Vigencia y necesidad del marxismo y del pensamiento Francisco Mosquera
Parte II *

Karl Marx

Francisco Mosquera

A los colombianos sólo nos faltaba presenciar el incalificable espectáculo montado por el gobierno y el Congreso alrededor de la llamada reforma a la justicia, tramoya que desplazó a lugares secundarios la interminable sarta de escándalos que atiborran las páginas de los periódicos y los espacios noticiosos de la radio y la televisión y que tiene que ver con denuncias penales a políticos, militares y altos funcionarios vinculados al régimen anterior. El llamado a rendir cuentas en una corte de Estados Unidos a un general de la República y la condena a otro general a 25 años de prisión; los absurdos acontecimientos ocurridos en el departamento de Cauca; el lanzamiento del movimiento político de Uribe para “reconquistar” el poder, y el nuevo intento de conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, completan el quinario que ilustra elocuentemente la tragicomedia que vive Colombia.

El reino de la impunidad

El caos jurídico e institucional en el que se ve envuelta Colombia, evidenciado por la aprobación y aborto de la llamada reforma a la justicia, no es más que el reflejo de adónde ha llegado el país impulsado por el poder que ejerce el narco-parapolítico-militarismo que sentara sus reales en estos últimos dos decenios. No conformes con la impunidad legal que prima actualmente, y los ejemplos los tenemos a porrillo, desde el ejecutivo y en complicidad con una amplia mayoría de congresistas (precisamente quienes se encuentran investigados por la Corte Suprema), quisieron elevarla de rango y empotrarla al orden constitucional. Luego, ante la reacción masiva en su contra, con un absurdo dictamen el Presidente, pasando por encima de normas legales y constitucionales, devuelve el acto legislativo al Congreso con la orden de ser “enterrado”, decisión que se apresuran a avalar el Fiscal General y el Procurador.
Delincuencia e impunidad legales no son solamente un decir**. El Fiscal General, artífice principal en la configuración de los fenomenales “micos” y “orangutanes” que poblaban la tal reforma, en rueda de prensa afirmó categóricamente que “no se pueden emprender acciones penales ni disciplinarias contra los 173 congresistas que participaron en la votación del proyecto”. Y va más allá al afirmar: “Considero que cualquier exceso, cualquier hecho en el cual la comisión se hubiera apartado de la jurisprudencia constitucional no los hace responsables (a los congresistas) desde el punto de vista penal por el principio de inviolabilidad parlamentaria”, (El Espectador, junio 26 de 2012). Luego, cuando el Presidente llama al Congreso a sesiones extras para hundir el acto legislativo, Montealegre acuciosamente acude a la reunión de la bancada del conservatismo a fin de convencerlos de que nada tenían que temer si asistían a las espurias reuniones extraordinarias. Días después, en entrevista concedida a María JimenaDusán (Semana, Julio 7 de 2012), el Fiscal afirma que el hundimiento de la reforma “Fue una herejía constitucional”, pero le da su bendición con el siguiente exabrupto antiinstitucional: “las grandes transformaciones en Colombia se han hecho a través de herejías”.
Por su parte, la Procuraduría General la rige un personaje preocupado más por condenar el aborto y la dosis personal, por prohibir los matrimonios gay y por salir reelegido, que por cualquiera otra cosa. El mismo que con gran desparpajo, después de ser uno de los tres miembros del Consejo de Estado que declararon el vencimiento de términos en el asunto del general Santoyo, ante la contundencia de la acusación de la Corte de Virginia (EE. UU.) contra el militar, sale a decir que a éste no lo absolvieron y que continúa la investigación (¿?) en la Procuraduría. Asimismo, luego de afirmar que a los parlamentarios no se les puede imputar ningún delito por la aprobación y el “entierro” del fenómeno que horas antes habían creado, al presentarse el aluvión de demandas contra ambos actos ante las Cortes, decide iniciar “las investigaciones correspondientes”, no sólo a los doce autores de los “micos” u “orangutanes”, sino a todos los 363 congresistas, a los secretarios del Senado y de la Cámara y a los ministros y exministros que participaron en el desatinado engendro. No debe olvidarse, empero, que Ordóñez anhela su reelección como Procurador General, que ya ha sido ternado por la Corte Suprema de Justicia, organismo ahora sin antiuribistas en su seno, y que el nombramiento lo determina el Senado.Pero saldrá adelante como buen experto en malabares jurídicos y en interpretaciones sibilinas de las leyes, ya demostrados en el caso del general Santoyo o cuando se pronunció sobre el referendo reeleccionista, donde pese a reconocer todas las irregularidades, vicios y delitos que lo acompañaban, terminó aprobándolo, a la vez que se convertía en el promotor dela segunda reelección de Uribe, o como ocurrió al principio de su período, que utilizando todo el texto del exprocurador Maya, con sólo cambiar unas pocas palabras modificó por completo el sentido de la sentencia y exculpó a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios (los acusados de sobornar) y no tuvo reparos en condenar a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, los sobornados. Extraña, sí, que un hombre que exhibe una religiosidad tan exagerada pase por alto la máxima de Sor Juana Inés de la Cruz de “cuál es más de culpar”. De todas maneras le queda debiendo a la nación entera la explicación de por qué, si admite que hay cohecho, después de tres años se empeñe en ignorar la existencia de quienes pagaron por pecar.
Con la aseveración: “Yo respondo. Como presidente de la República asumo la responsabilidad jurídica y política de las objeciones que he presentado (al acto legislativo)”, Santos sólo está siguiendo el derrotero que instaurara Uribe sobre qué es constitucional, qué es legal, quién puede ser judicializado y quién no. Ya Uribe había manoseado a los congresistas en más de una ocasión obligándolos a violar las reglas que rigen los debates del Congreso, y especialmente cuando sus ministros dieron dádivas a parlamentarios para reformar la Carta con la intención de poder reelegirse en dos oportunidades.
Pero la osadía de elevar a norma constitucional la impunidad de los llamados “aforados” (políticos y altos funcionarios públicos) rebasó cualquier capacidad de permisión, más cuando para hacerlo los doce comisionados de la conciliación debieron cometer una cadena de delitos, desde prevaricato, pasando por legislar en provecho propio, hasta falsedad en documentos públicos, crímenes que nada tienen que ver con la “inviolabilidad parlamentaria”.
Para los fiscales, para los delegados de la procuraduría y para los jueces, el enjuiciamiento de los aforados y de los vinculados con el narco-parapolítico-militarismo, conlleva un enorme riesgo. Algunos actúan bajo amenazas de muerte a ellos y a sus familiares o son constreñidos ya por afinidades políticas ya por sentimientos de gratitud. Otros sólo se pronuncian bajo el temor a enfrentar a la Corte Internacional o bien porque ya se pronunciaron las autoridades del Norte o porque las evidencias rebasan las dimensiones de una catedral. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se encarga de convertir la reclusión en un simple descanso vacacional con parrandas y francachelas incluidas, en cárceles con puertas abiertas y con escandalosas rebajas “por estudio” o por realizar “trabajos agrícolas urbanos como sembrar lechugas”.

Los generales del expresidente

El caso Santoyo entró a competirle a la fallida reforma de la justicia las primeras planas de los medios de comunicación e inclusive opacó la condena al general Rito Alejo del Río a 25 años de prisión, acusado de apoyar a los paramilitares en sus correrías criminales. Pero ambos casos revisten una gran importancia dado el alto rango de los implicados y porque ponen en entredicho la política de la “seguridad democrática” y la confiabilidad en la justicia militar, así como las actuaciones de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Consejo de Estado, del Congreso, de la Policía, de las Fuerzas Militares y del Gobierno mismo. El prontuario judicial de ambos presenta coincidencias muy dicientes, siendo las más relevantes el haber realizado sus actividades contra la subversión en Antioquia en tiempos del exgobernador Álvaro Uribe Vélez; por estar acusados de asesinato y colaborar estrechamente con los paramilitares; por la intervención del aparato judicial norteamericano; por las absoluciones que obtuvieron de la Fiscalía General en tiempos de Luis Camilo Osorio, pese a las fuertes evidencias en su contra, y por el irrestricto respaldo, las defensas, condecoraciones y homenajes que Uribe les brindó. Pero ahí no termina la cadena de altos oficiales que están en la mira de la justicia norteamericana, entre ellos, el general Mario Montoya, también “investigado” por la Fiscalía colombiana, y quien fuera comandante de la IV Brigada en Antioquia hasta 2003, comandante general del Ejército durante el gobierno de Uribe hasta 2009, año en que es nombrado embajador (¡otro más!) en República Dominicana. En fin, demasiadas coincidencias para que sea sólo eso, una pura coincidencia.

Un presidente en apuros

La demagogia, el cinismo y la mentira se convirtieron en los puntales del mandato de Santos. Amañando cifras sobre desempleo, pobreza, monto de inversión extranjera, comercio exterior, cobertura de salud, disminución de cultivos de coca, etc. pretende mostrar una situación edénica que no corresponde en nada a la realidad que padece la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Hábilmente el presidente logró reunir a su alrededor una aplastante mayoría en el Congreso, no sólo de los partidos que integraron el equipo de Uribe (La U, Conservador, PIN, Mira y Cambio Radical) sino también a las huestes del menesteroso Partido Liberal y a las del desdibujado Partido Verde. Con ello, además de asegurar la aprobación de una serie de reformas que poco a poco consolidan las tesis uribistas sobre el Estado (privatización, ventajas sin límites al capital monopolista especialmente al extranjero y entronización de la impunidad), capoteó exitosamente el primer año y medio de su mandato. El contubernio que se da en la Unidad Nacional terminó por crear una situación sui generis donde la corriente del exmandatario se da el lujo de ostentar el poder a la vez que se constituye en la principal fuerza opositora del gobierno. Y a todas estas, la “izquierda” colombiana, renegando por completo del marxismo y ajena de las necesidades y de los anhelos del pueblo, se debate entre la extrema terrorista y la corrupción y babosidad del Polo Democrático.
Los problemas fundamentales del país quedaron relegados. La producción nacional languidece en beneficio de las empresas de las potencias capitalistas; las compañías colombianas y los recursos naturales pasan a engrosar los activos de los monopolios extranjeros; la tierra terminó en manos de narcos, paras, ganaderos, guerrilleros, políticos y uno que otro militar, y, en el entretanto, colapsó el sistema de la salud, el mismo que se implantara bajo el marco de la “apertura” de César Gaviria por medio de las leyes 100 de 1990 y 100 y 63 de 1993 y que tuviera como principal abanderado al hoy expresidente Uribe Vélez. A lo anterior habría que añadir que, desde finales de 2008, la cacareada seguridad democrática comenzó a desmoronarse, recrudeciéndose los actos terroristas ejecutados por paramilitares y guerrilleros. Secuestros y desapariciones forzadas; masacres y tomas de caseríos; asesinato de trabajadores, sindicalistas, maestros, líderes indígenas y de quienes reclaman las propiedades de que fueran despojados; boleteo, desplazamientos y extorsión; atentados contra personajes de derecha y de izquierda; retenes y quemas de medios de transporte, y voladura de oleoductos y torres de energía vuelven a ser noticias cotidianas.
Al mediar su período, al presidente comienza a volvérsele el santo de espaldas. La famosa ley de tierras se enreda en su propia maraña legal, al tiempo que los paramilitares, así los disfracen de “bacrim”, con amenazas y asesinatos ahuyentan a los reclamantes de las parcelas que les arrebataron.“Las locomotoras del progreso”, las reconstrucciones por los daños ocasionados por el invierno, los programas de vivienda de interés social y demás promesas fantásticas terminan siendo eso, quimeras de un populismo trasnochado. Por contera, ni a Uribe ni a su círculo más cercano, caracterizado por sus posiciones recalcitrantes de extrema derecha les satisface el manejo del gobierno, así Santos se esmere sobremanera cuidando los “tres huevitos” del hombre que lo colocó en la silla de Bolívar, o que la tripleta formada por el Presidente, el Fiscal y el Procurador hayan “desuribizado” la corrupción que imperó en los dos cuatrienios anteriores. En lo que respecta a la seguridad democrática, suponiendo que ésta signifique la lucha contra la guerrilla, deben reconocerle al mandato santista los inocultables logros al dar de baja al Mono Jojoy y a Alfonso Cano, los dos máximos líderes de las FARC.
En cuanto a la confianza inversionista, entendiendo por ello la llegada al país de grandes capitales para explotar nuestros recursos naturales y apoderarse de las empresas del país, Santos puede mostrar cifras que superan con creces las del mandato anterior. Asimismo, firmó el Tratado de Libre Comercio con el presidente de Estados Unidos, tarea que desveló durante ocho años a Uribe. Y en lo referente a la política social, Santos “disminuyó” el desempleo a un dígito y “rebajó” el número de pobres, así tuviera que echar mano de unas cuantas triquiñuelas. En el primer caso el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) maquilla las cifras para que todo aquél que se rebusque el sustento diario, ya vendiendo chucherías o minutos de telefonía celular en las aceras o bien haciendo cabriolas al pie de los semáforos, o los que laboran sin sueldo o crean sus “propias empresas”, desaparezcan de las cifras de los ciudadanos en paro. En el segundo caso el ardid es más ingenioso. La rebaja del número de los pobres en Colombia a sólo quince millones doscientas mil personas (el 34.1 por ciento de la población) se obtiene aumentando los ricos, milagro que realiza el DANE sencillamente modificando los parámetros para medir la riqueza. Ahora, según el gobierno, es rico cualquier individuo con entradas de 212.000 pesos mensuales. Además, por el otro extremo, Santos puede darse el lujo de mostrar que en Colombia existen 900 personas con una fortuna superior a los cincuenta y cinco mil ochocientos millones de pesos cada uno, gracias a la “confiabilidad inversionista”.
¡Pero no! Al círculo de uribistas furibundos (exvicepresidente y vicepresidente incluidos) nada los satisface. Los otrora imitadores de Goebbels se transformaron en aprendices de subversivos y maestros en la combinación de todas las formas de lucha. Prófugos de la justicia escriben proclamas desde la clandestinidad llamando a desconocer las instituciones y a sacar al presidente de la Casa de Nariño; organizaciones de ex militares reparten textos por las redes de internet llamando a dar un golpe de Estado, y por fin, en el mes de julio, pretextando un homenaje a Fernando Londoño después del atentado que sufriera el exministro, hicieron púbica sus intenciones de crear un nuevo movimiento político para ir contra Santos en las próximas elecciones presidenciales.
Se cuidaron, sí, de no cuestionar la presencia de acérrimos partidarios del expresidente en la estructura burocrática estatal, donde todavía juegan sus papeles claves personajes como Felipe Muñoz, designado por Uribe para “limpiar” al podrido DAS; que para dirigir el SENA, Santos nombrara al archiuribista Luis Alfonso Hoyos, personaje que fuera despojado de su investidura como congresista en 2001 e involucrado en la denominada “Yidispolítica”, y a Miguel Peñalosa como ministro de Transporte, exconsejero del gobierno de Uribe y señalado de realizar obscuras negociaciones a través de su empresa familiar con el Estado.
Pero a Santos le estalló otro problema, mucho antes de poder asimilar el golpe de Uribe. Las absurdas pretensiones de los indígenas caucanos que atentan contra la unidad del país y el sometimiento de todos a la ley y a la Constitución, lo obligan a actuar entre las exigencias de la extrema derecha que todo lo resuelve endilgándole a sus contrarios el mote de criminales o de guerrilleros y por lo tanto que deben ser arrasados sin contemplaciones, y entre las populistas de conciliar y tratar de quedar bien con todo el mundo. Sin embargo, tampoco aquí encontrará el camino adecuado, pues el problema de las comunidades indígenas hunde sus raíces en causas ancestrales, en el atraso del país e inclusive en las deficiencias legales y constitucionales que originó la Carta Magna de 1991. El conflicto está, además, estrechamente ligado con el de la tenencia de la tierra, y empeorado por el narcotráfico, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, grupos que llevan varias décadas imponiendo su ley en la región y con los que han tenido que convivir los indígenas, ya por la fuerza o ya por conveniencia o gusto.
Capoteando a medias sus problemas, Santos reorganiza su equipo ministerial, fortaleciendo a los liberales al mismo tiempo que lanza un aviso a los indecisos miembros del Partido de la U, y decide internarse en el berenjenal de un proceso de conversaciones de paz con las guerrillas de las FARC. Dadas las amargas experiencias que han dejado estos acercamientos, ya con Belisario Betancur ya con Misael Pastrana e inclusive las realizadas en Ralito con los paramilitares por parte de Álvaro Uribe, el camino por recorrer será arduo y poco prometedor. No deja de ser, sin embargo, una iniciativa para observar atentamente, más cuando la propuesta ha recibido importantes respaldos a nivel nacional e internacional. Por ahora, estudiemos los materiales de Mosquera que nos pueden dar luces al respecto: “Las caóticas implicaciones del sí se puede” y los artículos de la sección II, “Guerra y paz”, del libro Resistencia civil.

El único camino para alcanzar una patria justa

Todas esas circunstancias descritas arriba nos llevan a insistir en la necesidad de tomar el legado de Mosquera y las enseñanzas de Marx, Lenin y Mao como guía tanto para el análisis de la realidad concreta que vive nuestra patria como para la acción que han de desarrollar el proletariado y las masas populares para alcanzar la liberación de Colombia de sus depredadores y construir una nación libre, justa y próspera.
Mosquera al escribir “La vigencia histórica del marxismo” (Resistencia civil pág. 91), decía que “la revolución colombiana tiene indudablemente harto que aprender del marxismo, siendo el craso desconocimiento de éste su mayor deficiencia y su peor infortunio”.
Después del derrumbe de la URSS y del abandono de los dirigentes chinos de la orientación maoísta, Mosquera escribió:
“El clima de cierta estabilidad que antes prevalecía a causa del equilibrio entre los dos colosos (Estados Unidos y URSS), empezó a enrarecerse por los avatares de la multipolaridad. Las pugnas comerciales que han mantenido los monopolios de América, Europa y Japón, e incluidos los de la misma Rusia, salieron a flote con todas las repercusiones de una competencia cada día más aguda. El globo en vez de enfriarse se calienta. Washington no ha dudado en recurrir a la fuerza en busca de consolidar la reconquista. En 1983 se atrevió a desalojar de la diminuta isla de Granada, en el Caribe, a las escuadras cubanas, un ensayo remoto. Le seguiría Panamá, en el 89, desde donde atalaya e infiltra a Latinoamérica. Posteriormente Irak y Somalia. Conminó a la disuelta Yugoslavia, a Corea del Norte y a los vecinos de Haití. En consecuencia, las guerras no amainan, se diseminan.De cualquier modo el fenómeno se traducirá en una extensión sin fronteras del capitalismo”.
Habría que añadir, 18 años después, que aprovechando la excusa que le dieran los execrables como también ominosos atentados contra las torres gemelas de Nueva York, por parte de Al Qaeda, Estados Unidos invadió a Afganistán y a Irak. Después de una década de ocupación, las bombas y los atentados continúan sembrando la muerte y el terror entre la población civil y los militares de Estados Unidos y de la OTAN. En Afganistán se han fortalecido los talibanes y en Irak la guerra por el poder entre suníes y chiíes cobra millares de víctimas. Lo único que quedó claro fue el gran negocio que hicieron los norteamericanos con la llamada “reconstrucción”, con el que salieron ampliamente beneficiados los monopolios gringos, el presidente y algunos de sus altos funcionarios, a la vez que la economía norteamericana paliara temporalmente la gran crisis en que se encontraba a principios del milenio. Las mentiras con las que edificó la trama para justificar la invasión a Irak y las torturas que el mismo Bush, con gran desfachatez, reconoce en sus memorias que autorizó, así como las masacres realizadas por las fuerzas de ocupación, han quedado en el aire. Sin embargo, la crisis capitalista que sacude a la Comunidad Europea tanto como a Estados Unidos, los conduce de nuevo no solo a conminar a Corea del Norte, a Irán y a Siria, sino también a desempolvar sus políticas belicistas.
Volviendo al artículo de Mosquera, termina el párrafo así:
“Las verdades de Marx y Lenin, lejos de marchitarse, cual lo pregona la burguesía que carece de respuesta para los interrogantes de la actualidad, volverán a ponerse de moda. Parece que el socialismo, al igual que lo acontecido al sistema capitalista, adolecerá de tropiezos y altibajos durante un interregno prolongado, antes del triunfo definitivo. Y los obreros, con sus batallas revolucionarias, proseguirán tejiendo el hilo ininterrumpido de la revolución histórica”. (“Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas”. Resistencia civil, pág. 485).
A Marx, a Lenin, a Stalin y a Mao, estigmatizados sin descanso por las huestes uribistas, les debe la humanidad ingentes favores, fuera de constituir sus enseñanzas la única guía valedera de la sociedad para alcanzar su pleno desarrollo. Lenin, con el triunfo de los bolcheviques en noviembre de 1917 libera a Rusia del despotismo de los zares e inicia la completa transformación de un país cuya economía se encontraba bastante atrasada con respecto a las demás potencias europeas y donde no sólo la tierra sino también los campesinos que la trabajaban pertenecían a una minoría compuesta por príncipes, condes, nobles y terratenientes. Bajo la conducción de Stalin, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) derrotó en la Segunda Guerra Mundial las pretensiones de Alemania de formar su gran imperio fascista con Europa y parte de África.
Hoy la República Popular de China concentra las miradas de las demás naciones gracias al alto incremento del producto interno bruto, desarrollo que ha sido fundamental para que la economía del globo no se derrumbe por completo. Las multimillonarias compras de materias primas, petróleo, hierro, cobre, níquel, aluminio, etc. que hace el coloso oriental, han servido para que las naciones del Tercer Mundo, especialmente las de Latinoamérica, logren a su vez altas tasas de crecimiento en medio de la crisis de los países desarrollados. Sin embargo, todos guardan silencio sobre el fundador de la república y artífice de ese enorme logro, el camarada Mao Tsetung.
La juventud de Mao trascurrió durante el primer cuarto del siglo XX en un país conformado por provincias autónomas, gobernadas por militares que terminaron convertidos en señores de la guerra; con permanentes conflictos bélicos internos en la lucha por el poder entre las coaliciones del Norte y la del Sur, y sufriendo invasiones o la presencia decisoria de las diversas potencias mundiales, especialmente de Inglaterra, Japón y Estados Unidos. Su economía era supremamente atrasada y en manos de capitalistas extranjeros y de una clase intermediaria, y las hambrunas recurrentes exterminaban por millones a la población. Aunque la literatura marxista solamente aparece en China al inicio de los años veintes (por esa época se publican las primeras traducciones del Manifiesto comunista y de algunos escritos de Lenin), son estas obras las que influyen profundamente en Mao. En 1926 escribe el Análisis de las clases de la sociedad china, documento que le permite al Partido Comunista desligarse de las tendencias oportunistas de derecha e izquierda al determinar quiénes son los amigos y quiénes los enemigos de la revolución, y despeja el camino para iniciar la gran lucha por la liberación del país.
En 1949 entra triunfante a Pekín al frente del ejército rojo después de 25 años de guerra revolucionaria, funda la República Popular China y durante otros 27 años construye una nación independiente, unificada, próspera y grande. Nación que gracias a la disciplina y esfuerzo del pueblo, bajo la orientación de su líder, desarrolló su mercado interior y acumuló un inmenso capital, base económica que le sirve a la actual dirigencia para ostentar su grandeza. Todo lo contrario sucede aquí, donde nuestros recursos naturales, los bienes productivos y el trabajo de nuestros obreros benefician primordialmente a los monopolios foráneos. Sírvanos de ejemplo la expoliación que hacen unas cuantas empresas trasnacionales de nuestro petróleo, del carbón, del oro y del níquel, en un momento en que esos bienes han alcanzado precios exorbitantes. Como afirmaba Mosquera:

“Los bienes y la mano de obra de los colombianos no coadyuvan a la prosperidad y al progreso de la nación sino que se encuentran al servicio exclusivo del enriquecimiento de los monopolios extranjeros. He ahí la causa principal y decisiva de la crisis de Colombia: la explotación y opresión del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, su única salida real será la revolución de liberación nacional”. (“Contra el ´mandato de hambre´ a la carga”, Tribuna Roja Nº 18, feb de 1976). ***
Las condiciones de Colombia, por muy malas que parezcan, no son tan adversas como las que padecían Rusia y China prerrevolucionarias. Tal vez el mayor inconveniente radique en que Colombia representa para Estados Unidos uno de los mayores baluartes en su patio trasero, aunque también debe tenerse en cuenta que el imperio del Norte poco a poco comienza a resquebrajarse. El principal problema de la revolución colombiana en el momento actual radica en la falta del partido del proletariado. Un partido que guíe a las amplias mayorías en la lucha para expulsar al imperialismo y sus lacayos y conquiste el poder. Logrado lo cual cree las condiciones propicias para el desarrollo del mercado interior, nacionalizando los recursos naturales, entregándole la tierra a los campesinos e impulsando la producción nacional. En fin, que edifique una patria tal como lo hicieran Lenin y Mao aplicando el marxismo a las realidades concretas de Rusia y China respectivamente, y tal como lo buscó con ahínco Francisco Mosquera para Colombia.
Parafraseando a Mosquera, diez y ocho años después de su muerte, podemos decir que en nuestra patria la construcción del partido del proletariado adolecerá de tropiezos y altibajos durante un interregno prolongado, pero que de todas maneras los obreros, los campesinos, los intelectuales, los estudiantes y las amplias masas, con su batallar cotidiano proseguirán en esa ardua labor hasta alcanzar tan anhelado objetivo.

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Notas:

* Continuación del artículo publicado en El Fogonero Nº 8.

** El 24 de mayo de 2012 El Tiempo publicó la evaluación que hizo Estados unidos sobre los derechos humanos en Colombia, donde se afirma que "el mayor problema de Colombia (...) es la impunidad y la corrupción". Entre otros asuntos se dice que en el período enero - septiembre de 2011 se registraron 2.479 desapariciones forzosas, y que en los primeros 6 meses del año se identificaron 12 incidentes de tortura perpetrados por la fuerza pública.

Veamos además algunos titulares recientes de los periódicos:

- Decretan nulo proceso contra 7 implicados en referendo reeleccionista (El Espectador 21 Mar 2012)

- Alex Char el intocable socio de los Nule, acaba de ser nombrado como nuevo consejero presidencial para las regiones. Y, por lo visto, poco le importó al gobierno de Santos que Char tuviera una serie de cuentas pendientes derivadas de su relación contractual con los Nule. (Semana Sábado 2 Junio 2012)

- Procuraduría abrió indagación contra Alejandro Char por mal uso de regalías. (El Espectador 7 Jun 2012)

Pero tal vez el más diciente es el correspondiente a la Dirección Nacional de Estupefacientes:
- No avanzan procesos contra congresistas por irregularidades en DNE
Por: REDACCIÓN JUSTICIA (29 de Junio del 2012)
Investigaciones por 'feria' con bienes de narcos están frenadas en la Corte y en la Procuraduría.
Mientras las investigaciones de la Fiscalía por el escándalo de los malos manejos en los narcobienes administrados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) está a punto de producir las primeras dos condenas contra los eslabones más débiles en esa cadena de corrupción, los casos de los congresistas salpicados no avanzan e, incluso, varios están a punto de ser cerrados.

En la Procuraduría tampoco hay avances.
Uno de los depositarios de bienes, Óscar Castilla Alarcón, aceptó cargos por prevaricato y falsedad, y el conductor Luis Fernando Rojas lo hizo por falsedad de documento. Rojas era el conductor de José Alfredo Abril, otro depositario que aseguró que le entregaron bienes por influencia de personas cercanas a las cabezas de la DNE. Castilla y Rojas serán condenados en los próximos días y recibirán una rebaja de hasta la mitad de la pena.

*** Lea aquí el artículo de Francisco Mosquera: CONTRA EL "MANDATO DE HAMBRE", ¡A LA CARGA! (Tribuna Roja No. 18. Feb de 1976)