos"
y "pobres" contribuyan con su cuota de desprendimiento en bien
de la República. En la jerigonza oficial se entiende el reparto igualitario
en la siguiente forma: una porción, los beneficios, corresponden
a los imperialistas y sus sirvientes, y la otra, exactamente proporcional,
los sacrificios, para el pueblo inculto, gregario e insensible. Y si con
esta manera singular de impartir justicia muchos terminan perjudicados se
debe a su mala fortuna. El "mandato claro" tampoco era adverso
a esa curiosa equidad. Al contrario, aparecía más experto
y refinado en el arte de embaucar. Sus maquinaciones en un principio sólo
chocaron con el obstáculo de los sectores más avanzados y
patrióticos, que apuntaban directamente a su esencia continuista,
pero bastaron unos pocos días, unas cuantas propuestas en concreto,
como ésta de la "comisión tripartita", para que
el grueso, en primer término de los obreros y luego progresivamente
el de los campesinos, estudiantes e intelectuales, comprendiera que detrás
de la cortina verbal de la nueva administración, aguardaban en orden
de aparición, sellados y lacrados, los decretos centuplicando las
garantías a las compañías extranjeras, a la banca,
a los latifundistas, a los monopolios en general. La única esperanza
de los oprimidos seguía siendo, como siempre, la de perseverar en
la lucha por las reivindicaciones populares y en especial por la unidad
del pueblo, el arma invencible para alcanzar su emancipación y la
independencia y soberanía de la nación.
MEDIDAS DEL GOBIERNO DE LOPEZ MICHELSEN
Apenas transcurridos año y medio
de vigencia del actual régimen son perfectamente definibles sus perfiles
antinacionales y antipopulares. A estas alturas del proceso, únicamente
los círculos dirigentes y los sectores más recalcitrantes
de los partidos de la Gran Coalición oligárquica salen abiertamente
en su defensa y todavía se atreven a presentarlo como una solución
a los graves problemas del país. La mayoría de las gentes
trabajadoras de la ciudad y el campo, que por uno u otro motivo aguardó
con el advenimiento de la nueva administración cambios positivos
para sus males centenarios, ha comenzado a salir o ya salió por completo
del engaño. Las corrientes partidistas diferentes al liberalismo
y al conservatismo, las que se hicieron eco de todas esas ilusiones, optaron
al final por endurecer su posición contra el gobierno y acaso sí
se preocupan por justificar su conducta anterior con argumentos que la práctica
desmiente a cada paso. El MOIR y demás organizaciones políticas
que desde diversos ángulos vienen coincidiendo en la necesidad de
arrancar cuanto antes la careta demagógica al "mandato claro",
han visto compensado su esfuerzo con la acogida todos los días más
amplia que a sus luchas y postulados brindan las masas populares. Es indudable
que la credibilidad en las promesas oficiales está quebrantada, lo
cual simboliza una alteración importante en la correlación
de fuerzas entre la revolución y la reacción. Estas variaciones
en el panorama político de Colombia acontecen cuando falta todavía
por vencerse más de la mitad del cuatrienio de López Michelsen.
En todo ello han influido notablemente sus medidas y actuaciones lesivas
a la nación y al pueblo. Intentemos un resumen de las principales
de aquellas medidas y actuaciones.
1. Mayores privilegios a las compañías imperialistas. En este
tortuoso terreno de dispensar favores, prebendas y gracias ilimitadas al
capital extranjero, el gobierno se ha distinguido por su mano generosa.
Las dádivas van desde garantizar la entrega cabal de las viejas como
de las nuevas fuentes de recursos naturales, hasta estructurar toda una
política tendiente a facilitar las inversiones de los monopolios
internacionales en todas las ramas industriales, incluyendo la toma de aquellas
empresas que por sus dificultades económicas no logran sobrevivir
por su propia cuenta. La lista de las medidas es muy larga y varias de ellas
se mantienen en secreto, no obstante las constantes denuncias de los sectores
democráticos y patrióticos para que se publiquen, como los
contratos leoninos con dos consorcios norteamericanos sobre la explotación
de las ricas minas de carbón, en la Guajira, y de níquel en
Córdoba. La presidencia de la República en el primer decreto
expedido en virtud de las atribuciones del estado de emergencia económica,
legisló exprofesamente para que la Texas pudiera empezar los trabajos
de extracción de los yacimientos de gas ubicados también en
la Guajira y cuyas reservas, según parece, son unas de las más
grandes de Suramérica. La legislación sobre la explotación
del gas en general fue equiparada a la del petróleo, con el objeto
de que la compañía norteamericana no estuviese obligada a
la inspección ni al reintegro de divisas provenientes de sus ventas
en el exterior, además de otras prerrogativas igualmente aberrantes.
Dentro de este derroche de benevolencia con el capital extranjero, el régimen
petrolero fue a su vez modificado. No sólo se mantuvo la cláusula
de "deducción por agotamiento", mediante la cual los pulpos
petroleros que gozan en nuestro país del sistema de concesiones logran
reducir la mitad de su renta gravable, a efecto de pagar tasas de impuesto
ridículas, sino que fue extendida para los que venían disfrutando
del nuevo sistema de "asociación". En sus neocolonias el
imperialismo norteamericano impulsa, de un tiempo para acá, el sistema
de "asociación", de preferencia con el sector económico
estatal, porque se presta a una explotación más aguda y sutil,
conforme a su naturaleza monopolística, y se acomoda mejor a las
nuevas condiciones políticas, caracterizadas por el despertar nacionalista
de los pueblos subdesarrollados y oprimidos. En esa forma, desapercibida
a ratos, ha incrementado su dominio sobre la economía de estos países,
poniendo en funcionamiento la llamada "integración latinoamericana",
con acuerdos subregionales como el Pacto Andino. Los grandes trusts imperialistas,
"asociados" a cualquiera de las repúblicas del área,
se lucran, como consecuencia de las reglas integracionistas, de los mercados
de toda la región. El presidente de Colombia es devoto ferviente
de todas estas modalidades de la penetración del capital foráneo
y las ha facilitado en grado sumo. La tan publicitada "nacionalización"
de la banca extranjera, que acabó de llevar a término el gobierno,
cabe dentro del esquema anterior. Los colombianos deberán comprar
el 51 % de las acciones de aquellos bancos, por un monto calculado superior
a los 2.500 millones de pesos, cifra que ingresará a las arcas de
los financistas extranjeros, sin que por ello éstos hayan menguado
en nada su poder de control no sólo sobre la banca y demás
corporaciones similares del país, sino sobre la industria, la agricultura,
el comercio interior y exterior y el resto de negocios fundamentales. Y
por si lo anterior fuera poco, el gobierno anunció que, como punto
cardinal a sus planes de "descentralización industrial",
otorgará mercedes especiales a la inversión extranjera que
se destine a las ciudades diferentes de Bogotá, Cali y Medellín,
o a estas ciudades cuando "dediquen el 50% o más de su producción
para la exportación y que no serían rentables al localizarse
lejos de dichos centros industriales”. Los incentivos serán
de todo tipo: crédito favorable, infraestructura necesaria, subsidios
directos.
Colombia es un reino celestial para los monopolios imperialistas: de aquí
pueden extraer y llevarse los recursos naturales estratégicos que
descubran y necesiten, aquí encuentran a la disposición un
mercado para saturarlo con sus mercancías y aquí disponen
de una extensa área de inversión para sus capitales. Y lo
que es más importante, un gobierno dócil, con su pequeña
corte de negociantes, cuyo santo y seña es "chambonear"
y "chambonear" en contra del pueblo y la nación.
2. Debilitamiento del sector estatal de la economía. El hecho mismo
de que el Estado colombiano esté por completo al servicio del capital
extranjero y sus intermediarios, determina su permanente situación
ruinosa, los déficit crónicos, la falta de medios para atender
debidamente sus empresas, el incumplimiento de las obligaciones con sus
propios trabajadores, lo deficiente de los servicios públicos. Pero
además de ésto, el régimen lopista ha propiciado el
debilitamiento acelerado del sector estatal de la economía con medidas
como la de eliminar la protección arancelaria a las entidades industriales
y comerciales del Estado e imponerles tributos, en algunos casos más
gravosos que los estipulados para las empresas privadas. Muchos de esos
establecimientos públicos, de innegable importancia, para el desarrollo
del país, se hallan por dicha causa en enormes dificultades y, frente
a las compañías imperialistas colmadas de privilegios, que
les hacen competencia y les sustraen recursos, su único futuro es
la liquidación. Ejemplo ilustrativo de ello ha sido la Empresa Colombiana
de Petróleos (ECOPETROL), a la cual el gobierno, aprovechando la
reversión por tiempo cumplido de dos concesiones a nombre de consorcios
petroleros extranjeros, le ordenó a finales del año pasado
correr con el pago de más de 600 millones de pesos, por concepto
de prestaciones sociales que tales consorcios adeudaban a sus obreros. Otra
disposición económica del régimen lopista que encaja
perfectamente en el análisis que estamos adelantando del detrimento
del sector público a favor del sector monopolista privado, fue la
de negarle al Estado la prelación de coger las industrias en bancarrota.
Esta facultad se asignó a las sociedades poderosas a través
de un subterfugio tributario por el cual las pérdidas de las empresas
quebradas podrán ser deducidas en un plazo de cinco años a
las compañías que se hagan cargo de éstas. Así
los tentáculos del gran capital bajo la batuta del imperialismo norteamericano,
van apropiándose casi gratuitamente de los centros productivos que
desafiaron su poder y concentrando la riqueza en una escala nunca vista
en Colombia. Y el Estado como gestor económico se convierte en un
vulgar instrumento para auspiciar la mortandad de la producción nacional
en esa guerra sórdida, desigual, inclemente, de los monopolios. Para
justificar la hecatombe, el señor López se ha declarado partidario
de una industria atrasada, liviana y de escasa técnica, despreciando
la meta para el país de una producción pesada y moderna la
cual, según su tesis, le pertenece exclusivamente y por predestinación
á las repúblicas imperialistas.
3. El festival de la especulación y de la usura. Como lo reconocen
casi todos los sectores políticos, incluyendo ciertas capas dirigentes
menos encumbradas de los partidos tradicionales, el capital financiero imperialista
y su carnal, el colombiano, han sido los hijos consentidos del "mandato
claro". Tal creencia se fundamenta en las reformas oficiales emprendidas
en este campo. La más vieja y viva preocupación del gobierno,
que escuchamos de parte de su principal funcionario desde antes de la realización
de los comicios, era la de la consolidación de las UPAC, cuyos basamentos
jurídicos se sabían dudosos. Las Unidades de Poder Adquisitivo
Constante, como su nombre lo indica, se valorizan con el ritmo de la inflación
y constituyen un mecanismo especulativo perfeccionado para extorsionar con
la vivienda a los hogares de las clases bajas. Quienes caen en su tela de
araña quedan a merced del agio y son exprimidos por días,
por años, por decenios, sin llegar nunca a cancelar la deuda. Entre
más paguen más deben. Al señor López lo tenía
sin cuidado que este monstruo hubiese sido creado y sea el timbre de orgullo
de la administración Pastrana Borrero, y no sólo lo consolidó
sino que lo tomó de inspiración para su reforma financiera.
En lugar de suprimirlo se dijo: ya que se hallan en desventaja frente a
las UPAC, equiparemos con éstas al resto de transacciones financieras.
Y procedió a elevar los beneficios y las tasas de interés
a un tope real que llega y pasa a veces del 30 y 40 por ciento. Por otro
lado, negoció con la banca los pagarés de emergencia, entregándole
a ella en forma prácticamente regalada una enorme ganancia. A las
compañías aseguradoras les redujo magnánimamente las
inversiones forzosas, a fin de que pudiesen orientar la mayoría de
sus efectivos hacia las actividades más atrayentes y lucrativas.
Y en general instauró el paraíso de la usura. El equipo económico
del gobierno defiende estas medidas con el alegato de que estimulan el ahorro
legal y debilitan el mercado extrabancario. Mas el resultado está
a la vista: la hegemonía absoluta de los grupos financieros, que
han captado sumas astronómicas de pequeños y medianos ahorradores,
encarecido excesivamente el crédito y sometido a su coyunda a la
industria, la agricultura y el comercio del país. A lo que se agrega
la devaluación automática del peso y el consiguiente encarecimiento
de las importaciones de maquinarias, repuestos y materias primas, que estrangulan
la actividad productora, desatan el vendaval alcista de los precios y envilecen
el salario de los trabajadores. Lejos de combatir el universo subterráneo
del denominado "mercado negro", el régimen lopista lo sacó
de su cloaca, le dio carta de ciudadanía y lo puso a regentar la
vida material de los colombianos.
4. Impuestos indirectos, discriminatorios y regresivos. Atrás nos
ocupamos algo del verdadero origen y de la historia de la reforma tributaria,
la obra maestra, hasta ahora, de la administración López Michelsen.
Supimos, por ejemplo, que se trataba de una de las obligantes y acuciosas
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que fue herencia legítima
del Frente Nacional y que la confeccionó un grupo de expertos norteamericanos.
Indicamos también cómo su objetivo eminentemente fiscalista
estaba dirigido a subsanar los déficit crónicos de un Estado
endeudado hasta la médula con las agencias prestamistas internacionales.
Finalmente, denunciamos la maniobra de enmascararla como una ayuda al "5O
por ciento más pobre". Pero lo que no hemos dicho es de dónde
provienen los miles de millones de pesos recolectados por su culpa. La reforma
tributaría consta de dos partes: las modificaciones a los gravámenes
sobre la renta y complementarios y el aumento del impuesto a las ventas.
De las dos, el aporte sustancial lo suministra este último. Los funcionarios
del Ministerio de Hacienda calculaban hace seis meses que a consecuencia
de la nueva tributación, el renglón de rentas concurriría
al fisco con 1.500 millones de pesos más. Sin embargo, los mayores
emolumentos percibidos por este concepto terminaron siendo devueltos casi
en su totalidad, debido al "alivio tributario" votado en el Congreso
en las postrimerías de 1975. Así que como fuente de recursos,
la reforma tributaria encontró en el incremento del impuesto a las
ventas su veta preferida, fenómeno que corresponde cabalmente a la
filosofía que en esta materia profesan el imperialismo y sus lacayos.
Para las clases dominantes colombianas los impuestos ideales sólo
pueden ser los que recaen sobre los artículos de primera necesidad,
ya que los sufraga el pueblo, sin saberlo, indirectamente, en todas y cada
una de las compras que efectúa. Los productores siempre trasladan
a las masas trabajadoras los tributos en cabeza de los bienes de consumo,
mediante la práctica inveterada, de elevar los precios de las mercancías.
Además de encarecer la vida de la población de menores ingresos,
los impuestos indirectos se convierten en talanqueras para la producción
y el comercio. Pero, precisamente por eso, por el carácter antitécnico
y las secuelas retardatarias, regresivas y discriminatorias, los imperialistas
sienten hacia ellos especial predilección y los imponen a como dé
lugar, a través de sus intermediarios, en las legislaciones de sus
neocolonias. No obstante, éstos no son los únicos tópicos
negativos de la reforma tributaria. Si analizamos cualquiera de sus otros
cambios nos tropezaremos con la marca típicamente reaccionaria y
antipopular que la distingue. A las sociedades anónimas extranjeras
o colombianas, con más de un millón de pesos de renta líquida
gravable, incluyendo el "alivio tributario" de diciembre, se les
rebajó la tarifa impositiva de un 46 por ciento que tenían
antes del "mandato claro" a un 36 por ciento, aproximadamente.
Mientras que las sociedades limitadas, constituídas mayoritariamente
por pequeños y medianos productores nacionales, cuyas tasas iban
del 4 por ciento para las de menor renta, y de ahí hacia arriba de
manera progresiva, fueron niveladas en el tope más alto: el 20 por
ciento. Es decir, se aligeró la carga a las grandes sociedades monopolistas,
especialmente a las extranjeras, y se quintuplicó a las pequeñas.
Con el poderoso gremio cafetero, que nada en la "bonanza económica",
sucedió otro tanto: el gobierno le reembolsará la fabulosa
suma de 1.500 millones de pesos durante los cuatro años de su período,
como fruto de la reducción de impuestos decretada a su favor y en
recompensa a sus esfuerzos por amasar una fortuna fenomenal con el sudor,
las lágrimas y la sangre del pueblo colombiano. Y a los latifundistas
todos, la otra clase consentida por el régimen, se les mantuvo en
líneas generales dentro del munífico tratamiento estipulado
por la ley 4a. de 1973, con una "renta presuntiva" nominal del
8 por ciento sobre el valor del patrimonio, pero que con los incontables
descuentos y excepciones, queda reducida en muchos casos a menos de la mitad.
Al respecto, el gobierno lopista siguió guiándose por la vieja
"teoría" oligárquica de que a la clase terrateniente,
que evade más del 90 por ciento de lo poco que debería pagar,
según las apreciaciones de la misma comisión Musgrave, no
se le puede fiscalizar, sólo "presuponer” sus utilidades.
La figura jurídica de la "renta presuntiva" es en verdad
un monumento erigido a la lenidad y a la abulia de los gobiernos proimperialistas,
cuando de controlar y vigilar la rapacidad de las minorías explotadoras
se trata. Y las familias de más altos ingresos aprovechan al máximo
los boquetes de evasión, abiertos por los legisladores a sueldo con
el criterio de que el Estado sea sostenido no por las clases a que protege,
sino por las clases a que sojuzga.
5. La ley de aparcería. Destacadísima mención merece
esta medida como la que más refleja la naturaleza antihistórica
del "mandato claro". Recordemos que el señor López
Michelsen para ganarse la simpatía de la clase terrateniente en su
escalada hacia el Poder, prometió que en materia agraria no iría
más allá de donde fueron los cuatro regímenes del Frente
Nacional y, por el contrario, consolidaría la situación prevaleciente.
Y a fe que lo ha cumplido. En cada oportunidad propicia, el presidente liberal
expone su pensamiento acerca de que en el campo colombiano, como acostumbraba
comentarlo Laureano Gómez, no existen problemas de tierras sino de
aguas y otras cosas. Que la producción agropecuaria del país
ha llegado a un grado tal de avance, por un lado, y la propiedad está
repartida tan democráticamente, por el otro, que los agricultores
sólo necesitan técnica, caminos, créditos, abonos,
fungicidas, riego, etc. He ahí la concepción de las clases
dominantes proimperialistas, la cual se conoce con el nombre de "revolución
verde" y consiste en ofrecerle a las masas campesinas cualquier invento,
menos tierra. Desde luego, éstas nunca creyeron en el espejismo de
semejante "revolución" y lucharán por sus tierras
hasta conseguirlas, tras la dirección que ellas mismas descubrieron:
las invasiones a las fincas de los grandes señores. Y no es que los
campesinos desdeñen los adelantos enunciados, sino que con un aguzado
sentido práctico calaron el engaño de los imperialistas y
sus lacayos y se han decidido a empezar por conquistar la base material
de todo progreso en el agro colombiano: la tierra para ponerla a producir,
la tierra que hoy se halla ociosa o escasamente explotada, en manos de los
terratenientes. Ratificando su propia concepción y contrariando el
punto de vista del campesinado, López Michelsen hizo aprobar a pupitrazos
en el Parlamento la Ley de Aparcería. Dicha disposición demuestra
las siguientes realidades: 1) en el campo colombiano hay grandes extensiones
que pertenecen a un grupo reducido de propietarios; 2) estas extensiones
están en lo fundamental explotadas insuficientemente y en forma atrasada;
3) los campesinos con poca o ninguna tierra representan el factor determinante
y principal en la producción de aquellos fundos, y 4) los grandes
propietarios no trabajan y son los únicos beneficiados. Y aunque
la Ley hable de “contrato", a la manera moderna, entre el dueño
y el aparcero, lo que se regula en el fondo es una relación de servidumbre
entre el terrateniente y el campesino sometido. Bajo la corteza capitalista
se esconde la savia feudal. El régimen lopista vuelve a darle expresión
jurídica a esas relaciones que dormitan, desde la época inmemorial
de la colonia, en la estructura misma de nuestra sociedad y satisface así
una vieja aspiración de la clase terrateniente colombiana, que el
Estado le devuelva “legalmente" al siervo de la gleba. Cuando
éste le incomode, el gran señor podrá acudir al inspector
de asuntos campesinos, al alcalde municipal, al inspector de policía,
para que le saque al intruso de sus tierras y se lo lleve con sus huesos
a la cárcel o al cementerio. Pero hay algo aún mucho más
importante: la Ley de Aparcería enseña cómo conviven
en perfecta armonía la dominación neocolonial imperialista
y las formas más atrasadas de producción en los países
oprimidos. Dentro del actual sistema, la técnica, los créditos,
la venta de insumos que anuncian al agro colombiano los imperialistas y
sus intermediarios únicamente cristalizan otros tantos canales para
succionar los frutos del trabajo de las clases campesinas. Los personeros
del "mandato claro" persiguen perfeccionar y eternizar las relaciones
neocoloniales y semifeudales, sin siquiera sospechar en su torpeza ciega
que quienes pretenden detener el carro de la historia corren el riesgo de
perecer bajo su paso arrollador.
6. Plan de "desarrollo" y endeudamiento externo. A fines de 1975
el gobierno se resolvió por fin a presentar un plan de "desarrollo"
como lo hicieron los regímenes anteriores, desde cuando el concepto
de la planificación de la economía por parte del Estado tomó
cuerpo hasta alcanzar luego la categoría de canon constitucional.
Sabemos que al señor López, entre más se desvela porque
su imagen aparezca a todo trance diferente a la de sus antecesores, su sino
trágico lo arrastra a ejecutar las sinfonías inconclusas del
Frente Nacional. En esta ocasión también quiso sentar un precedente
y dispuso que su proyecto de "desarrollo", como no fue costumbre
en el país, antes que el lado económico habría de enfatizar
el contenido "social". Por eso se le bautizó como “Plan
de desarrollo social, económico y regional". Aquí, no
obstante, para saborear el licor tendremos que empezar por destapar el frasco.
En primer término veamos cuán poco era el afecto del presidente
liberal por los planes de desarrollo, a través de una declaración
suya, de la cual no podremos menos de admirar una cosa, la sinceridad. En
su mensaje radiodifundido y televisado del 20 de febrero de 1975, dijo:
"Cuando oigo reclamar, por ejemplo, planes de desarrollo a cuatro o
cinco años, que dizque el gobierno le está debiendo al país,
planes que, por lo demás, se están preparando para ser sometidos
al Congreso, me pregunto, ¿cuántos países tienen un
plan de desarrollo, un derrotero, un rumbo fijo que no están dispuestos
a cambiar? Nosotros que en cierta forma somos dependientes de potencias
económicas considerablemente más influyentes que Colombia,
vemos día a día cómo el gobierno de Estados Unidos,
o el de Gran Bretaña, o el de Francia, o el Japón cambian
de rumbo; hacen, diría yo, piruetas y experimentos a veces hasta
contradictorios. ¿Cómo podríamos pensar, vinculados
como estamos a esos países, en hacer nuestro propio plan de desarrollo
cuando el mundo que nos rodea está dando virajes de 180 grados?".
Esta prenda que nos entrega López Michelsen viene a reforzar el acendrado
convencimiento de la revolución de que Colombia bajo las condiciones
de dominación de las potencias ímperialistas, principalmente
los Estados Unidos, jamás gozará de autonomía para
trazar el curso de su desarrollo económico. Cualquier plan elaborado
en tales circunstancias no servirá más que a los intereses
de los opresores extranjeros y su aplicación práctica estará
en todo momento sujeta a los requerimientos y necesidades de éstos.
Los programas del Estado colombiano para regular la economía del
país, son sólo un remedo de planificación. Aquellos
han estado supeditados por lo general a los préstamos que apruebe
o no apruebe el imperialismo. El plan de "desarrollo" del "mandato
claro" no escapa a la regla. La resistencia inicial del gobierno a
la planificación fue vencida por el hecho de que los organismos financieros
internacionales habían acordado 2.600 millones de dólares
en empréstitos para Colombia. Muchos de ellos, como las partidas
destinadas al rutilante "Plan de Desarrollo Rural Integrado",
motor del programa económico oficial, venían en trámite
desde la administración Pastrana. El plan de desarrollo "social"
es eso, más las estrategias económicas que hemos estado subrayando
en este informe. El pueblo colombiano tendrá que pagar con el sudor
de la frente cada centavo que los paniaguados del imperialismo gasten o
dilapiden de los préstamos, con intereses y todo. Los créditos
que reciban los campesinos estarán destinados a comprar a precios
especulativos las mercancías que únicamente pueden adquirir
de manos de las clases que manejan el capital monopolista de Estado, la
gran burguesía y los grandes terratenientes. Así el plan oficial
no contribuirá a aumentar la producción nacional estancada,
a la que por el contrario golpea, sino que será un programa para
darle salida a los productos de las grandes empresas de los imperialistas
o de las intervenidas por éstos, y para garantizarle a dichas empresas
la distribución subsidiada de alimentos con el objeto de que logren
mantener bajos los salarios de sus obreros. Esta es la pócima que
el régimen continuista desea obligar a beber al pueblo colombiano.
El presidente, también, al respecto, contó el secreto: "el
problema que confronta este gobierno no es tanto producir más sino
consumir más`.
7. Precios elevados y salarios bajos. Pocas veces en la historia de Colombia,
el pueblo ha soportado una racha de alzas en los precios de los artículos
esenciales y en las tarifas de los servicios públicos como en este
tramo de año y medio del gobierno lopista. Las gentes lo llaman el
"mandato caro" o el "mandato de hambre", en irónica
alusión a su lema político propagandístico. Después
de haber recorrido la vastedad de la campaña electoral galopando
sobre la tesis de atacar el mal de la carestía, y mofándose
sin discreción de la "inflación importada” con
la cual el presidente Pastrana explicó la inevitabilidad del desorden
alcista del país como secuela de la dependencia de Colombia a los
mercados internacionales, el señor López sacudió a
los colombianos con la antítesis de que para ordenar la casa existía
una fórmula: elevar los precios. Y procedió a soltarle cuerda
a la cometa, toda la que pidiera. El argumento en el fondo era uno solo:
si la tasa de ganancia no aparecía atractiva para los productores,
las mercancías desaparecerían del comercio por múltiples
desagües y se acrecentaría el costo de la vida. Un círculo
vicioso de nunca acabar. Y entonces, bastó con que los consorcios
petroleros norteamericanos mermaran el ritmo de la producción, para
que el gobierno decretara ahí mismo un alza en los hidrocarburos
y sus derivados, que se irá haciendo efectiva periódica y
automáticamente, hasta una proporción mayor del ciento por
ciento. Esta medida obviamente repercute en cadena en la industria, el transporte,
el comercio y desemboca rauda y arrasadora al consumo directo de las masas,
que son las que al fin y al cabo pagan los platos rotos. Igual cosa ha sucedido
con el resto de renglones: la maquinaria y los repuestos, las materias primas,
los productos agroquímicos, el cemento, la vivienda, las drogas,
el vestido, los alimentos, en una lista sin principio ni final. Las tarifas
de los servicios públicos también se han trepado y seguirán
trepándose, según el presidente, "condicionadas a costos,
algunos de ellos internacionales, que no está en manos del gobierno
reducir". He ahí una versión particular de la "inflación
importada" de Pastrana, como cuando el régimen lopista adopta
determinaciones que arrojan los mismos desastrosos resultados, verbigracia,
al liberar importaciones, ordenar la devaluación progresiva del peso,
equiparar el valor interno de ciertos artículos con el que rige en
el exterior, pagar o amortizar las infladas sumas que las empresas públicas
adeudan a los prestamistas internacionales y elevar los impuestos de valorización
y de ventas. Ese nudo inextricable de la carestía que tiene acogotado
al país, es la consecuencia más característica de la
explotación del imperialismo sobre nuestra nación y, cual
lo pregonamos, sólo el hacha de la revolución de liberación
nacional logrará cortarlo. "No está en manos del gobierno
reducir" esta demoníaca espiral; sus controles no sobrepasan
los límites del DANE, en donde se prefabrican las cifras oficiales
sobre el costo de la vida, conforme a las severas y perentorias indicaciones
de los ministros del despacho, encaminadas a justificar las negativas a
las modestas peticiones de alza de salarios de la clase obrera. Cuando los
precios de los artículos de primera necesidad registran incrementos
de más del 50 por ciento en lapsos menores a un año, el “mandato
claro", dizque para "desacelerar" la inflación y mantener
la "estabilidad”, convino permitir como máxima concesión,
la ridícula relación de un 15% de aumento salarial. Desde
luego el movimiento obrero colombiano no comulga con esta estrategia económica
de precios por las nubes y sueldos y salarios por el suelo. Agobiados por
el hambre, a los obreros les sobrarán motivos para templarse en agudos
combates contra el régimen, como lo hicieron en 1975, no únicamente
con el propósito de defender sus condiciones de vida y de trabajo,
sino de darle a la nación entera una lección de dignidad y
patriotismo.
8. Encarnizada represión contra el pueblo. Si las medidas económicas
del mandato lopista concuerdan con las descritas someramente atrás,
¿su método de gobierno será democrático o antidemocrático?
Una dictadura que actúa así en lo económico, necesariamente
gobernará con los métodos más torvos de represión
fascista. Sólo los ilusos y los oportunistas dudan al responder esa
pregunta. La meta económica del "mandato claro", desde
el primer día en que comenzó a actuar, consistió en
rebosar de garantías y facilidades a los monopolios imperialistas
y a sus lacayos, los magnates de la banca, los grandes terratenientes, los
grandes importadores y comerciantes, los pulpos urbanizadores, es decir,
al puñado de poderosas familias cuya vena fundamental de enriquecimiento
depende en el fondo única y exclusivamente de los favores del Estado.
Un régimen que envalentonado por el resultado de las urnas impartió
la orden de superexplotar a la inmensa mayoría de la nación,
saltándose todas las barreras de la prudencia y el recato, no podría
menos de estar decidido a llegar hasta las últimas consecuencias,
sin importarle el deslustre de su imagen, las tímidas reconvenciones
de sus amigos o la crítica virulenta de sus enemigos. El lopismo
había echado por la calle del medio, dispuesto a partir en pedazos
a quienes discrepasen de su cesárea voluntad y ufanándose
de que dos brazos experimentados, prolongados desde la lejanía de
la fundación de la República empuñaban su guadaña
amenazante: el liberalismo y el conservatismo. Pero muy pronto el fundador
del extinto MRL sopesaría que su fortaleza no era tanta, porque el
pueblo lo amaba menos, mucho menos de lo que le decían sus áulicos
y lo odiaba más, mucho más de cuanto calculaba la oposición.
Y el "mandato de hambre", antes de su primer aniversario, recurrió
a las herramientas represivas predilectas del sistema: el estado de sitio,
los consejos verbales de guerra y la violencia contra los movimientos populares.
¿Sería justo afirmar que tales medidas marcan el viraje hacia
la derecha del régimen? De ninguna manera. Ellas no patentizan más
que la expresión, el resultado, el desenlace concreto, genuino e
inevitable de sus medidas económicas. La explotación neocolonial
y semifeudal de la gran burguesía y los grandes terratenientes proimperialistas
únicamente se sostiene mediante la dictadura fascista sobre las inmensas
masas populares. Por el contrario, si algo vale la pena destacar en el actual
fenómeno político de Colombia son exactamente la prontitud
con que el gobierno se vio precisado a apelar a las vías de excepción,
para medio manejar el desorden y el descontento públicos, y el período
continuo que lleva el país bajo el estado de sitio. De los 16 meses
de mandato lopista, seis acumula gobernando con la férula del artículo
121 de la Constitución, o sea, más de una tercera parte del
tiempo. Los recientes anuncios oficiales acerca de un eventual retorno a
la normalización institucional en las proximidades del debate electoral,
obedecen a los deseos del Ejecutivo de presidir unos comicios, los primeros
que organiza, guardando farisaicamente las apariencias de democracia, como
ha sido costumbre en Colombia durante la realización de esos eventos
amañados y manipulados por las clases dominantes. Este gobierno ha
hecho vertir en año y medio más sangre inocente de hombres,
mujeres y niños del pueblo que en lo que en igual plazo derramara
el último de los cuatro del Frente Nacional, a quien los estudiantes
enardecidos gritaban en las calles: "¡asesino!", "asesino!".
Hay un dicho colombiano, producto de la larga experiencia de las masas,
que expresa: "la justicia es un perro bravo que sólo muerde
a los de ruana". Ninguna otra sentencia mejor para exteriorizar sabiamente
la realidad de los regímenes oligárquicos proimperialistas
entre los cuales descuella por su refinamiento y crueldad éste de
cuyas principales medidas económicas y políticas hemos efectuado
un apretado resumen. La línea política brota y está
supeditada a la línea económica a que sirve. Tanto la una
como la otra del "mandato claro" se distinguen por su efigie antinacional,
antipopular y reaccionaria. Las fogatas de la resistencia popular prendidas
en campos y ciudades, a lo largo y ancho del país, resaltan las siluetas
de esta cruda y ya vieja realidad, pero en sus fulgores se anticipa la aurora
luminosa de la nueva Colombia.
DECLARACIONES DE “AMISTAD TRADICIONAL” A LOS ESTADOS UNIDOS
Deliberadamente hemos dejado para rematar
el análisis de las medidas oficiales con el punto de la política
internacional del gobierno lopista. Para comprender fácilmente el
carácter y la dirección de ésta, empecemos por echarle
una rápida mirada a la situación mundial y al lugar que en
ella ocupa Colombia.
La gloriosa Revolución de Octubre de Rusia, de 1917, inauguró
la época de las revoluciones socialistas proletarias, y desde entonces
el mundo históricamente avanza en medio de agudos conflictos y violentas
tormentas hacia el socialismo. Pero en el planeta dominan las fuerzas imperialistas
que sobreviven gracias a la explotación sobre los países atrasados
y sojuzgados, y entre las cuales se destacan las dos superpotencias, los
Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos dirigentes revisionistas
abandonaron hace rato el camino radiante trazado por Lenin y regresaron
al atajo capitalista. Estas dos superpotencias luchan y se coluden entre
sí por el reparto de la Tierra y personifican las principales amenazas
de la paz mundial. Los movimientos de liberación nacional de los
pueblos coloniales y neocoloniales constituyen el principal frente de batalla
de la lucha antimperialista, y de su culminación victoriosa estará
atento el mundo en los próximos decenios y dependerá el futuro
de la humanidad. Los peligros de que explote o no una nueva conflagración
mundial se hallan íntimamente relacionados al hecho de que los movimientos
de liberación nacional logren o no pasar a la ofensiva y asestar
inicialmente golpes aniquiladores a los imperialistas. En todo caso, como
dice Mao con agudeza, "o la guerra hace estallar la revolución,
o la revolución impide la guerra".
Colombia pertenece a ese grupo de países mayoritarios del Tercer
Mundo y su rol histórico es el mismo. Los prodigiosos avances del
movimiento de liberación nacional los prueban más que nada
los triunfos obtenidos por los tres países de Indochina, en 1975,
prácticamente en forma simultánea. Después de más
de un siglo de guerrear casi ininterrumpidamente contra la dominación
colonialista sucesiva de varias potencias europeas y del Japón, y
a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial contra el
imperialismo norteamericano, Camboya logró por fin su independencia
el pasado 17 de abril, Vietnam del Sur, el 30 del mismo mes, y Laos también
arrancó de cuajo la dominación extranjera, abolió el
sistema monárquico y fundó su república popular, democrática
y soberana, el 3 de diciembre último. Esta es una gran victoria no
sólo de los pueblos del Sudeste Asiático, sino de los pueblos
del globo entero, del movimiento proletario internacional y de los países
socialistas, y ante todo representa un invaluable ejemplo de cómo
los países débiles, si se atreven a empuñar las armas
y perseveran en una línea justa, son capaces de propinar palizas
demoledoras a los imperios más poderosos que osen mancillar sus banderas.
Para los pueblos indochinos se abre ahora la etapa de la construcción
de sus economías, basándose fundamentalmente en sus propios
esfuerzos, cual lo hicieron en la guerra, y luchando para preservar la soberanía
alcanzada a costa de tantos sacrificios. En esa forma el sol de la libertad
no se pondrá jamás en Indochina, mientras las fuerzas revolucionarias
impidan que el tigre se les cuele por la puerta trasera, después
de haber expulsado el lobo por la principal.
El derrotero revolucionario salvador de Colombia, como neocolonia de los
Estados Unidos, es idéntico al resto de países débiles,
atrasados y sojuzgados por las grandes potencias: la lucha prolongada y
persistente hasta alcanzar la liberación nacional y contribuir a
la derrota de las fuerzas imperialistas a escala mundial y al establecimiento
de unas relaciones internacionales erigidas sobre la autodeterminación
de las naciones y en la libre cooperación, mutua ayuda y beneficio
recíproco de los pueblos. Los movimientos de liberación de
las naciones coloniales y neocoloniales, el proletariado internacional y
los países socialistas conforman el más gigantesco frente
de lucha antimperialista, la fuerza colosal revolucionaria irresistible
de la época contemporánea, portadora del progreso y de la
paz. Y Colombia se halla en la primera línea de fuego de ese frente
invencible.
Observemos ahora qué trágicos designios y qué vergonzoso
desempeño pretende para nuestro país el "mandato claro"
con su política internacional. Apoyémonos para ello en pronunciamientos
oficiales del gobierno, producidos al más alto nivel, en tres ocasiones
diferentes. Ante el Cuerpo Diplomático, el presidente López
dijo: "El mundo ha llegado a un momento de su historia, en que ya no
constituye ventaja alguna ser una superpotencia, asumir permanentemente
todas las responsabilidades y soportar el mayor peso de las cargas. Tampoco
es aceptable el papel del país pequeño, desvalido y vulnerable,
fácil juguete de los poderosos. Se amplía cada día
más la gama de naciones que comprenden que su posición intermedia
entre uno y otro polo, las sitúa en condición inmejorable
para esa mediación que evita los extremos abusivos, los actos unilaterales,
las demostraciones de fuerza o las nocivas polarizaciones (...) Colombia
confía en que el influjo benéfico de esta familia de países
aumente cada día reforzada por voces de incontestable fuerza espiritual,
como lo es la del Sumo Pontífice, escuchada con respeto en todo el
universo". Ante el príncipe Bernardo de Holanda, que visitaba
a Colombia, agregó categóricamente: "No queremos la confrontación
entre países ricos y países pobres". Y ante el presidente
Gerald Ford, durante la gira de ocho días que efectuó López
Michelsen por los Estados Unidos, prometió: "En la débil
medida de nuestras fuerzas, señor Presidente, estamos dispuestos
a acompañar a los Estados Unidos, dentro de nuestra amistad tradicional,
a propiciar el cambio, a admitir las realidades, a reconocer derechos, a
la par que asumir responsabilidades, conservando lo que sea digno de conservar
y reconociendo la obsolescencia de lo que debe ser sustituído".
En estas cuantas frases se encuentra concentrado el zumo de la política
internacional del "mandato claro". Con la torpeza de un principiante,
trastocando los valores y armando combinaciones sin juicio ni sentido el
jefe del continuismo procede a colocar a la topa tolondra las fichas sobre
el tablero del ajedrez internacional. Descaracterizando la relación
de las potencias y los países esclavizados, pretende hacernos creer
que aquellas no sacan ninguna ventaja de su condición predominante
y que, por el contrario, soportan "el mayor peso de la carga".
Imaginando una hipotética cuarta posición interpuesta a las
de las naciones opresoras y oprimidas, sueña para Colombia el melancólico
oficio del algodón entre los vidrios. Renegando de los hechos anatematiza
la "confrontación entre los países ricos y los países
pobres", es decir, condena la lucha de los pueblos sometidos por su
emancipación. Y apelando a la tradición obsequiosa de los
gobiernos colombianos frente al amo extranjero, se compromete a respaldar
a Estados Unidos en la tarea de "propiciar el cambio" y amparar
"lo que sea digno de conservar".
¿Qué es lo que el imperialismo aspira a cambiar, y qué
es lo que desea conservar? Lo primero, invertir la tendencia generalizada
de rebeldía y de lucha ascendente de los pueblos, que amenaza con
desquiciar el orden internacional subsistente, según el cual un club
selecto de repúblicas todopoderosas se enriquece y progresa sobre
la depauperación y la indigencia de la mayoría de países
de la Tierra. Lo segundo, mantener intactos el empuje y la supremacía
del imperio, cuya fuerza vital radica cada día más en la expoliación
y el despojo de las naciones que gravitan en su órbita de influencias.
Las únicas realidades que admite el imperialismo son las de su propio
y excluyente beneficio. Los únicos derechos que reconoce son los
del saqueo. Las únicas responsabilidades que asume son las de la
fuerza bruta. Por ninguna consideración subalterna a Colombia le
conviene esta política, no sólo porque su natural solidaridad
está de lado de la causa de miles de millones de seres del planeta,
sino porque sus intereses internos chocan antagónicamente con la
vandálica usurpación de los monopolios imperialistas. Colombia
forma parte entrañable del movimiento liberador de los pueblos de
Asia, Africa y América Latina, con los que coincide y se apoya mutuamente
en sus luchas por la independencia económica y la emancipación
política. Cualquier otra invitación a construir bloques intermedios,
además de la traición que aquello implica a los legítimos
anhelos de soberanía y libertad de nuestro país, en la práctica
significa un intento de abierto y descarado respaldo a las fuerzas imperialistas
que actualmente afrontan dificultades enormes e insolubles contradicciones
a causa del auge de la revolución mundial.
Puesto en la alternativa de escoger entre la línea pregonada por
el "mandato claro" de auxiliar a los Estados Unidos y a todo lo
que éste simboliza como nación imperialista decadente, por
una parte, y la política popular y democrática de independencia
y decoro nacionales, defendida por el MOIR y el resto de fuerzas revolucionarias
y patrióticas, por la otra, el pueblo colombiano no dudará
en tomar partido a favor de esta última. En ella va involucrada la
suerte de Colombia como la única solución posible a la grave
crisis que atraviesa.
LA CAUSA DE LA CRISIS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA
La crisis yacente en Colombia data de muchos
lustros atrás y es más antigua de lo que algunos piensan.
Las nuevas generaciones la recibieron en sucesión intestada pero
forzosa de parte de sus mayores, así como éstos la habían
heredado de sus antepasados.
A raíz de los enviones del naciente imperialismo norteamericano,
a fines del siglo pasado y comienzos del presente, que tuvieron como prólogo
la secesión de Panamá de Colombia, con la cual los Estados
Unidos se facilitó la construcción del Canal que lleva por
nombre el de la joven y hermana República, nuestro país pasó
a convertirse poco a poco en neocolonia de la potencia del norte. Norteamérica
comenzaba a forjar un imperio que llegaría a ser el más grande
de la Tierra y hacía los primeros ensayos expansionistas apoderándose
de las naciones patriarcales de América Latina que tenía al
alcance de su sable y a las que desde entonces considera como su coto privado
de caza. La presencia del imperialismo norteamericano en nuestro suelo repercutió
notoriamente en su fisonomía. En el fondo significó un cambio
brusco y radical de la situación económica y política
de la Colombia aldeana y feudal. Dos fenómenos contrapuestos se dieron
simultáneamente. De una parte, se aceleró el proceso que evolucionaba
lento y gradual de la descomposición de la economía natural
del país y éste fue vinculándose más plenamente
al torbellino del mercado internacional, por medio de los miles de conductos
que le proporcionaban los imperialistas norteamericanos. Protegido por el
nuevo clima el capitalismo colombiano principió a florecer. Este
es un fenómeno que podemos calificar sin duda de favorable, ya que
Colombia terminaría por romper el aislamiento tanto a nivel parroquial,
en lo interno, como a escala mundial, en lo externo, proceso que apenas
si despuntó en el siglo XIX en sus relaciones comerciales con el
capitalismo europeo y arrancaba por fin en firme la producción moderna
de tipo capitalista, que desenfundó en el escenario nacional a las
dos clases recién formadas, el proletariado y la burguesía
colombianos, con sus alforjas repletas de ideas, inquietudes y contradicciones
distintas a las que había conformado la pesada atmósfera del
medioevo de la República, desde su alumbramiento, el 20 de julio
de 1810. De otra parte, el imperialismo norteamericano inauguraba la tétrica
historia del robo de nuestros recursos naturales y de la incautación
de los frutos de nuestro trabajo. Este fenómeno es tremendamente
negativo.
Pronto el poderío de los Estados Unidos llegó a su edad dorada,
sacándole tajada a los problemas de las potencias capitalistas que
tenía en frente y a los dos conflictos bélicos mundiales,
brotados ambos en la primera mitad del siglo XX. A medida que aumentaba
su fortaleza el imperialismo norteamericano iba hundiendo con mayor saña
sus garras en las carnes de las naciones latinoamericanas y particularmente
de Colombia. En esa forma el aspecto negativo terminó agigantándose,
mientras que al capitalismo nacional le resultaba cada vez más difícil
desenvolverse tras la rapiña y desigual competencia de los monopolios
internacionales, que le succionaban o encarecían las materias primas
básicas, le dominaban omnímodamente sus mercados y utilizaban
la técnica como un ariete para tomar la plaza o desvencijar sus débiles
fortificaciones. Lo que en los orígenes fuera un vivero para su nacimiento
y posterior desarrollo se trocó muy pronto en un desierto hostil.
Desde entonces el capitalismo nacional se ha visto en una situación
de enorme inferioridad, desplegándose escasamente, a troncas y a
mochas, en especial durante los períodos de ciertas dificultades
del imperialismo y cuando por ello se hace menos intensa su influencia sobre
el país. El paulatino estancamiento de la producción nacional
y la ruina progresiva de las grandes masas populares se hallan determinados
por esta relación neocolonial de sojuzgamiento externo. Los bienes
y la mano de obra de los colombianos no coadyuvan a la prosperidad y al
progreso de la nación, sino que se encuentran al servicio exclusivo
del enriquecimiento de los monopolios extranjeros. He ahí la causa
principal y decisiva de la crisis de Colombia: la explotación y opresión
del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, su única salida real
será la revolución de liberación nacional. En las condiciones
históricas vigentes de Colombia, la acertada defensa y la lucha consecuente
por la independencia y soberanía del país, definen por sobre
cualquier otro aspecto accesorio la naturaleza revolucionaria de una clase
o de un partido. Al igual que las "teorías” soluciones
y estratagemas proclamadas por la reacción, junto con su práctica,
se distinguen por sus consecuencias desastrosas y dañinas en las
fuerzas productivas, las posiciones ideológicas y programáticas
de las fuerzas revolucionarias colombianas, y su acción política,
repercuten benéficamente en el desarrollo de la producción
nacional.
Dentro del MOIR hay camaradas que aún no han logrado asir la esencia
económica de la crisis nacional como una crisis de estancamiento
del capitalismo colombiano. Admiten el freno en términos absolutos
de la producción nacional, como un hecho aplastante e innegable de
la vida del país, pero no comprenden que la única forma de
desarrollo de las fuerzas productivas bajo el actual régimen neocolonial
y semifeudal es la capitalista. Eso por una parte, y por la otra, confunden
las características diametralmente diferentes de la crisis de Estados
Unidos, como nación desarrollada opresora, y de Colombia, como nación
subdesarrollada oprimida. Ambas crisis lo son porque afrontan problemas
de paralización de las fuerzas productivas, pero por razones inversas.
Estados Unidos padece de superproducción, de saturación de
sus mercados, de falta de salida para sus mercancías y capitales.
La ciencia, la tecnología, la organización administrativa,
la proliferación en suma de los medios materiales productivos han
llegado allí a un estadio tal de progreso y perfeccionamiento, que
las relaciones de propiedad individual capitalista, expresadas en la gran
concentración monopolística, se constituyen en trabas infranqueables
para la expansión de dichos medios productivos. Pero el imperialismo
resuelve temporalmente su crisis explayándose por el mundo, apoderándose
de naciones enteras y compitiendo en esta bárbara conquista con los
demás países y grupos imperialistas. A donde vaya lo acompañará
el espectro de la guerra, a la que recurre sin contemplaciones, ya sea para
desplazar a las otras potencias contendientes o para apabullar a los pueblos
colonizados. Con estos métodos "civilizados" de la bota
puesta sobre el cuello de sus víctimas, el imperialismo se proporciona,
como arriba señalamos, materias primas para sus industrias, mercados
para sus productos y áreas de inversión para sus capitales.
Por consiguiente, su consigna de combate ha sido y seguirá siendo
la de desalojar a la competencia, provenga de donde proviniere, para consolidar
y ampliar sus dominios. De ello y sólo de ello depende su existencia.
En los países que oprime apuntala las formas más atrasadas
de producción y quiebra o interviene las industrias más avanzadas
y promisorias. En Colombia, por ejemplo, los grupos monopolistas norteamericanos,
a la par que le aconsejan al país auspiciar y patrocinar las formas
de producción artesanales y que requieren “poca técnica
y mucha mano de obra", como el paradigma supremo de desarrollo, sustentan
el caduco régimen de explotación terrateniente en el campo
y se entrelazan para los negocios y para la política con las clases
parasitarias colombianas, la gran burguesía y los latifundistas.
La crisis de Colombia es de atraso, de atrofia de las distintas ramas productoras
de bienes industriales y de consumo, de falta de ciencia, de técnica,
de incipiencia en suma de los medios materiales productivos. Los valladares
para el acrecentamiento de dichos medios productivos son las relaciones
neocoloniales de subyugación externa y el régimen de explotación
terrateniente. Por ello sólo la revolución de liberación
nacional y democrática conseguirá remediar la crisis del país,
una revolución que nacionalice todos los monopolios imperialistas
y colombianos y confisque la tierra de los grandes terratenientes y se la
entregue a los campesinos que la trabajen. Dentro de la situación
prevaleciente en Colombia no todas las formas de propiedad individual de
los medios de producción son causa de su crisis, a diferencia de
lo que acontece en la metrópoli. Aquí únicamente la
apropiación monopolística y la terrateniente materializan
los obstáculos inexpugnables para el desarrollo de la nación.
Las fuerzas productivas no han llegado todavía en nuestro país
a un punto de auge y prosperidad como para que se vean obligadas a romper
la camisa de presión de toda forma de propiedad capitalista. Las
potencias imperialistas sufren de exceso de capitalismo, Colombia de carencia
de él. Este es el aspecto contradictorio de las dos crisis. Cuanto
más profunda sea la crisis del imperialismo, más impelido
se encuentra a descargarla con el máximo rigor sobre los hombros
de los países sometidos, con la secuela de que precipita la crisis
de éstos, a los cuales coloca irremisiblemente al borde de la revolución.
Ahí el lado flaco, la encrucijada, el atolladero, el eslabón
débil de la cadena imperialista: los monopolios cada día dependen
más de sus colonias y neocolonias y éstas cada día
sienten más la necesidad y la atracción por la liberación.
El proletariado de las grandes potencias tiene en los movimientos de liberación
nacional a un aliado fundamental en sus luchas por la emancipación
y el socialismo.
Las tendencias pequeñoburguesas de inspiración trotskista
analizan y entienden la crisis de Colombia de un modo completamente diferente.
Para esas agrupaciones políticas la producción nacional capitalista
como la presencia del imperialismo encarnan igualmente un escollo inabordable
para el progreso y el avance de la nación. La propagación
en nuestro territorio del capitalismo imperialista mediante nuevas inversiones
o a través del acaparamiento por parte de éste de las industrias
ya establecidas, corren a calificarlo de desarrollo del capitalismo, sin
distinguir entre el control cada vez más acentuado de los monopolios
extranjeros sobre los mercados colombianos y la adversa situación
resultante que arrincona y estrangula a los productores nacionales. Teorizan
acerca de la viabilidad del proceso capitalista en términos generales,
sin intuir que la base económica de nuestra revolución estriba
precisamente en la imposibilidad de este desarrollo nacional bajo las relaciones
neocoloniales y semifeudales existentes. 0 al contrario, reciben sin beneficio
de inventario la propaganda de la reacción sobre los logros y prosperidad
del "capitalismo colombiano", ignorando que la ley suprema de
cualquier revolución, o sea el tránsito de un régimen
social de producción a otro, se impone dónde y cuándo
el antiguo régimen se transforma en un freno a la producción
de los bienes materiales esenciales para la subsistencia de la sociedad
y no en otro lugar ni antes que el caduco sistema haya agotado todas las
posibilidades de crecimiento de sus fuerzas productivas. Y en Colombia progresa
el capitalismo del imperialismo, lo comprobamos diariamente, pero en detrimento
del desarrollo nacional. Y como corolario a sus concepciones ideológicas
y programáticas aquellas tendencias convocan al pueblo colombiano
a realizar la revolución socialista y no la revolución nacional
y democrática y llaman a combatir contra toda forma de propiedad
capitalista en lugar de propiciar la unidad de las clases y capas antimperialistas
en la gran cruzada por la independencia y soberanía de la nación
y por la construcción de un régimen democrático que
siente los pilares económicos y políticos de la futura sociedad
socialista. La posición del trotskismo colombiano en la práctica
se interpone a la referida alianza de las distintas clases y fuerzas revolucionarias
y democráticas y beneficia al imperialismo y a la reacción.
Alrededor de estas cuestiones fundamentales de la revolución colombiana
el MOIR ha adelantado una enconada discusión con el oportunismo de
derecha y de “izquierda". Sin embargo, tales batallas ideológicas
no han sido suficientes para proporcionar la claridad necesaria adentro
como afuera de nuestro Partido. Se hace indispensable redoblar los esfuerzos
en dicho campo estudiando y profundizando la teoría de la revolución
de nueva democracia, así como sistematizando las experiencias de
los últimos años en la confrontación de nuestra línea
estratégica con las peculiaridades concretas económicas y
políticas del país, conscientes de que a ello se encuentra
subordinado el porvenir y la conducción de la revolución colombiana.
Las medidas antipatrióticas y retardatarias del gobierno lopista
y sus catastróficas consecuencias en la economía nacional
nos facilitan el ejemplo vivo magistral, más cercano y acabado, de
cómo, por un lado, la dominación del imperialismo sobre las
naciones subdesarrolladas es la causa principal y determinante de la crisis
y anquilosamiento de sus economías y de cómo, por el otro,
una política traidora tendiente a franquearle las puertas de nuestro
territorio patrio a los saqueadores de la era moderna, está de antemano
desahuciada y tan pronto como se pone a funcionar cae sin salvación
en el más estruendoso descalabro. Su bancarrota radica en que concita
contra ella la cólera de la aplastante mayoría de la nación,
no sólo de los obreros que tienden por naturaleza de clase al socialismo,
sino de los campesinos que exigen para sí la tierra que le expropien
a sus expropiadores, de los pequeños y medianos productores y comerciantes,
de los estudiantes e intelectuales y de todas las personas patrióticas
y democráticas. La debilidad de la reacción es la fortaleza
de la revolución, y viceversa, en la medida que ésta aparezca
incapacitada para fraguarse la coraza de la unidad del pueblo a aquella
le mermará el espanto.
Oímos frecuentemente la afirmación de que "nadie es profeta
en su tierra’’, con lo cual se quiere connotar que sólo
hacen carrera las gentes exóticas procedentes de otras latitudes,
así propalen las ideas más descabelladas, confusas y extrañas.
En cambio son objeto de mofa por parte de sus coterráneos quienes
se atreven a opinar libremente, sin mediar para nada el hecho de que los
planteamientos que se esgriman sean o no convincentes, inteligibles y correctos.
En cierta forma esto le ha sucedido a la revolución colombiana. Hasta
ahora únicamente hicieron carrera las tesis descabelladas, confusas
y extrañas de las clases dominantes que defienden los exóticos
intereses de los neocolonizadores imperialistas. Aunque la edad de los pueblos
se mide por decenios y siglos nuestra revolución ha tardado en crear
una corriente política definida y acatada por las amplias masas.
Semejante corriente política revolucionaria corresponde alentarla
a la clase obrera en su calidad de comandante del proceso revolucionario,
aprovechando las condiciones objetivas favorables que se palpan de continuo
en las violentas erupciones de la crisis que calcina las entrañas
de la sociedad que ha jurado mil veces destruir. El quid de su éxito
se funda en la consecuencia y acierto con que entienda y aplique la línea
unitaria de frente único de todas las clases y capas revolucionarias.
Nuestro proletariado quebrantará, a través de su partido,
una inveterada tradición colombiana y nos convencerá a todos
de que sí será "profeta en su tierra".
APROVECHEMOS AL MAXIMO EL DEBATE ELECTORAL
Se fijaron ya los edictos con la citación
de las elecciones de 1976, lo que podría considerarse como un lujo
que se da la oligarquía colombiana, habida cuenta que, no obstante
el reiterado uso de las medidas de excepción del artículo
121 de la Constitución, del toque de queda, de los consejos verbales
de guerra y otros procedimientos más drásticos, y gracias
a ello, ha logrado sostener la continuidad institucional desde el golpe
de Estado que depuso al general Rojas Pinilla, y sobre todo si se compara
la situación de Colombia con la orquestación militarista de
la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Pero esto no
quiere decir ni mucho menos que la dictadura liberal-conservadora proimperialista,
que mantiene sumido al pueblo colombiano en la más despiadada esclavitud,
esté pasando su mejor momento. Las violentas erupciones de la crisis
de que habláramos en el capítulo precedente han trastornado
todo el orden tradicional y la sociedad colombiana muestra síntomas
evidentes de una descomposición supremamente aguda que, por más
que se esfuercen las clases dominantes, resulta imposible de ocultar. Y
no lo logran porque ellas han sido las primeras en contagiarse de la epidemia
contra la cual dicen combatir.
En los escalones más encumbrados y distinguidos de estas clases sólo
reina una preocupación, algo que se ha tornado en una obsesión
incontrolada, más grande que ellas mismas e infinitamente superior
a su propio instinto de conservación: el apetito desordenado de atesorar,
de centuplicar sus millones, pero centuplicarlos de la noche a la mañana,
a como dé lugar, con el agio, la extorsión, la especulación
y los medios más desenfrenados y turbios, que son, a la vez, los
menos riesgosos y más lucrativos. En ese loco afán los detentadores
del Poder han arrastrado hacia el prevaricato, el peculado, la concusión,
el cohecho y las otras infracciones contra la administración pública
que tipifica el código penal burgués, a todo el andamiaje
burocrático del Estado, desde el más alto sitial de la rama
ejecutiva hasta la oscura y lejana inspección de policía.
No es raro en estos tiempos, por ejemplo, enterarse las gentes por la prensa,
en medio de fenomenal escándalo, cómo una de las familias
más poderosas perteneciente a la mitad conservadora del gobierno,
acusa al presidente de la República que sus hijos se están
enriqueciendo a costa del erario y como éste, con la misma moneda,
responde destapando el tráfico de influencias y los favores de los
organismos oficiales en las transacciones comerciales de los descendientes
de sus acusadores. Y de ahí para abajo. El sector público
es un campo minado de defraudaciones al fisco, de negocios de toda condición
y tamaño, de menesteres ilícitos. Antier se destituyó
a un funcionario al que se le comprobó un faltante que no pudo tapar,
ayer se denunció a un gerente de un instituto descentralizado por
pérdidas de varios millones de pesos que no supo explicar, hoy los
tribunales detienen e investigan al que fuera no hace mucho el máximo
fiscalizador de los gastos del Estado, mañana le corresponderá
el turno a un exjefe del Departamento Administrativo de Seguridad.
La corruptela de las minorías gobernantes no sólo ha invadido
la esfera estatal, sino que se ha extendido como una gran mancha de aceite
a todas las actividades de la vida social. Los pequeños imitan a
los más grandes y por doquier proliferan las mafias, organizadas.
El secuestro se convirtió en una industria próspera, junto
con los estupefacientes, el juego, la prostitución. El país
terminó siendo modelado a la imagen y semejanza de los hampones del
capital imperialista. Y cuando las normas que rigen las relaciones de los
grandes monopolios se vuelven de usanza generalizada y aún las capas
más aristocráticas y refinadas de una sociedad como la nuestra
se lumpenizan, la situación se torna incontrolable. Hasta los sectores
más privilegiados y guarnecidos tras la empalizada de bayonetas se
sienten inseguros. La descomposición social culmina amenazando a
las clases dominantes, lo cual es el principio del fin, porque las sociedades
a diferencia de lo que acontece con los animales se descomponen antes de
morirse. Una idea de lo que está sucediendo a estas clases bien puede
dárnosla las siguientes palabras de Alberto Lleras, quien, anonadado
por el horrible mundo que en cierta forma ayudó a engendrar, exclama:
"¿Cuándo volverá el hombre a ser, como querían
los ingleses que fuera, el señor en su castillo entre los muros de
su casa, protegido por las leyes, por los ejércitos, por la fuerza
de los Estados contra cualquier acto de vandalaje?". En medio del caos
y del pánico a las clases dominantes colombianas sólo les
queda el alivio de añorar el pasado, ya que temen al futuro, el cual
por primera vez en la historia de nuestro país pertenece a las masas
populares que nunca estuvieron presentes a la hora del reparto de los beneficios,
pero que son las verdaderas creadoras de todo lo grande, respetable y digno
de rescatar de la sociedad que languidece.
A pesar de la ventisca anarquizante y disolvente que azota a la sociedad
colombiana, a la clase obrera le sobrará la fuerza moral para sobreponerse,
organizar las huestes dispersas del pueblo y al frente de ellas avanzar
en oleadas contra sus tradicionales enemigos. Entre más rápida,
desgarradora e irreversiblemente evolucione la crisis en que se debaten
las minorías opresoras, más alentadoras, claras y cercanas
aparecerán las perspectivas de la revolución. Contradiciendo
los iniciales vaticinios de la coalición oligárquica y de
sus turiferarios de la oposición, el primer tercio recorrido del
actual régimen ha registrado duras y agudas batallas populares que
apuntan directamente contra el frontis del "mandato claro” de
un vigor y una magnitud como no las padecieron para expiar sus faltas los
gobiernos anteriores. El proletariado arrojó al suelo y pisoteó
el "contrato social” que López Michelsen llevó
redactado y en papel de oficio a la "comisión tripartita",
el 14 de septiembre, por el cual se pretendía comprometer a los sindicatos
a incrementar la cuota de "sacrificio", es decir, a decuplicar
el hambre de sus afiliados en pro de los éxitos económicos
del continuismo. Decenas de miles de obreros levantaron las carpas de huelga
e izaron los pendones rojos frente al desteñido, estandarte bicolor
de la alianza liberal-conservadora. Y al lado de ellos los maestros, los
bancarios, los estudiantes, los pobres y oprimidos todos de Colombia manifestaron
sus protestas encendidas en las más diversas formas de pelea. También
los campesinos prosiguieron en sus empeños revolucionarios de proporcionarse
la tierra a que tienen derecho, invadiendo las fincas de los grandes terratenientes
y sus luchas ganan todos los días las simpatías y el apoyo
de las otras clases y estamentos antimperialistas y democráticos
de la nación. En el gran caudal de la rebeldía popular sobresalen
por su carácter ampliamente masivo, su firmeza, su beligerancia,
su novedad y su iniciativa creadora, los paros cívicos de las pequeñas
y grandes ciudades. En el último y más importante de estos
movimientos, el de Bucaramanga, por ejemplo, cientos de miles de personas
se levantaron y pusieron en jaque al gobierno durante ocho días,
desde los destacamentos organizados de la clase obrera santandereana, que
fueron en la práctica los orientadores de la batalla, hasta las amas
de casa que salieron con sus cilindros de gas vacíos a taponar las
calles. Y así por todas partes las masas no menospreciaron oportunidad
para exteriorizar su descontento contra la carestía desatada, el
acaparamiento, la escasez, las alzas periódicas de los precios de
los artículos de primera necesidad y de las tarifas de los servicios
públicos, el aumento a los gravámenes a las ventas, los impuestos
de valorización y demás argucias que se ingenian los prominentes
estadistas lacayunos del imperialismo para trasquilar los miserables presupuestos
familiares de los sectores populares.
Bajo el gran alud de huelgas, paros cívicos, marchas de protesta,
manifestaciones ilegales y luchas varias, fertilizadas con la sangre de
centenares de combatientes populares vilmente asesinados, ha quedado sepultado
el único deseo insatisfecho del lopismo: "El cambio que hemos
prometido queremos adelantarlo en medio de la calma política y el
consenso". El pecado fue de ingenuidad. Cuando el 21 de abril de 1974
se eligió por primera vez en 16 años un presidente que no
era producto de la norma constitucional de la alternación, quedó
realizado el cambio que este gobierno podría cumplir en relación
con los anteriores del Frente Nacional, porque en las gavetas de San Carlos
le aguardaban para el trámite de rigor los decretos frentenacionalistas
que los predecesores de López Michelsen no alcanzaron, no pudieron,
o simplemente no quisieron poner en vigencia. Por ahí, precisamente
por ahí, debía empezar su gestión transformadora el
"mandato claro", al día siguiente de la posesión.
Tan pronto la mayoría del pueblo colombiano descubrió la engañifa,
notificó a través de vibrantes mensajes callejeros que sí
habría "consenso nacional”, pero de repudio y condena
a la estrategia oligárquica proimperialista del régimen, así
fuese al precio de desafiar las furias exacerbadas del continuismo y de
romper la “calma política" que éste ilusionaba
preservar. En medio de la intranquilidad, la conmoción, la piedra
y el desorden, la buena estrella del lopismo comenzó a descender,
sin haber cubierto siquiera la mitad de la jornada. Y sobre su cabeza aturdida
aletean ya los primeros pleitos de la disputa anticipada de la sucesión
presidencial, de las contradicciones surgidas en el seno de la coalición
bipartidista y de la partición por tres de su Partido Liberal.
Con ese gran telón de fondo de la crisis económica, de la
descomposición social y de la bancarrota del "mandato claro"
se van a celebrar las elecciones de 1976. Esta batalla para las fuerzas
revolucionarias se llevará a cabo en circunstancias verdaderamente
favorables, en comparación a las de 1974. En aquel entonces, tras
la emulación por la conquista de la Presidencia, los liberales y
conservadores unidos en lo esencial, atizaban los sentimientos sectarios
del bipartidismo tradicional y fomentaban las esperanzas de reformas "pacíficas"
y "legales" a un pueblo que llegaba desesperado con cuatro cuatrienios
del Frente Nacional a sus espaldas; y en especial el liberalismo que, después
de continuas escaramuzas intestinas, se encontró de improviso agolpado
alrededor de un candidato con historial disidente, como para mostrar, y
que disertaba no sólo sobre su linaje presidenciable sino sobre sus
hazañas del MRL. En 1974 la oligarquía logró pasar
a la ofensiva. Hoy el lopismo se bate en retirada. Le ha tocado iniciar
la prematura defensa de su obra de gobierno y explicar por qué no
dan o no darán frutos positivos la reforma tributaria, la "estabilización",
los correctivos contra el alto costo de la vida. A lo que se agregan las
divisiones y subdivisiones del Partido Liberal, acéfalo de una directiva
o un caudillo con autoridad que impida su disgregación, y cuyos grupos
y matices, alucinados todavía con los tres millones de votos de 1974,
se arrebatan el botín electoral parados sobre un barril de pólvora.
Desde este ángulo la situación es favorable y las fuerzas
revolucionarias están en condiciones de tomar la iniciativa por lo
menos en un punto clave: la denuncia beligerante del "mandato de hambre",
con todo lo que éste ha simbolizado como genuina expresión
de la política antinacional, antipopular y antidemocrática
de la alianza burgués-terrateniente proimperialista. Desde luego
las fuerzas revolucionarias, y particularmente el MOIR, no deben perder
de vista el hecho de que en este tipo de debates, manipulados por las clases
dominantes, éstas seguirán contando con el monopolio sobre
los principales medios de difusión y con el poder determinante del
Estado para nombrar los funcionarios que organizan los comicios, los vigilan
y cuentan los votos, lo cual les proporciona la ventaja decisiva. No obstante,
aprovechemos al máximo el debate electoral, empezando por el mismo
desenmascaramiento de la farsa democratera, de las elecciones convocadas
por el sistema, como lo hicimos antes, pero aprovechémoslo sobre
todo para expandirnos, para vincularnos estrechamente a nuevos y más
amplios sectores de masas, sin excluir a los menos avanzados, con el objeto
de difundir nuestro programa revolucionario, consolidar nuestra fuerza y
prepararnos para las luchas que nos deparará la aplicación
de la línea acertada de nuestro Partido.
GRANDES EXPERIENCIAS Y CONSIDERABLE AVANCE
Con las elecciones que se avecinan el MOIR
participa por tercera vez consecutiva en una campaña electoral, en
un lapso apenas de cuatro años. Durante este breve período
se han sucedido cambios que podemos calificar de trascendentales y altamente
positivos en el horizonte político de nuestro Partido. En 1972, cuando
tomamos la determinación de abandonar la posición infantil
abstencionista, nos lanzamos a librar un tipo de lucha que desconocíamos
por completo y dentro de unas circunstancias de extrema debilidad, cercados
como nos hallábamos no sólo por las fuerzas de la alianza
bipartidista gobernante, sino por la ANAPO y el Partido Comunista que interpretaron
nuestra decisión de ir a las elecciones cual una declaratoria de
guerra y como si presintieran en nuestra organización partidaria
un insospechado peligro para sus planes futuros. A estos embates se sumó
el enjambre de grupos de la pequeña burguesía intelectual
que no nos perdonaban la condenación radical, de principios, que
con nuestra autocrítica y nuestra conducta hacíamos del abstencionismo.
En aquella ocasión llevamos a la práctica una línea
de alianza con un reducido sector desmembrado del rojismo y con pequeñas
agrupaciones locales en algunos departamentos. Los resultados fueron a pesar
de todo satisfactorios. Aunque no alcanzamos posiciones relevantes en asambleas
ni concejos, para los cuales se votó en 1972, salvo en uno que otro
municipio apartado y que no pasaron de una docena, el MOIR sacó a
limpio dos trabajos de significación: el uno, haber logrado extenderse
a casi todo el país, exceptuando tres o cuatro departamentos y los
territorios nacionales, y el otro, vincularse a ciertos frentes de masas
de obreros y de campesinos a los cuales hasta entonces no había tenido
forma de llegar. En todo caso empezamos a romper el cerco político
en que nos encontrábamos.
Para las elecciones de 1974, después de un análisis de los
cambios presentados en la situación y evaluando correctamente tanto
la contraofensiva de la coalición liberal-conservadora que se veía
venir para el debate de aquel año, como el hecho de que se trataba
de una campaña presidencial en la que además se "elegirían"
no sólo diputados y concejales sino representantes y senadores, nuestro
Partido planteó la necesidad de la consigna de la construcción
de un frente electoral de izquierda. El frente lo constituímos con
una fracción disidente de la Alianza Nacional Popular, el Partido
Comunista y varias agrupaciones políticas de provincia, bajo la denominación
de Unión Nacional de Oposición. Esta batalla terminó
en una victoria relativamente importante si se tiene en cuenta la adversa
y desproporcionada correlación de fuerzas que mediaba entre la UNO
y los partidos tradicionales. El MOIR, por su parte, avanzó considerablemente
en su propósito de extenderse y vincularse a las más amplias
masas populares y obtuvo varias curules en las corporaciones públicas,
incluyendo una principalía en la Cámara de Representantes
y en cada uno de los concejos de las ciudades capitales de Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, Pereira y Pasto.
No obstante el número diminuto de puestos ganados en dichas corporaciones,
a partir de ese momento al MOIR se le abría otra trinchera en una
actividad que le era igualmente ajena: la acción parlamentaria en
el Congreso Nacional, en asambleas y concejos. La orientación básica
consistió en convertir las posiciones adquiridas en tribunas de denuncia
de todas las fechorías y vilezas que las clases dominantes perpetran
contra el pueblo, prevalidas de su despótico Poder. Muy lejos de
proporcionarse con cabildeos o tejemanejes el visto bueno y la bendición
de las mayorías parlamentarias oficialistas, a nuestros camaradas,
en ínfima minoría a veces de uno contra todos, les correspondió
en aquellas instituciones iniciar el desenmascaramiento del fiasco histórico
del continuismo, chocando incluso con personeros de la oposición
y los aliados de la UNO que guardaban recónditas y no disimuladas
esperanzas en algunos aspectos "progresistas’ del "mandato
claro". El estilo revolucionario de la acción parlamentaria
del MOIR le permitió apoyar las luchas del pueblo en pequeñas
y grandes ciudades y ponerse a la vanguardia de muchas de ellas de manera
oportuna y eficaz. El crecimiento de nuestro Partido, su extensión
a nivel nacional, su vinculación progresiva a las masas y sus avances
ideológico y político, durante este último período,
se deben primordialmente al acierto con que supo resolver la utilización
de la lucha electoral y la acción parlamentaria. En cierta forma
y en relación con los máximos objetivos revolucionarios que
perseguimos, la decisión táctica de ir a las elecciones aparecía
en 1972 como un gran retroceso. Pero descubrimos algo de enorme valía:
el partido de la revolución habrá de ponerse en todo momento
a tono con la revolución. Siempre impulsando, rompiendo brecha, señalando
el rumbo: nunca a remolque de ella convertidos en lastres de la lucha de
nuestro pueblo, ni demasiado adelante como para que las masas no nos identifiquen,
ni nos comprendan, ni nos sigan.
La participación del MOIR en la lucha electoral se ha caracterizado
por las alianzas que concertó tanto en 1972 como en 1974, con agrupaciones
políticas de envergadura nacional y regional. En ambas oportunidades
integramos con nuestros aliados frentes con dirección compartida
y programa común. Siguiendo una línea leninista de principio
de ir a las elecciones para abrirle paso a nuestro programa, y no al contrario,
de hacer un programa para abrirle paso a nuestra participación electoral,
los puntos programáticos acordados fueron invariablemente en lo fundamental
los de las reivindicaciones económicas y políticas de la revolución
de nueva democracia, una revolución nacional y democrática
contra el imperialismo norteamericano y sus lacayos colombianos, la gran
burguesía y los grandes terratenientes, realizada por la alianza
de todas las clases revolucionarias y dirigida por el proletariado. La práctica
demostró la justeza de formalizar tales frentes alrededor de una
orientación revolucionaria. En condiciones de enorme dificultad conseguimos
cumplir con las metas proyectadas, concentramos el ataque en los enemigos
principales, ganamos amigos, neutralizamos a fuerzas intermedias y especialmente
propagamos la idea de la urgencia estratégica de la construcción
del frente único antimperialista, la cual es acogida cada día
con mayor entusiasmo por las masas y las organizaciones de avanzada.
¿En la campaña electoral de 1976 qué posibilidades
hay para la aplicación de nuestra línea unitaria y creación
de un frente como lo hicimos en el inmediato pasado? Antes de responder
a esta pregunta es preciso señalar las particularidades más
demostrativas de la situación política actual.
En primer lugar, la coalición liberal-conservadora gobernante afronta
múltiples aprietos, debido al fracaso del "mandato claro".
López Michelsen ha empezado su defensiva política y, por ende,
recurre a la represión violenta para sobreaguar en el temporal, lo
cual le merma visiblemente iniciativa en esta campaña electoral que,
quiéranlo o no los partidos tradicionales, girará en un sentido
u otro en torno a la obra de gobierno del continuismo. En el bando opuesto,
el MOIR salió por completo del cerco político tendido a principios
del período anterior por las más variadas fuerzas enemigas,
triplicó sus efectivos, consolidó la cohesión, la unidad,
la disciplina y la eficacia de sus filas y se encuentra en capacidad de
realizar su debate electoral en todo el país, incluyendo algunos
territorios nacionales. No tenemos pues, como en 1974, la disyuntiva apremiante
de que o constituíamos un frente electoral de izquierda o no podíamos
garantizar ningún éxito en las elecciones. Sin embargo, desde
el punto de vista general de las grandes necesidades que encara la revolución
colombiana y de la probabilidad de propinarle una contundente derrota a
la reacción, nuestras fuerzas continúan siendo débiles
y un frente revolucionario, ahora, acrecentaría notablemente nuestras
perspectivas halagüeñas.
En segundo lugar, el Partido Comunista se negó rotundamente a discutir
los problemas y contradicciones surgidos en la UNO y que tuvieron como expresiones
más características el paso de la mayoría de parlamentarios
del MAC al movimiento pro candidatura presidencial de Carlos Lleras Restrepo,
y la ruptura de relaciones entre dicho partido y el MOIR. Nuestra dirección
envió al Comité Ejecutivo del Partido Comunista una carta
abierta en la cual precisaba los puntos materia de las discrepancias aparecidas
en el seno de la UNO y fijaba sus criterios con el llamamiento a que se
examinaran y controvirtieran seriamente, dentro del ánimo de buscar
acuerdos. Las consideraciones del MOIR al respecto estaban encaminadas a
que se adoptase una posición diáfana, sin trastiendas, contra
el "mandato claro", empezando por el papel político de
su principal animador, el presidente López Michelsen, y a que en
la UNO se respetasen las normas orgánicas de funcionamiento aprobadas
y basadas en una dirección compartida y democrática. Expusimos
nuestros planteamientos públicamente, porque públicamente
se venía achacando al MOIR la parálisis de la UNO. En esto
el Partido Comunista hace el matachín y después se asusta.
Luego de atacar de manera sistemática al MOIR y de acusarlo de los
contratiempos de la alianza, a través de "Voz Proletaria",
cada ocho días, durante cuatro o cinco meses, con entregas y suspensos
de "novelón", la dirección de aquel partido resuelve,
sobre la respuesta nuestra, decir: no más "discusión
estéril y bizantina". Llega incluso a prohibirle a sus militantes
la compra de "TRIBUNA ROJA", con el objeto de que no se enteren
de nuestros argumentos y sectariza la situación apelando a la desfiguración
de las desavenencias que a su turno se dieron en el desarrollo de la política
de unidad del movimiento sindical independiente y acusando al MOIR de querer
"despresar" a la CSTC. Todo se reduce a un sofisma de distracción.
Sobre la CSTC el MOIR en ningún momento se ha trazado el objetivo
de despedazarla, entre otras cosas porque las contradicciones con el Partido
Comunista no nos producen el efecto negativo de hacernos perder el sentido
de las proporciones ni la orientación de nuestras luchas. Sencillamente,
tras la violación de los acuerdos unitarios en el movimiento obrero,
nos propusimos la meta limitada de sacar de la CSTC las organizaciones sindicales
que afiliamos o contribuimos a afiliar, seguros de que éstas, rescatando
su independencia ante la situación creada, podrán luchar en
mejores condiciones por la política de unidad sindical, refrendada
en los encuentros de 1972 y 1973 y en el Encuentro Nacional Obrero del 12
de octubre de 1973. A fin de cuentas, lo que buscaba el Partido Comunista
era transformar a la UNO en un apéndice suyo. El MOIR ha sostenido
inequívocamente que la Unión Nacional de Oposición
como frente de fuerzas aliadas sólo tiene destino dentro de la revolución
en la medida que sus movimientos integrantes se guíen por la línea
unitaria del respeto y acatamiento consecuente a los compromisos revolucionarios
pactados antes y después del 21 de abril de 1974.
En tercer lugar, la Alianza Nacional Popular apura su proceso de desmoronamiento
iniciado el 20 de abril de 1970 y por ningún lado presenta indicios
de mejoría. Su dirección nacional persiste en su política
básica de conciliación con la explotación y opresión
del imperialismo norteamericano sobre Colombia y, por lo tanto, de rechazar
cualquier eventualidad de entendimiento con las fuerzas revolucionarias.
Las disensiones internas de la ANAPO son cada vez más hondas y más
frecuentes. Recientemente el sector de izquierda, en franca rebeldía
con su Comité Ejecutivo, produjo un documento en el que reconoce
la crisis del movimiento, enfatiza una "posición antimperialista,
antioligárquica y por la liberación nacional" y alrededor
de ella convida al resto de organizaciones partidistas y de masas a promover
la "unidad del pueblo". Tal pronunciamiento choca abiertamente
con las concepciones oficiales del rojismo. Sin embargo, la izquierda anapista
que se distingue antes que nada por la vacilación, oscila entre dos
grandes temores: o enterrarse con su general o quedarse sola fuera de su
tumba. Pero el campanazo instigando a la insubordinación sacó
del sopor a más de un dirigente medio de ANAPO a quien por nada en
el mundo lograrán ya persuadir de que la política correcta
sea la de la conciliación con las clases dominantes y la de la negativa
a la unidad de todas las fuerzas antimperialistas y antioligárquicas.
En cuarto lugar, una serie de agrupaciones políticas de izquierda
que venían practicando el culto al abstencionismo, decidió
apostrofarlo y someterse al bautizo de fuego de la prueba electoral. La
mayoría de estas organizaciones con uno u otro argumento ha expresado
la conveniencia de facilitar acuerdos para las elecciones que se aproximan.
El MOIR considera oportunas y positivas tales determinaciones, no obstante
comprender a cabalidad que las perspectivas de cualquier compromiso electoral
estarán supeditadas principalmente a la disponibilidad de un entendimiento
en cuestiones programáticas.
Concluida esta pequeña síntesis de la situación política
reinante, se colige que, a tiempo que ha ganado terreno la conciencia de
la necesidad de la construcción de un amplio frente antimperialista,
persisten aún factores adversos para su cristalización, preferencialmente
de correlación de fuerzas, los cuales en la actualidad escapan por
completo a nuestra voluntad. Por el contrario, los fenómenos de que
el Partido Comunista ya hizo sus apuestas a la carta de una UNO de bolsillo
y de que el ala de izquierda de ANAPO en su indecisión continúe
deshojando margaritas, así como las diferencias programáticas
de fondo con la mayoría de organizaciones que por primera vez concurren
a la brega electoral, nos están indicando cómo la tendencia
predominante parece ser la de que en estas elecciones todos "nos vamos
a contar", empezando por el presidente de la República, con
su fracción liberal de antiguos amigos del MRL.
PROPUESTA DEL MOIR A LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS Y AL PUEBLO
¿En esas condiciones el MOIR debe
propugnar o no la creación de un frente unido revolucionario? No
dudamos en responder que sí. La campaña electoral ha de servir
para agitar nuestra política unitaria por la alianza de todas las
clases y organizaciones antimperialistas, pero agitarla en concreto, con
unas propuestas definidas que correspondan al momento revolucionario que
vivimos y al margen de las cábalas que podamos hacernos sobre el
posible desenlace de la situación. De una parte, nuestro Partido
viene trabajando o intercambiando opiniones con organizaciones y dirigentes
políticos, con quienes tenemos afinidades de concepción y
de programa. Con estas fuerzas de todos modos concertaremos los acuerdos
pertinentes para la lucha electoral conjunta, tanto en municipios y departamentos,
como a nivel nacional si fuere necesario. Por otra parte, debemos atender
las invitaciones que nos formulen los demás movimientos a discutir
la posibilidad de las alianzas, hasta agotar pacientemente todos los medios
para propiciar el entendimiento. Y finalmente, el MOIR tiene la responsabilidad
de buscar la mejor salida para la revolución no sólo en la
campaña electoral de 1976, sino en preocuparse también por
presentar soluciones en relación a todo el período que se
abre y necesariamente se empatará con las virtuales elecciones de
1978.
Por todas estas razones sometemos a la consideración de las fuerzas
revolucionarias y del pueblo colombiano en general los siguientes puntos
unitarios, alrededor de los cuales adelantaremos nuestra campaña
electoral y seguiremos luchando después de las elecciones:
1. Constitución de un frente unido revolucionario, integrado por
todas las fuerzas políticas, gremiales y religiosas que se comprometan
a respaldar y luchar por un programa nacional y democrático y a someterse
a unas normas mínimas democráticas de organización
y funcionamiento.
2. El programa nacional y democrático debe responder e interpretar
las inquietudes y reivindicaciones fundamentales del pueblo y la nación
colombiana en la presente etapa de la revolución. Por lo tanto dicho
programa ha de contemplar:
a) La conquista de la liberación nacional del yugo del imperialismo
norteamericano y la construcción de una república independiente
y libre de toda presión y sojuzgación externa, autónoma,
soberana, popular, democrática y en marcha al socialismo.
b) La instauración como triunfo de la revolución colombiana
de un Estado de unidad nacional conformado por las clases, capas, sectores,
personalidades y demás fuerzas revolucionarias, democráticas
y patrióticas, basado en la alianza obrero-campesina y bajo la dirección
de la clase obrera.
e) La confiscación y nacionalización de los monopolios extranjeros
y colombianos que en el territorio patrio explotan económicamente
y oprimen la vida de las masas populares.
d) La confiscación de la tierra de los grandes terratenientes y su
reparto entre los campesinos que la trabajan.
e) El logro y garantía de los derechos democráticos esenciales
para el pueblo colombiano, verbigracia: de organización, expresión
y movilización de las clases revolucionarias; de huelga para la clase
obrera; de libertad de cultos; de igualdad de sexos, y razas; de protección
de la niñez y de la vejez.
f) El apoyo a las luchas del pueblo colombiano por sus reivindicaciones
económicas y políticas y de las minorías indígenas
nacionales por sus tierras, costumbres y creencias.
g) El respaldo y protección a los pequeños y medianos industriales
y comerciantes y demás sectores que contribuyen al desarrollo de
la producción nacional.
h) La estrecha colaboración con los educadores, estudiantes, intelectuales,
escritores y artistas que combaten por la creación y consolidación
de una cultura nacional y científica al servicio de las grandes masas.
i) El apoyo a los movimientos de liberación nacional de Asia, Africa
y América Latina, a los países socialistas, al movimiento
obrero internacional y a los movimientos revolucionarios de todos los países.
3. El programa nacional y democrático estará basado en el
principio supremo de propiciar la alianza de todas las clases, capas y fuerzas
revolucionarias colombianas en el más amplio frente de lucha antimperialista.
4. Las fuerzas integrantes del frente unido revolucionario aplicarán
y defenderán el programa nacional y democrático en una lucha
consecuente contra el régimen oligárquico liberal-conservador,
cuya cabeza visible es ahora el presidente Alfonso López Michelsen.
5. La acción parlamentaria en las corporaciones públicas por
parte de las fuerzas integrantes del frente unido revolucionario se guiará
por el programa nacional y democrático y promoverá la lucha
consecuente contra el régimen oligárquico.
6. Las normas mínimas de organización y funcionamiento del
frente unido revolucionario estarán basadas en los siguientes principios
democráticos:
a) La dirección del frente a distinto nivel se estructurará
con representación de todos los partidos y organizaciones integrantes
en pie de igualdad.
b) Las decisiones se tomarán por unanimidad, previa consulta y discusión
democrática.
e) Se auspiciará constantemente la coordinación y cooperación
de todas las fuerzas integrantes en las luchas que se libren en pro de la
causa revolucionaria.
d) Se respetará la independencia ideológica y organizativa
de las fuerzas integrantes del frente, entendiendo por tal que ningún
partido se inmiscuirá en los asuntos internos de otro, ni lo infiltrará
con cuadros de doble militancia, ni le sustraerá sus efectivos.
e) Las contradicciones internas del frente se resolverán mediante
el método de unidad-crítica-unidad.
f) Se permitirá la participación dentro del frente de todas
las fuerzas políticas, sin excepción alguna, siempre y cuando
estén dispuestas a respaldar el programa y a someterse disciplinadamente
a las normas mínimas de organización y funcionamiento.
7. La lucha electoral habrá de ser adelantada conjunta y coordinadamente
a través del frente unido revolucionario, para lo cual se agitará
el programa nacional y democrático acordado. Las listas a las corporaciones
públicas serán únicas al nivel respectivo, y para su
elaboración se tendrá en cuenta el criterio de garantizar
al máximo la preservación de las posiciones que en las mencionadas
corporaciones mantengan los diversos partidos integrantes.
8. En las elecciones previstas para 1978 se designará un candidato
presidencial del frente unido revolucionario, mediante el procedimiento
democrático de que las distintas fuerzas integrantes presentarán
precandidatos a su asamblea nacional, para que ésta ratifique el
nombre que haya logrado el respaldo unánime.
9. El frente unido revolucionario impartirá durante la campaña
electoral, y con su acción en las corporaciones públicas,
una especial educación a las masas sobre el verdadero papel reaccionario
y antipopular de las instituciones parlamentarias del régimen neocolonial
y semifeudal de Colombia. Igualmente combatirá la ilusión
de que los grandes problemas de la revolución colombiana, y entre
ellos la cuestión de la toma del Poder por el pueblo, puedan encontrar
una salida adecuada con el hipotético triunfo de un candidato presidencial
de izquierda. Si participamos en la lucha electoral y parlamentaria es para
avanzar en la preparación de las condiciones subjetivas de organización
y conciencia de las masas populares para destruir el Estado opresor de las
oligarquías vendepatrias y en su lugar erigir un Estado democrático-popular,
con sus propias instituciones representativas y auténticamente democráticas,
que desbroce el camino hacia el socialismo.
10. El acuerdo alrededor de estos puntos se deberá conseguir con
el intercambio multilateral de opiniones entre las fuerzas políticas
interesadas. Cumplido este paso se procederá de común acuerdo
a convocar una reunión nacional de todos los partidos y organizaciones
comprometidos en la alianza, la cual refrendará públicamente
los postulados unitarios y dará fundación al frente unido
revolucionario.
Camaradas:
La situación es excelente para conquistar nuevas y más significativas
victorias. Acojamos el trabajo político con entusiasmo, ahínco
y espíritu de sacrificio. Vinculémonos estrechamente a las
masas y pongámonos al frente de sus luchas. Concentremos el ataque
en la coalición liberal-conservadora gobernante y combatamos con
energía el sectarismo en las relaciones con las fuerzas aliadas y
en la controversia con las corrientes políticas intermedias. Todos
los recursos del Partido a la batalla electoral y que retumbe por los ámbitos
de Colombia el grito de pelea de Jorge Eliécer Gaitán: ¡A
la carga!, ¡A la carga contra el "mandato de hambre"!
Bogotá, diciembre de 1975
NOTAS
1 Alfonso López Michelsen. "Radiografía de una situación
y plan de estabilización". Discurso ante la "comisión
tripartita", 14 de septiembre de 1974. Ediciones del Banco de la República,
1974, pág. 33.
2 Idem, pág. 9.
3 Alfonso López Michelsen. Discurso ante Diriventas, Barranquilla, enero de 1973. "Un mandato claro". Canal Ramírez - Antares, Bogotá, enero de 1974, págs. 132 y 133.
4 Del discurso citado de López en la "comisión tripartita” pág. 29.
5 Idem, pág. 27.
6 Idem, pág. 30.
7 "Para cerrar la brecha. Plan de desarrollo social, económico y regional 1975-1978". Departamento Nacional de Planeación. Ediciones del Banco de la República, 1975, pág. 70.
8"El Siglo", febrero 21 de 1975.
9 Idem.
10 Carta de Alfonso López Michelsen al concejal de Bogotá, César Castro Perdomo. "El Tiempo", diciembre 2 de 1975.
11 "El Espectador” enero 23 de 1975.
12 "El Tiempo", enero 29 de 1975.
13 "El Tiempo", septiembre 26 de 1975.
14 "Secuestros", Alberto Lleras. Tomado de "Visión". "El Tiempo", septiembre 21 de 1975.
15 "Voz Proletaria”. Septiembre 18 de 1975, pág. 5.
16 "Mensaje al pueblo anapista".
Documento firmado por los parlamentarios Jaime Piedrahita Cardona, Orlando
Durango Hernández, José Roberto Vélez Arroyave, Jaime
Jaramillo Panesso, Rafael Giraldo Monsalve, Julio César Pernía,
Humberto Ramírez Gutiérrez, Carlos Toledo Plata y José
Cortés. "El Espectador” noviembre 29 de 1975.