El fogonero

 

 

 

FRANCISCO MOSQUERA OTROS ESCRITOS I

(1971-1976)

 

 

3. EL PUEBLO APLASTARÁ

LA VIOLENCIA OFICIAL

 

Tribuna roja, No. 3, nov de 1971


Cuando las clases explotadoras dominantes recurren a la violencia como único medio para controlar la situación, la revolución se pone al orden del día. Colombia he entrado en un período histórico en el que estallan por todas partes los conflictos de clase. Los campesinos invaden las fincas de los terratenientes en procura de un pedazo de tierra, los obreros se levantan y demandan mejores condiciones de vida y de trabajo, los estudiantes y maestros paralizan los planteles educativos reclamando una educación nacional, científica y de masas. El pueblo se rebela contra la explotación y la miseria. Para todas estas exigencias no hay más que un trato, una respuesta, una solución: la violencia oficial.

El estado colombiano a medida que se corrompe, se perfecciona a sí mismo como instrumento de dictadura sobre las masas populares. A cada escándalo en los organismos burocráticos por peculados, negociados o desfalcos, corresponde un decreto presidencial aumentando impuestos, autorizando alzas, recortando derechos democráticos, reglamentando la represión política. El Congreso Nacional, reducido en sus atribuciones y conformado abrumadoramente por los representantes más desvergonzados de las clases dominantes, es un organismo protocolario de fácil soborno y manejo para el Ejecutivo. Las disposiciones que puedan esperar se someten al “debate” parlamentario y las que precisen urgente aplicación son despachadas, según el caso, por la vía del “estado de sitio” o de la “emergencia económica”.

La base económica de todo este proceso de concentración de poder en manos de la burguesía burocrática y de agudización de la represión política es el desarrollo de un capitalismo monopolista de Estado que el imperialismo yanqui estimula y del cual se vale para llevar a cabo una más aguda explotación del pueblo colombiano. El Pacto Andino, por ejemplo, que implica un incremento de las inversiones norteamericanas en “empresas mixtas” con “capital nacional”, requiere de la participación del capital del Estado, único “socio” posible, seguro y ventajoso para los monopolios imperialistas. La Reforma Agraria, otro de los negocios del imperialismo requiere igualmente de la participación directa del Estado para garantizar el “buen uso” y el pago de los préstamos hechos por los organismos financieros yanquis, sin los cuales no hay reforma, y para garantizar el consumo de los productos de las grandes empresas monopolistas yanquis dentro de los programas de reforma agraria. De esta manera, la explotación del imperialismo sobre Colombia necesita del enorme crecimiento del capitalismo de Estado que ha acabado por controlar la vida económica de la sociedad colombiana.

Sólo eliminando todos los derechos democráticos y mediante la represión violenta se puede llevar a la práctica semejante política que conduzca a la ruina a más del 90 por ciento de la población. Se han establecido consejos verbales de guerra para castigar a quienes protesten por la situación. Centenares de personas han sido entregadas a la justicia militar. Cerca de 50 obreros petroleros de Barrancabermeja fueron condenados por este procedimiento sumarísimo a penas hasta de 15 años, sin habérseles permitido defenderse. El compañero Fermín Amaya fue asesinado durante la operación de desalojo de la refinería, hecha con la finalidad de impedir la huelga de los obreros petroleros. El consejo verbal de guerra que se convocó en Palmira y San Vicente, condenará a numerosas familias campesinas.

En Medellín se condenó en la misma forma a estudiantes que han participado en el movimiento por la transformación democrática de la universidad. En Bucaramanga más de veinte estudiantes fueron llamados a consejo de guerra por la misma causa. El país recuerda indignado el consejo de guerra montado arbitraria e inescrupulosamente contra Luz Elena Cárdenas de Cabrera y Álvaro Ramiro Medina. La lista es interminable.

El conflicto estudiantil no ha podido solucionarse porque el gobierno se empeña en desconocer el derecho que tienen los estudiantes y profesores a dirigir sus propias universidades. Por acción de la fuerza pública, muchos estudiantes han sido asesinados en este año. El 26 de febrero, en la masacre de Cali, murieron más de 20 personas, entre ellas el compañero Edgar Mejía Vargas de la Universidad del Valle. En Popayán fue asesinado de un tiro de fusil el compañero universitario Carlos Augusto González. Recientemente, en Barranquilla murió el estudiante de secundaria Julián A Restrepo con el cráneo despedazado por los golpes de bolillo recibidos durante la manifestación del Colegio Barranquilla. Y como remate a toda esta acción criminal contra el estudiantado, el gobierno presiona en el Congreso la aprobación de su proyecto de contrarreforma universitaria, en la que se establece una discriminación de clase más rigurosa para el ingreso a la universidad y se garantiza una influencia mayor del imperialismo y de las clases pro-imperialistas en la educación superior. Frente a semejantes atropellos, el estudiantado no capitulará jamás, así tenga que pasar años completos, como 1971, en una lucha aguda y tenaz para alcanzar sus justas aspiraciones.

Contra la clase obrera, el gobierno viene fraguando dos nuevos atentados. Son los proyectos de ley sobre el Tribunal Nacional de Arbitramento y la supresión de los días festivos. Con el primero, la contratación colectiva pasa a manos del Estado y el derecho de huelga queda, en el fondo, definitivamente suprimido, y con el segundo, los trabajadores de todo el país tienen que trabajar para los patronos, cada año, sin contraprestación alguna, 300 millones de horas más, según el cálculo hecho por el propio ministro del Trabajo. Estos atentados los está preparando el gobierno con la complicidad directa o indirecta de las camarillas dirigentes de la UTC y CTC, y configuran otro desafío del Estado contra el pueblo trabajador. La clase obrera, que no ha cedido por las buenas en una sola de sus conquistas, librará en el futuro las más hondas y aguerridas luchas por los derechos democráticos.

El 9 de octubre pasado, la Presidencia de la República promulgó dos nuevos decretos, el 1988 y el 1989, que dan carta franca a los altos mandos militares, colocando prácticamente en sus manos la administración de la justicia. Según esos decretos, por ejemplo, los “tira-piedras” se hacen merecedores a consejos verbales de guerra para ser condenados a 5 y más años de cárcel. Es el establecimiento del terror político. A todo esto se agrega la furibunda campaña anticomunista que adelantan las organizaciones financiadas por los grupos más reaccionarios de la burguesía, como la “mano negra”, “Tradición, Familia y Propiedad” y las camarillas patronales de la UTC y CTC. Al coro anticomunista y macartista de las clases dominantes se ha sumado la dirección revisionista del Partido Comunista de Colombia que impartió la orden de delatar con nombres propios a los compañeros de las distintas organizaciones de masas que pertenezcan al MOIR, con el objeto de que sean blanco fácil de la persecución policial en las fábricas, en las universidades, en el campo.

Los pueblos sometidos a la violencia reaccionaria de los explotadores han respondido siempre con la violencia revolucionaria, pasando a la ofensiva y terminando con el derrocamiento de las fuerzas opresoras. El pueblo colombiano no será una excepción en la historia. Las masas vejadas y oprimidas se levantarán por su propia cuenta y organizarán, con la clase obrera a la vanguardia, las legiones de combate, como lo están haciendo ya, bajo la consigna de liberar la patria del yugo del imperialismo yanqui y sus lacayos y hacer la revolución.

 

 
 
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